Anticorrupción pide el archivo de los donantes del PP por falta de indicios

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que se retire la imputación y se archive la causa de 'papeles de Bárcenas' respecto de los empresarios donantes del Partido Popular. Se les acusaba de haber pagado donaciones a la formación presidida por Mariano Rajoy a cambio de recibir adjudicaciones de administraciones lideradas por su formación.

Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial, el Ministerio Público ha apoyado la petición de sobreseimiento solicitada por los empresarios al entender que no hay pruebas que corroboren indiciariamente que las donaciones aportadas por éstos, y que constan en los 'papeles de Bárcenas', tuvieran como contraprestación la adjudicación de contratos públicos saltándose los concursos establecidos.

No hay ningún informe que apoye la tesis de las acusaciones y, por tanto, no hay base probatoria para sentarles en el banquillo de los acusados, según sostienen fuentes jurídicas. Ni la Intervención General del Estado (IGAE) ni la Agencia Tributaria han sido capaces de encontrar tal conexión y, por tanto, no se les puede llevar a juicio por un delito de cohecho.

Concretamente, Anticorrupción ha informado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a favor del sobreseimiento del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero; del presidente del grupo Villar Mir, Juan Manuel Villar Mir; del expresidente de FCC, José Mayor Oreja; del apoderado del grupo Rubau, Antonio Vilela; o el empresario del Grupo Licuas, Joaquín Molpeceres.

También ha informado respecto de las peticiones del presidente de Degremont Iberia, Rafael Palencia; del exdirector comercial de FCC,; Cecilio Sánchez; del presidente de Construcciones Parraño, José Luis Suárez; y del presidente de Sorige-Acsa, Ramón Aigé.

Todos estos empresarios estaban imputados por el juez Ruz tras comprobar que sus nombres salían apuntados en la contabilidad paralela escrita por el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, como donantes. Unas donaciones que, a priori, no constan en la contabilidad oficial del partido que se entrega al Tribunal de Cuentas, porque, según los apuntes, las entregas de dinero superaban el límite legal establecido.

El delito que se les imputaba a los empresarios era cohecho. El hecho de entregar donaciones no es delito. Sin embargo, se les investigaba por si habrían podido tener un trato de favor en adjudicaciones públicas. Tras dos años de investigación, no se ha podido comprobar que esto haya ocurrido porque todas las empresas investigadas reciben contratos prácticamente a diario, no solo de administraciones municipales y autonómicas del PP, sino también del PSOE y de otras formaciones, lo que impide hacer una correlación.

El último informe de la IGAE ya ratificó que no hallaron relación entre los donativos de quince empresarios, que ascendieron a 4,8 millones de euros, y adjudicaciones valoradas en 22.452 millones en contratos públicos de 2002 a 2009.En sus conclusiones, el organismo afirma que “no parece existir una correlación temporal general” entre las donaciones y “los volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas”.

Los autores del informe fueron citados por Ruz, como una de las pruebas definitivas antes de concluir la instructor, y explicaron la “dificultad de obtener una correlación temporal” entre las donaciones y las adjudicaciones.

A un paso de concluir

La instrucción de la pieza separada en el sumario Gürtel conocida como 'papeles de Bárcenas' está a punto de concluir. La única prueba que queda por presentar es un informe de la Agencia Tributaria para que aclare que si PP podría haber cometido un delito fiscal -a través de sus tesoreros- por el Impuesto de Sociedades del año 2008. Los peritos ya le han confirmado en dos ocasiones que la formación estaba exenta de hacer esta declaración porque la ley permite dejar fuera de tributación las donaciones. Sin embargo, el magistrado ha insistido y quiere un nuevo informe. La AEAT ya le contestó alegando que el informe requerido no se podía realizar pero el magistrado ha advertido que en un plazo de una semana debe entregar el documento exigido por la autoridad judicial.

Fuentes jurídicas explican que quitando este informe solicitado de última hora, la instrucción de esta pieza separada está prácticamente conclusa ya que no quedan más diligencias por practicar. Por ahora, los imputados con más indicios delictivos sobre sus espaldas son el propio Bárcenas y el arquitecto que realizó la reforma de la sede del PP, Gonzalo Urquijo, y que cobró parte de ésta en dinero negro y sin declarar a Hacienda.