El caso Bárcenas, a un paso de cerrarse sin pruebas contra el PP

El caso conocido como 'papeles de Bárcenas' toca su fin. En las próximas semanas, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz va a cerrar la instrucción una vez que ya tiene todas las pruebas encima de la mesa. Dos años de investigación y un asunto que ha tenido en jaque al PP por su caja B va a concluir, si no hay sorpresas de última hora, muy diluido. Ningún dirigente del partido ni tan siquiera la formación en sí tendrían que afrontar un juicio a pesar de que el instructor haya ratificado que el PP ha tenido durante casi dos décadas una contabilidad paralela. La falta de leyes que regulen la financiación ilegal y la inexistencia de pruebas contundentes en el proceso va a dejar el caso reducido a la mínima expresión.

Las principales pruebas existentes se centran en el arquitecto que realizó la obra de la sede del PP. La Agencia Tributaria ha concluido que podría haber cometido cuatro delitos fiscales -uno de ellos prescrito- por cobrar parte de la reforma en negro y no declararlo a Hacienda. El nombre de Gonzalo Urquijo y el de su empresa Unifica salieron de refilón como uno de los beneficiarios de los apuntes del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y al final va a ser el más perjudicado, tras detectarle irregularidades fiscales, según confirman a El Confidencial fuentes del caso.

El propio Bárcenas podría ir acusado como cooperador necesario de los delitos fiscales de Urquijo, junto con su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, quienes, según fuentes jurídicas, habrían alentado al arquitecto a cobrar en negro y sin factura, tal y como el propio Bárcenas aseguró en una declaración ante el juez. Lapuerta también tendrá que responder por un delito de apropiación indebida por usar dinero de la caja B del PP para comprar acciones del medio de comunicación Libertad Digital y luego no devolver esa cantidad a la contabilidad paralela del partido. Aunque estaría por ver si se puede acusar a una persona de apropiarse de un dinero que el propio perjudicado no reconoce tener -desde el momento que el PP ha negado en todo momento la existencia de una caja B-, aún así, el extesorero no llegaría a juicio por su delicado estado de salud y fuentes del proceso dudan mucho que un tribunal le juzgue ante su avanzada edad y las muestras de empeoramiento.

Estas fuentes aseguran que con las pruebas en la mano no se puede sentar en el banquillo a nadie más. Una constatación de que el caso no ha podido ir más allá es que nadie ha dimitido dentro de las filas del PP. La veintena de empresarios imputados, entre ellos los presidentes de las principales constructoras de este país, como OHL o Sacyr Vallehermoso, previsiblemente quedarán sobreseídos si Ruz tiene en cuenta los informes periciales que afirman de manera taxativa que no se puede vincular las donaciones que hicieron al PP con posibles adjudicaciones de contratos concretos en determinadas administraciones tanto locales como autonómicas e incluso estatales cuando gobernaba el PP. Según la Intervención General del Estado, estas compañías reciben contratos diariamente con distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE.

Posible archivo de los empresarios donantes

Aunque se den por buenos los papeles de Bárcenas, donde aparecían donaciones de empresarios superiores a las permitidas por ley, por lo único que se les podría perseguir es por los delitos de cohecho o tráfico de influencias y ninguno de éstos ha podido quedar demostrado con las pruebas analizadas en el proceso judicial, además de que probablemente estaría prescrito. En las últimas semanas, varios de estos imputados han solicitado el archivo de su imputación. Desde la Fiscalía Anticorrupción se iba a informar favorablemente ante la falta de pruebas pero a la vista de que el caso ya llega a su fin se ha decidido esperar a que Ruz resuelva todo en un mismo auto de conclusión, según fuentes jurídicas.

De las filas del PP, él único que se encuentra imputado, además de los dos extesoreros, es el exministro y exsecretario general del partido, Ángel Acebes. Ruz le imputó a última hora por un delito de apropiación indebida por omisión por la compra de acciones de Libertad Digital con el dinero de la caja B. Sin embargo, tras tomarle declaración el magistrado ya decidió sobreseer su situación en la pieza principal del 'caso Gürtel', en el que estaba imputado por los mismos hechos. Así que lo más seguro es que también lo archive en la pieza separada, teniendo en cuenta que la imputación estaba duplicada.

