Ojeda Avilés desvió a una sucursal en Chile 10 millones en ayudas públicas para cursos

La investigación sobre el fraude en la formación de trabajadores está acorralando a uno de sus principales protagonistas, el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés(1988-1990), detenido por la Policía en agosto del pasado año dentro de la Operación Óscar, una pieza separada del caso Edu. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal(UDEF) encargados del caso le acusan de haber creado un entramado societario con el que captó más de 47 millones de euros en subvenciones públicas. El dinero debía haberse invertido en cursos para desempleados, pero acabó presuntamente en los bolsillos del exdirigente socialista gracias a una larga lista de irregularidades que no fueron detectadas por las autoridades andaluzas.

Ojeda Avilés habría escondido en el extranjero gran parte de esos fondos recurriendo a complejas prácticas financieras y sociedades instrumentales. Sin embargo, la Policía ha logrado localizar su fortuna. Fuentes cercanas al caso aseguran a El Confidencial que los investigadores de la UDEF han detectado un movimiento de 10 millones de euros desde una de las sociedades que utilizó el exconsejero andaluz para cazar las ayudas públicas, Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe), a una filial de esta entidad que operaba en Chile con el objetivo aparente de organizar también cursos para trabajadores en ese país. En concreto, la entidad tenía su sede en la calle Padre Miguel de Olivares de Santiago de Chile, en pleno centro de la capital.

Sin embargo, los expertos en delitos económicos de la Policía sostienen que la expansión internacional de Ojeda Avilés se debió en realidad a otro motivo. Según los investigadores, la única función de la filial chilena de Forpe era la de actuar como tapadera para la recepción de los fondos públicos que acaparó el entramado societario del mandatario socialista mediante el fraude de los cursos. Por ahora ya se ha detectado el movimiento de 10 millones de euros, pero los agentes no descartan que esa sucursal se empleara para sacar aún más dinero de España con destino a ese u otros territorios. De hecho, además de la filial en Chile, Forpe llegó a contar también con delegaciones en Polonia, Brasil y Estados Unidos.

Otros 7,3 millones en Luxemburgo

La Policía ya ha tomado declaración al delegado de Forpe en Chile por su presunta vinculación con el fraude. El movimiento de 10 millones de euros, desconocido hasta ahora, no es el único que ha sido detectado por la UDEF. Los investigadores han descubierto que en 1997 compró el 20% de las acciones de una sociedad con sede en Luxemburgo, una operación que le permitió ocultar en ese paraíso fiscal otros 7,3 millones de euros.

Esos dos movimientos de capitales explicarían por qué los funcionarios de la Policía apenas localizaron dinero en metálico en el registro de las instalaciones de Ojeda Avilés durante la Operación Óscar ni tampoco tenían saldos relevantes en sus cuentas bancarias, a pesar de la dimensión del imperio que habría creado durante las últimas dos décadas en torno a la formación de trabajadores. En una sola resolución de la Junta de diciembre de 2010, por ejemplo, cinco de sus fundaciones se llevaron los 7,3 millones de euros que concedió la Administración autonómica para formar a desempleados. Todo el dinero de ese expediente acabó en sus manos.

La colaboración de la Junta

La UDEF sostiene que Ojeda Avilés logró acumular subvenciones por un valor superior a 47 millones de euros gracias a la colaboración de los responsables políticos encargados de gestionar las partidas presupuestarias para formación. En algunos periodos, la proximidad entre sus empresas y la Junta fue algo más que obscena. Su cuñada María Teresa Florido Mancheño ocupó la Dirección General de Formación para el Empleo, el organismo encargado de adjudicar las subvenciones para cursos, entre 2011 y 2013. Pero las fundaciones y sociedades del exdirigente socialista también recibieron transferencias públicas en otras etapas.

La colaboración de la Junta también se habría mantenido tras la entrega de los fondos. La Administración no reclamó a las empresas del exconsejero la devolución las subvenciones, a pesar de las numerosas denuncias que alertaban de las irregularidades y de que sus fundaciones incumplieron reiteradamente obligaciones tan elementales como la prohibición de contratar los programas formativos con terceras entidades.

Un fraude de 3.000 millones

El entramado de Ojeda Avilés sólo es uno de los que se habría aprovechado de esta línea de ayudas contra el desempleo. Como adelantó este diario el pasado mes de abril, la Policía está investigando la estafa de los cursos en las ocho provincias andaluzas. La UDEF ya ha tomado declaración a más de 4.000 alumnos y tutores de programas presuntamente irregulares y la Justicia ha imputado a más de 150 administradores societarios por su implicación en el fraude. En total, los especialistas en delitos financieros sostienen que la cantidad malversada en Andalucía podría llegar a los 3.000 millones de euros, aunque las pesquisas se centran por el momento en una quincena de expedientes que apenas suman 20 millones.