Las sombras del comisario Villarejo: Nicolás, González, mafia china, Asuntos Internos...

Al comisario José Villarejo sólo le queda año y medio para jubilarse, pero ha decidido que el final de su carrera en la Policía Nacional sea tan convulso como el resto de su trayectoria. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha puesto su nombre en el mapa de la opinión pública acusándole de ser el principal responsable de la investigación policial sobre el lujoso ático de Marbella que el dirigente del PP y su familia disfrutan desde 2008, primero en régimen de alquiler y, desde diciembre de 2012, ya en propiedad. Según González, Villarejo y otro comisario de su confianza se pusieron en contacto con él de forma irregular para tratar de obtener nueva información sobre la vivienda. La intención de los comisarios, declaró el jefe del Ejecutivo madrileño, era chantajearle.

La acusación del presidente de la Comunidad de Madrid ha generado un conflicto en el seno del Partido Popular. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha evitado respaldar a los comisarios de la Policía señalados por su compañero de partido, alimentando de este modo las dudas sobre la actuación de estos dos representantes del cuerpo. Pero Génova tampoco ha querido salir en defensa de González en pleno proceso de elección de candidatos para las municipales y autonómicas de mayo. Ni María Dolores de Cospedal ni Carlos Floriano han defendido públicamente al presidente madrileño.

Dos denuncias en un mes

Con todo, pese a la cercanía de las elecciones y el peso estratégico de la Comunidad de Madrid en el tablero político, el comisario Villarejo se ha convertido en el principal protagonista del escándalo del ático. No sólo por las acusaciones del jefe del Ejecutivo madrileño, sino también por el alud de investigaciones policiales mediáticas por las que se ha visto salpicado de un modo u otro. El propio Villarejo ha contribuido a su fama saliendo del ostracismo en el que opera para presentar dos denuncias en el plazo de un mes. La primera de ellas ha tenido como destinatario a un compañero de la Policía, el también comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, con quien mantiene una cruenta batalla desde hace tres años. La segunda la ha interpuesto esta misma semana ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y va dirigida contra González, por haberle acusado públicamente de ser un chantajista.

La discreción era hasta ahora uno de los mayores activos de Villarejo para la Policía Nacional. Trabaja al margen de la estructura de mando del cuerpo. No respeta procedimientos ni horarios. Sólo reporta a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), pero actúa como un agente encubierto independiente. Villarejo es el máximo responsable de las operaciones que nadie debe conocer, y ese es precisamente el motivo por el que se ha sobrevivido a Gobiernos de diferente signo político.

Hasta ahora, había merodeado sin hacer ruido por todos los grandes escándalos que han convulsionado a este país durante las últimas tres décadas. Su alargada sombra abarca desde la Operación Malaya al caso Gürtel, pasando por el famoso informe Veritas encargado en los 90 por el Gobierno de Felipe González para tratar de desacreditar a Baltasar Garzón en plena instrucción de los GAL y el caso Campeón, que provocó la caída en desgracia del exministro socialista José Blanco.

Pero su nombre también aparece en otros casos más recientes, como la Operación Emperador sobre la red de Gao Ping, la trama clientelar urdida por el pequeño Nicolás, las pesquisas sobre el importador indio Harishchandra Taranchand Varma, los papeles de Bárcenas, la fortuna del clan Pujol y el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. El espectro de Villarejo alcanza incluso al supuesto caso de acoso sexual por el que está siendo investigado el consejero delegado del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid, amigo íntimo de Felipe VI. Pero el caso del ático es el que realmente lo ha convertido en un personaje de actualidad.

El origen de la investigación sobre el ático

El escándalo se gesta en el verano de 2011, según ha podido saber El Confidencial. Francisco Granados, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, en prisión provisional por el caso Púnica desde el pasado mes de octubre, reveló al Ministerio del Interior que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba que el entonces vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, su máximo rival dentro del partido, estaba disfrutando de un ático en Marbella que le había regalado el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Interior derivó la información al director adjunto operativo (DAO) de la época, Miguel Ángel Fernández-Chico, ya fallecido. Tras realizar unas primeras indagaciones, Fernández-Chico pidió al comisario destinado en las dependencias de Marbella, Agapito Hermes de Dios, que se desplazara a Madrid para reunirse con él. Cuando llegó al despacho del DAO, el comisario se encontró a una segunda persona sentada. Era el comisario Villarejo. El DAO y el controvertido mando policial pidieron a Hermes que pusiera a un grupo de agentes a investigar la relación de González y su familia con el ático de 496 metros cuadrados en el que veraneaban desde 2008, demasiado lujoso para los ingresos declarados del dirigente del PP y su esposa. Las averiguaciones debían mantenerse en secreto y sólo ellos tres conocerían los resultados.