Con este escenario encima de la mesa, se podría dar la situación que únicamente Bárcenas y Urquijo respondieran penalmente por este caso, que sería enjuiciado por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado por un único magistrado, y no por un tribunal compuesto por tres magistrados, lo que aceleraría su celebración a este año, según fuentes del caso. Pero todo esto, a expensas de que Ruz, en las próximas semanas, valore todas las pruebas que tiene y decida a quien procesa.

También le quedaría por decidir qué hace con la parte de la investigación que afecta al Ayuntamiento de Toledo, por un supuesto amaño en el contrato de basuras concedido a Sufi, filial de Sacyr, y que según Bárcenas, la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, intermedió, por 200.000 euros, para que se le entregara a esa empresa. Según fuentes del caso, el instructor podría enviar el asunto a la justicia castellano-manchega al no ser competente para investigarlo.

El PP se beneficia de la falta de leyes

A lo largo de estos dos años de investigación, después de que en febrero de 2013 saliesen a la luz los papeles redactados durante años por Bárcenas con la entrega de dinero por parte de empresarios y el pago de sobres a dirigentes del partido fuera de la contabilidad oficial, tanto Ruz como la Fiscalía Anticorrupción dan por constatado que en el PP se ha manejado una caja B no declarada al Tribunal de Cuentas.

El juez lo ha dado por hecho en varias de sus resoluciones. Los 'papeles de Bárcenas' han demostrado que el partido que gobierna el país no hizo constar todas las donaciones que recibió. Esta conducta podría calificarse de financiación ilegal, que no está tipificada en el Código Penal como delito. Es decir, aunque la Justicia tenga indicios de su existencia no puede ser perseguido por los tribunales hasta que no se modifique la legislación.

Este caso hace recordar al de Filesa, por la financiación ilegal del PSOE. En este asunto, finalmente hubo ocho condenas y ninguna fue por una financiación irregular sino por otros delitos como falsedad en documento mercantil, asociación ilícita o apropiación indebida, entre otros. Además, en el caso de 'papeles de Bárcenas', el PP se ha beneficiado de otras lagunas legales. Hasta la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas no eran responsables penales. Por lo tanto, un partido, que no se trata de persona física si no jurídica, no podía ser juzgado como tal hasta la fecha de la reforma. Y precisamente, los papeles de Bárcenas recogen pagos hasta 2009. A partir de ese momento, no hay constancia del cobro de donaciones ilegales.

Los investigadores del caso han estado incluso analizando la posibilidad de imputar al partido, a través de alguno de sus responsables, un delito contable por el abono al arquitecto de 880.000 euros en concepto de uno de los pagos por la obra -el resto de pagos a Urquijo no llegan a la cuantía exigible para el delito contable-. Este pago se realizó en 2008 y, hasta la reforma del 2012, este delito prescribía a los tres años y, por tanto, también quedaría excluido.

El único que podría haber hecho algo es el Tribunal de Cuentas, que puede sancionar administrativamente a un partido por financiación irregular. Sin embargo, en su caso hay una prescripción de cuatro años, que se cumplió en 2013 sin que el órgano iniciara ninguna investigación.

Última prueba, esta semana

Tanto juez como fiscal han estado esperando a que la Agencia Tributaria entregara su informe definitivo sobre la existencia de delitos fiscales en el caso. Los peritos han apuntado como posible autor de tres delitos al arquitecto de la reforma de la sede pero, sin embargo, no apunta como responsable de estos delitos al PP, a pesar de que se da por hecho que se realizaron pagos desde la caja B.

Esta semana, Ruz ha citado a los peritos tanto de la Intervención General del Estado como de Hacienda para que ratifiquen sus informes. Es la última oportunidad tanto de las acusaciones como del resto de las partes, para intentar que estos funcionarios inculpen al partido alguna responsabilidad penal. En el caso de mantenerse fieles a sus informes, Ruz dará por concluido el caso, que quiere cerrar antes de marcharse de la Audiencia Nacional el próximo mes de marzo.