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El Gobierno perderá 50 millones de euros anuales al suprimir las tasas judiciales
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A LA ESPERA DE RECLAMACIONES

El Gobierno perderá 50 millones de euros anuales al suprimir las tasas judiciales

La gran capacidad recaudatoria -250 millones de euros, aproximadamente- se mantendrá con las tasas a las personas jurídicas, es decir a las grandes empresas y a las pymes

Foto:  El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE/Julio Muñoz)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE/Julio Muñoz)

El Gobierno perderá aproximadamente 50 millones de euros anuales tras la eliminación de las tasas judiciales a las personas físicas en todos los órdenes e instancias, según las cuentas del Departamento de Justicia. Sin embargo, la gran capacidad recaudatoria, en torno a los 250 millones de euros, se mantiene con las tasas a las personas jurídicas, es decir a las grandes empresas y a las pymes.

Es el momento de que el usuario cualificado contribuya a la financiación del Estado, según fuentes ministeriales. Tres años después de la aprobación por parte de Alberto Ruiz Gallardón de estas tasas para poder acceder a la Justicia, ha llegado la hora de que las grandes empresas carguen con esta tasa y se deje al margen al ciudadano. La diferencia es que los primeros defienden intereses empresariales y, los segundos, tutelas personales.

Además, las fuentes antedichas recuerdan que las empresas siempre se pueden desgravar este tipo de gastos en el Impuesto de Sociedades, algo que el ciudadano de a pie no puede. Esta decisión, que incluso ha sorprendido a los más combativos contra estas tasas, llega justo en un año repleto de citas electorales.

Esta eliminación va a ser inmediata y en las próximas horas se difundirá en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al día siguiente de su publicación, ningún ciudadano tendrá que pagar por acceder a la Justicia.

Desde algunos sectores se había planteado que lo recaudado por las tasas se empleara para lograr mejoras en la Administración de Justicia. Sin embargo, fuentes ministeriales han explicado que el órgano encargado de la recaudación es la Agencia Tributaria y ese dinero, como cualquier otro impuesto, va a parar a una caja común del Estado destinada a pagar todos los servicios públicos.

El camino de las tasas no acaba aquí

A pesar del anuncio del Gobierno, que tira por tierra la única ley de alcance de Ruiz Gallardón, el conflicto no está todavía zanjado. Se espera que en los próximos días algún sector reclame la devolución de lo recaudado en estos tres años de vigencia de las tasas. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se reúne la próxima semana en Pleno para estudiar el alcance de la reforma y sus posibles consecuencias.

Y es que, aunque la retirada de las tasas a las personas físicas ha sido un gran logro, todavía quedan desprotegidas las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, tanto los abogados como otros grupos profesionales vinculados a la judicatura reconocen que a diferencia de Ruiz Gallardón, Catalá ha realizado un trabajo de consenso, reuniéndose con todos los sectores y escuchando sus propuestas.

Por otro lado, todavía están pendientes los recursos planteados en el Tribunal Constitucional. Al haber sido eliminadas únicamente parte de la tasas, estos recursos siguen teniendo vigencia y lo previsible es que no sean retirados. Ahora bien, ahora hay que esperar si el tribunal que preside Francisco Pérez de los Cobos le da prioridad a este asunto o, a la vista que se ha resuelto el lado más clamoroso, lo deja relegado.

Entre las hipótesis que se plantean es que, en el caso que el TC declarara inconstitucionales las tasas, la decisión conllevaría la devolución del dinero recaudado, como ocurrió con el euro por receta en Cataluña y Madrid. Sin embargo, también se podría plantear que el tribunal considerara que las cuantías eran elevadas y, en ese escenario, fijar la devolución no sería tan sencillo.

El Gobierno perderá aproximadamente 50 millones de euros anuales tras la eliminación de las tasas judiciales a las personas físicas en todos los órdenes e instancias, según las cuentas del Departamento de Justicia. Sin embargo, la gran capacidad recaudatoria, en torno a los 250 millones de euros, se mantiene con las tasas a las personas jurídicas, es decir a las grandes empresas y a las pymes.

Alberto Ruiz-Gallardón Rafael Catalá
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