PRESIDENTE DE MELILLA Y SENADOR POPULAR

El Supremo investiga a Imbroda por prevaricación al contratar un abogado

El Tribunal Supremo se acaba de declarar competente para investigar al presidente de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, por un delito de prevaricación
Foto: El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (Efe)
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (Efe)

El Tribunal Supremo se acaba de declarar competente para investigar al presidente de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, por un delito de prevaricación presuntamente cometido en la contratación de un abogado por la ciudad autónoma con fondos públicos. En su auto, decide, de acuerdo con el criterio del fiscal, abrir un procedimiento contra el senador del PP y designa instructor al magistrado Francisco Monterde. La Sala también resuelve que el juzgado de instrucción número 2 de Melilla continúe con la investigación que afecta a los no aforados.

El alto tribunal toma esta decisión después de que el Ministerio Público informara a favor de investigarle por un presunto delito de prevaricación. Imbroda es senador, razón por la cual está aforado ante el Supremo, y debe ser este tribunal el que se encargue de la instrucción. Para el Ministerio Público “hay indicios suficientes” de la posible comisión de un delito de prevaricación “sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales” y considera que se debe esclarecer la conducta de Imbroda.

Un juez de Melilla envió al Supremo una exposición razonada ante la aparición de indicios de que Imbroda hubiera designado a un abogado al margen de los servicios jurídicos públicos sin seguir los trámites exigidos por la ley para ello para su intervención en varios procesos judiciales.

La causa que ahora investigará el Supremo, tras el informe del fiscal que sostiene que hay indicios de apariencia delictiva, se inició a partir de una denuncia de una asociación de letrados, en el año 2001, cuando la ciudad autónoma contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas cuya contratación pudo ser ilegal.

Según recoge el auto del alto tribunal, los indicios que aparecen en la documentación remitida por el juez de Melilla se refieren a una posible adjudicación directa en la designación del abogado Juan Jesús Olivares, con infracción de la legislación vigente en el momento. “Resulta conveniente continuar la investigación sobre estos hechos y sobre la participación en los mismos del aforado Juan José Imbroda, y siendo competente para ello esta Sala, procede acordar la apertura del correspondiente procedimiento”.

España
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