El comisario de Marbella obedeció las órdenes de sus superiores y comenzó a recopilar información. Descubrió que González y su mujer, Lourdes Cavero, estaban pagando un alquiler mensual de 2.000 euros por el ático, en torno a una tercera parte de lo que se abonaba en la zona por un inmueble parecido. El propietario de la vivienda era, además, una sociedad offshore que había sido registrada en Delaware por un ciudadano estadounidense especializado en la creación de sociedades instrumentales y otras herramientas de evasión fiscal.

Hermes reportó a sus superiores esos hallazgos. Sólo unos días después de que el PP arrebatara al PSOE el Gobierno, el 29 de noviembre de 2011, como informó El Mundo esta semana, Villarejo y otro comisario de su confianza se reunieron con González en una cafetería de la Puerta del Sol para advertirle de que estaban investigando su relación con esa propiedad y para solicitarle más información. El presidente de la Comunidad de Madrid asegura, sin embargo, que los policías le amenazaron con difundir esos datos y le exigieron que aportara nuevas pruebas con el objetivo de judicializar el caso.

Paralización de las investigaciones

González no denunció entonces ese acoso, pero no era necesario. La llegada del PP a Moncloa paralizó las pesquisas. El Ministerio del Interior consideró que los hallazgos sobre el ático no eran válidos porque se habían obtenido al margen de la ley y el comisario de Marbella fue expedientado y trasladado al distrito de Usera-Villaverde de Madrid. La Policía se desentendió oficialmente del caso.

Sin embargo, los indicios de corrupción que ya habían encontrado estos mandos del cuerpo llegaron al Sindicato Unificado de Policía (SUP), que decidió aportar las pruebas a la Fiscalía Anticorrupción. El Tribunal Supremo acabó archivando la denuncia, pero el SUP logró que el Juzgado número 5 de Estepona la admitiera a trámite e iniciara una investigación a partir de los datos que ya estaban en poder del sindicato. La instrucción continúa abierta, aunque apenas ha avanzado por la lentitud de la Justicia. Por lo pronto, han quedado acreditados todos los datos iniciales. Pero las comisiones rogatorias a Panamá y Reino Unido para acceder a nueva información sobre la trama que se escondía tras el ático ni siquiera han sido traducidas al inglés. La respuesta de estos países permitiría aclarar si, como sospechan los investigadores, la vivienda fue un regalo de Enrique Cerezo al dirigente del PP madrileño y el contrato inicial de alquiler con la sociedad radicada en Delaware sólo era una ficción encaminada a ocultar al verdadero propietario del inmueble.

En 2013, en paralelo a esa investigación, Ignacio González denunció en el Juzgado número 47 de Plaza de Castilla la persecución a la que, en su opinión, estaba siendo sometido por parte de un sector de la Policía. Según ha podido saber El Confidencial, el comisario de Marbella que inició las pesquisas ya ha reconocido ante el juez que instruye el caso, Adolfo Carretero, que comenzó las indagaciones por orden de Fernández-Chico y Villarejo.

González se agarra a esas declaraciones para sostener que su relación con la vivienda siempre ha sido legal y transparente y que es víctima de una conspiración para provocar su renuncia como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas de mayo. En esa clave hay que interpretar la rueda de prensa que ofreció el pasado lunes, acusando a Villarejo y a su colaborador de haber tratado de chantajearle, ofreciendo todo tipo de detalles.

La guerra entre Villarejo y Martín-Blas

En condiciones normales, esas gravísimas afirmaciones ya deberían haber provocado una respuesta del Ministerio del Interior. El máximo responsable del departamento, Jorge Fernández Díaz, tenía tres opciones en su mano: denunciar a González por atacar a dos mandos de la Policía Nacional a la que representa; creer las afirmaciones de su compañero de partido y expedientar automáticamente a los comisarios; o, por último, encargar una investigación interna para averiguar cómo se produjeron exactamente los hechos.

