Inspectores de la Junta avisaban un día antes de 'visitar' las academias fraudulentas

Las entidades que organizaban cursos de formación irregulares sólo para recibir subvenciones de la Junta estaban conchabadas con altos funcionarios de la Administración andaluza. Así se desprende de la investigación que desarrolla la Policía en paralelo en las ocho provincias de la comunidad autónoma bajo el nombre de Operación Edu. En concreto, agentes la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) han detectado que algunos inspectores llamaban a las academias un día antes de ir a visitarlas, con lo que permitían que estas tuvieran tiempo para prepararse y ponerse al día. Este margen les posibilitaba llamar a los alumnos para que al día siguiente acudieran en masa a hacer bulto y poner en marcha toda la parafernalia con el fin de que pareciera que los cursos funcionaban adecuadamente.

Los investigadores entienden que al menos ha habido “dejadez” por parte de la Junta de Andalucía, ya que nada menos que el jefe de los inspectores, Juan Manuel León Sánchez, tenía la obligación de controlar que los receptores de los fondos cumplían con los requisitos legalmente establecidos, extremo que según la Policía no hacía y por eso ha sido detenido en la segunda fase de arrestos masivos iniciada ayer por la UDEF. Su función durante los más de diez años que estuvo al frente de la Sección de Formación Profesional Ocupacional del Servicio Andaluz de Empleo en Granada consistía en valorar la puntuación y la veracidad de los argumentos que esgrimían los potenciales receptores, así como vigilar que cumplen con la ley durante todo el proceso de preparación y realización de los cursos.

La tarea de los inspectores, sin duda, es la que más ha quedado en entredicho en estos meses de investigación, como han acreditado tanto la Policía como la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta de Andalucía. Los tres organismos han puesto de manifiesto la falta de control que ha permitido que durante los tres años analizados (2009, 2010 y 2011) las academias promovidas por empresas y asociaciones sin ánimo de lucro recibieran fondos de manera irregular.

En concreto, en distintos informes remitidos por los mencionados organismos a los ocho juzgados que instruyen el caso en cada provincia andaluza, se pone de manifiesto que los receptores de las subvenciones subcontrataban la impartición de los cursos a empresas de sus familiares y trataban de tapar esta externalización. Los técnicos de la investigación denominan a esta anomalía detectada “facturación circulante” entre empresas vinculadas al mismo administrador. En definitiva, los concesionarios montaron un entramado familiar que se aprovechaba de las ayudas a través de entidades distintas pero relacionadas. Estas subcontratas, además, explican fuentes de la investigación, en ningún momento contaban con la autorización de la Junta.

Por otro lado, según los informes de los tres organismos citados, los receptores de las ayudas inflaban las facturas para documentar sus expensas y demostrar que habían gastado todo el montante comprometido por la Junta. Esta justificación económica era condición indispensable, además, para que las academias recibieran el 25% que legalmente estaba previsto que se entregara una vez realizado el curso, ya que el otro 75% lo recibían al principio. En muchos casos, asimismo, los receptores de los fondos públicos se pasaban el plazo para reclamar este 25% y, aun así, la Junta les liquidaba igualmente.

Entre los gastos que inflaban destaca el relativo a la docencia. Según fuentes policiales, algunas entidades contrataban a profesores y les pagaban por debajo de la media del mercado (entre 10 y 14 euros por hora cuando la esta oscila entre los 15 y 18 euros). Luego, sin embargo, le contaban a la Junta que les habían pagado unos 75 euros por hora, es decir, entre seis y siete veces más de lo que en realidad les habían abonado.

En definitiva, destacan los investigadores, algunas entidades –muchas de ellas fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro– fueron creadas únicamente para recibir subvenciones, ya que no perciben más ingresos que los que les otorga el Servicio Andaluz de Empleo vía ayudas del Fondo Social Europeo.

Por otro lado, otra de las legalidades más habituales cometidas por los concesionarios era la usurpación de la firma de los docentes. Falsificaban la rúbrica de profesores que cumplían los requisitos legalmente exigidos y la implantaban sobre los documentos oficiales, aunque luego en realidad los que dieran las clases fueran otros (sus familiares en no pocos casos).

La Operación Edu comenzó el pasado mes de abril a raíz de una investigación sobre una concesión adjudicada a varias empresas en Málaga. Desde ahí se fue extendiendo al resto del territorio andaluz. Hoy, un juzgado de cada provincia instruye en paralelo unas diligencias que, según las previsiones de la Policía, podrían esconder un fraude de más de 3.000 millones de euros.

El Servicio Andaluz Europeo es el organismo del Gobierno andaluz cuya gestión se encuentra actualmente más en entredicho. La UDEF investiga de hecho el dinero que este organismo entregaba en forma de subvenciones a decenas de empresas repartidas por todo el territorio. Las ayudas provenían a su vez del Fondo Social Europeo, que entregó el montante a la Junta con el fin de premiar a las academias que impartieran formación con la condición de que estas luego contrataran a un porcentaje de los alumnos que recibían las clases, cosa que sólo en algunas ocasiones ocurría.

Las diligencias se han tornado complejas. De hecho, son ya once meses de pesquisas por parte de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la UDEF, desde el pasado abril. Antes de ese mes, las diligencias eran dirigidas únicamente por la Fiscalía de Málaga, aunque ya hacían presagiar que el agujero del fraude sería de incalculables dimensiones.

La magnitud de la investigación, de hecho, ha conllevado que la Dirección General de la Policía, por indicación expresa de la Secretaría de Estado de Seguridad, se vuelque especialmente con este asunto, que además tiene claras derivadas políticas, pues afecta directamente al Gobierno regional del PSOE, de ahí que el departamento dirigido por Ignacio Cosidó haya reforzado varias veces la plantilla que se encarga de las pesquisas, tanto en Madrid como en las provincias en las que se viene desarrollando el trabajo policial.