El ‘cártel de la basura’ obtuvo cientos de concesiones millonarias en casi toda España

“Práctica concertada global de reparto del mercado”,respeto de “los clientes de sus competidores, “reparto de los nuevos [clientes]”, intercambio de “información comercial sensible”.Son los hechos delictivos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera probados y la razón por la que decidió el pasado 26 de enero imponer una multa de 100 millones a las mayores empresas de gestión de equipamientos urbanos yresiduos del país, tal y como adelantó este diario. “Se repartieron licitaciones públicas”, acordaban no concurrira determinadas licitaciones “a cambio de la subcontratación de servicios”. Acuerdos secretos entre empresas "que encarecieron el coste de los servicios que se prestan a los ciudadanos y se mantuvieron las conductas durante un largo periodo de tiempo".La lista de prácticas anticompetencia es larga.

Algunade ellas vinculadaa presuntas comisiones ilegales al PP, las empresassobre las que han recaídolas mayores sanciones son precisamente las más grandes del sector: Urbaser, del grupo ACS, 23.3 millones de multa; FCC, 16.8 millones; Valoriza, del Grupo Sacyr,15.3 millones; Cespa, del Grupo Ferrovial, 13.6 millones… Así hasta 39 empresas y tres asociaciones sectoriales, con multas sensiblemente menores.

Pero,¿cuántascontratasy cuánto dinero público han podido administrarestas concesionarias? Resulta difícil cuantificar el volumendada la dispersión de entidadescontratantes. Para ello,El Confidencial ha recopilado los contratos de gestión de residuos suscritos entre estas empresas sancionadas y el sector público [ver interactivo superior] presentes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El análisis de estos datosmuestra que el 'cártel de la basura' ha firmado contratosen los últimos años enprácticamente todas las provincias españolas yes adjudicatario de servicios millonarios con cargo a lasarcas públicas. El análisis de las fechas de los contratosrefleja, además, un aumento en el número de contratas a medida que nos acercamos al día de hoy. Así, las cuatro adjudicaciones detectadas en el BOE en el año2001 contrastan con las 84 que se firmaron en 2013 [aquí los datos originales].

No obstante,fuentes del BOE recuerdan que no todoslos acuerdos tienen por qué estar reflejadosen el Boletín, como puede ocurrir con aquellos cuyos importes no superen los 100.000 euros o con aquellos procedentes de una determinada administración o correspondientes a un determinado tipo de contrato.En ese sentidono es posiblesaber qué porcentaje del total real representan los datos analizados a partir del BOE, pero síson una buena demostración de la expansión geográfica y temporal de las cuatro sancionadas con multas millonarias.

Fuentes de la CNMC revelan que,a raíz de una inspección de residuos sanitarios en las islas Baleares y en el marco de su ya conocida 'cruzada'contra los cárteles, surgió una investigaciónque derivó en pesquisas en otros rincones del país y acabó con la resolución S-429-12. Las mismas fuentes añaden que en este procedimiento en particular no se hizo uso del programa de clemencia(una suerte desistema de protección de testigospara empresas involucradas)que se puso en marcha en 2007 y gracias al cual "han salido muchos casos de prácticas anticompetencia en España".

Al calor de los datos que arroja el BOE,José María Gimeno, director del Observatorio de Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo, considera que el sistema español de contratación pública es "muy mejorable" y que "casi todos los casos de corrupción tienen que ver con deficiencias en las contrataciones". El caso Palma Arena, la red Púnica y el sobrecoste de 1.700 millones del AVE a Barcelona son solo tres ejemplos de modificaciones contractuales, contratos sin publicidad y grandesfase entre el precio acordado y el final, respectivamente. "Somos ineficientes con los contratos públicos", sentencia Gimeno. Y para evitarlo, la transparencia es vital.Medidas como eliminar los procedimientos opacos (sin publicidad), el establecimiento de mecanismos de control y dereglas uniformes para todo tipo de contratación así como un uso correcto de las modificaciones forman parte del "decálogo para prevenir la corrupción en los contratos públicos".