La última opción habría sido la más prudente, pero Interior prefiere que sea el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid el que determine si la investigación sobre el ático se realizó al margen de la legalidad y si, como González denuncia, este pudo ser víctima de algún otro comportamiento irregular.

Lo natural habría sido que las acusaciones del jefe del Ejecutivo madrileño fueran investigadas por Asuntos Internos, la sección de la Policía Nacional encargada de supervisar que todos los funcionarios del cuerpo respetan la ley y, por tanto, la competente en este episodio. Pero el Ministerio del Interior no contempla esa posibilidad. Entre otros motivos, porque el actual responsable de Asuntos Internos es el comisario Martín-Blas, enemigo declarado de su colega Villarejo. Lo cierto es que un informe con esos protagonistas sólo serviría, probablemente, para transmitir una imagen aún más deteriorada de la institución.

Las hostilidades entre el mando policial señalado por González y Martín-Blas arrancaron con la investigación del caso Emperador. El comisario de Asuntos Internos no sólo incriminó a nueve policías en la trama de Gao Ping. También vinculó con la red de evasión fiscal a un hijo de Villarejo, a pesar de que no era funcionario del cuerpo. Los agentes a su cargo señalaron que había tenido relaciones comerciales con uno de los implicados en la trama, y decidieron incluirlo en su informe por la condición de Policía de su padre.

Esa referencia a su hijo no hizo ninguna gracia a Villarejo, que la consideró absolutamente gratuita. Pero no es la única vez que ha visto su apellido en un informe de Asuntos Internos. El propio José Villarejo ha sido mencionado por la sección de Martín-Blas en otros dos procedimientos. Uno de ellos está relacionado con la Operación Prima de la Policía, que el pasado noviembre desarticuló un entramado societario que traficaba con drogas y medicamentos y disponía de una estructura financiera para blanquear los beneficios que obtenía. Asuntos Internos entró en el caso porque el cabecilla de la red, el indio Harishchandra Taranchand Varma, declaró que había tenido trato con un funcionario del cuerpo. Martín-Blas apuntó otra vez a Villarejo, desatando un nuevo conflicto. El procedimiento está en el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada.

La grabación sobre el pequeño Nicolás

El caso del pequeño Nicolás ha provocado el último gran encontronazo entre ambos. Un informe de Asuntos Internos incluido en el sumario del procedimiento señaló que Villarejo se reunió con el joven impostor en el parque del Canal de Isabel II en Madrid, como adelantó El Confidencial el pasado 29 de enero. El equipo de Martín-Blas llegó a esa conclusión tras analizar las grabaciones que habían tomado las cámaras de vigilancia del recinto. Sin embargo, el hombre que aparece en las imágenes resultó ser otra persona. Villarejo no sólo volvió a considerarse agraviado, sino que decidió denunciar a Martín-Blas en los tribunales. La denuncia aún no ha sido presentada.

El comisario de Asuntos Internos también se consideraba perjudicado por los movimientos en la sombra de su enemigo. Martín-Blas atribuye a Villarejo y a sus colaboradores la grabación clandestina que le hicieron en su despacho mientras conversaba con el instructor del caso Nicolás y agentes del CNI. En la cinta, Martín-Blas insinúa que su unidad ha intervenido ilegalmente el teléfono del pequeño Nicolás y que iban a destruir pruebas relevantes para el caso. Curiosamente, la grabación acabó llegando a las manos del chico. Su defensa ya la ha utilizado para exigir la nulidad de las actuaciones. Además, ha pedido que Villarejo comparezca como testigo para que aporte toda la información que tenga sobre el contenido de la cinta.

El cruce de acusaciones entre ambos supone un nuevo desafío para el Ministerio del Interior. Hasta ahora, Fernández Díaz había apostado por que esta lucha intestina se resolviera sin traspasar las fronteras de la Policía. Pero la entrada en escena de Ignacio González ha vuelto a redimensionar el conflicto. No sólo eso. También ha comenzado a arrojar luz sobre la dilatada trayectoria de Villarejo. El ministro del Interior tendrá que decidir, tarde o temprano, si está dispuesto a respaldarlo hasta las últimas consecuencias. Hasta ahora no había tenido que pronunciarse.