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'Caso Edu': La Junta animó a empresarios de los cursos a quedarse con el dinero ilegal
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LA CONFESIÓN DE LOS IMPLICADOS ANTE LA UDEF

'Caso Edu': La Junta animó a empresarios de los cursos a quedarse con el dinero ilegal

Dos de los administradores societarios detenidos por la UDEF han confesado que recibieron ayuda y asesoramiento de funcionarios de la Junta para quedarse con fondos públicos de la formación

Foto: Varios imputados en Cádiz en la investigación sobre las irregularidades en los cursos (EFE)
Varios imputados en Cádiz en la investigación sobre las irregularidades en los cursos (EFE)

La nueva fase de la operación Edu contra el fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores que inició la UDEF la semana pasada ha servido para recabar confesiones que permitirán a los investigadores avanzar en el caso. Según fuentes cercanas a las pesquisas, al menos dos de los empresarios detenidos por su presunta implicación en la malversación de las subvenciones públicas para cursos han reconocido que las autoridades de la Junta conocían las irregularidades y no hicieron nada para evitarlas.

Como adelantó El Confidencial, la UDEF lanzó el martes 10 de febrero una nueva oleada de detenciones bajo el dispositivo denominado Edu-Costa tras interrogar durante semanas a más de 4.000 alumnos y tutores de presuntos cursos irregulares. La nueva fase de la investigación se ha saldado por ahora con la detención de 90 empresarios que, en su mayoría, consiguieron dinero para realizar acciones formativas a pesar de que no cumplían los requisitos necesarios para obtener la financiación. Aunque el mayor número de arrestos se ha concentrado en sólo tres demarcaciones, Almería, Cádiz y Málaga, los agentes también disponen de indicios que incriminarían a empresarios asentados en las otras cinco demarcaciones andaluzas.

Dinero para tapar agujeros

Fuentes de la investigación aseguran que las declaraciones de los administradores detenidos en esta nueva oleada van a permitir esclarecer la posible participación de los responsables políticos de la Junta de Andalucía en la malversación de los fondos públicos para la formación. La UDEF estima que el dinero desviado podría ascender a 3.000 millones de euros, aunque por ahora sus indagaciones se centran únicamente en una quincena de expedientes que apenas suman 20 millones.

placeholder Vista del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz). (EFE)

Algunos de los testimonios recogidos en estos últimos días implican un salto cualitativo en las pesquisas. Según ha podido saber este diario, uno de los empresarios detenidos en la provincia de Cádiz por su implicación en el fraude admitió en comisaría que solicitó las subvenciones para cursos porque necesitaba el dinero para sufragar deudas. El acusado contó que su compañía se encontraba en una situación delicada y que pensó que esa línea de ayudas podía servirle para reflotarla. El dinero que le ingresó la Junta para organizar formaciones terminó tapando agujeros contables del empresario.

Un funcionario como guía

Según el exhaustivo relato de este inculpado, uno de los funcionarios que debía encargarse de evitar la estafa se dedicó en realidad a fomentarla entre sus conocidos. Esa colaboración es la que habría permitido que las irregularidades se repitieran año tras año sin que nadie diera la voz de alarma, por muy flagrantes que fueran. La UDEF ha descubierto ahora, por ejemplo, que muchas academias fueron agraciadas con subvenciones antes incluso de que estuvieran legalmente constituidas. Su fecha de inscripción en el Registro Mercantil es posterior a que la Junta les concediera el dinero comentiendo así una ilegalidad más que evidente.

No devuelva el dinero

Son sólo tres de las declaraciones que ha recopilado la UDEF pero, especialmente las últimas dos, permitirán a los agentes ampliar el foco de la investigación a la propia Administración andaluza. Los agentes consideran que los dirigentes políticos de la Junta podrían haber incurrido en un comportamiento delictivo por no supervisar la gestión de estas partidas multimillonarias. De hecho, la Policía sostiene que el Ejecutivo socialista de José Antonio Griñán aprobó en octubre de 2009 un decreto que tenía precisamente como único propósito facilitar la malversación de las ayudas para cursos. Las confesiones de algunos de los 90 empresarios detenidos en el marco de Edu-Costa parecen apuntalar esas sospechas aunque, por el momento, las actuaciones se centran en la responsabilidad de los administradores societarios que recibieron los fondos e incumplieron la normativa.

La nueva fase de la operación Edu contra el fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores que inició la UDEF la semana pasada ha servido para recabar confesiones que permitirán a los investigadores avanzar en el caso. Según fuentes cercanas a las pesquisas, al menos dos de los empresarios detenidos por su presunta implicación en la malversación de las subvenciones públicas para cursos han reconocido que las autoridades de la Junta conocían las irregularidades y no hicieron nada para evitarlas.

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