La Policía pidió la declaración de Revenga, Moratinos y Legaz por el 'pequeño Nicolás'

Dos semanas después de su detención, Asuntos Internos solicitó por escrito al Juzgado de Instrucción número dos de Madrid que tomara declaración a todos los políticos y empresarios que pudieron haber facilitado algún tipo de ayuda al ‘pequeño Nicolás’. Entre las personas que la Policía creía que debían explicar en sede judicial qué tipo de relación mantuvieron con el joven impostor están el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos y el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga. Sin embargo, el juez instructor del caso, Arturo Zamarriego, no ha tomado declaraciones a ninguno de ellos.

Cuando Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue detenido el 14 de octubre, desmenuzó en sede policial durante más de siete horas los nombres y cargos de todas las personas –políticos y empresarios– que supuestamente trabajaban con o para él. Para verificar si el chaval realmente había colaborado alguna vez para el Gobierno, CNI o Casa Real, como él mismo trató de demostrar en su declaración, la Policía consideró oportuno que el juez tomase declaración a todos los presuntos implicados en este caso.

Munguira, Untoria, Ballarín, Boto...

Además de Legaz, Moratinos y Revenga, que siempre han rechazado haber mantenido una estrecha relación con el joven y hasta conocerle, la sección de Asuntos Internos pidió la comparecencia de Juan Munguira, vocal asesor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que explicase la veracidad de “ese posible apadrinamiento tanto en las presentaciones del imputado como a los puestos o cargos a los que aspiraba, así como las reuniones oficiales mantenidas, documentos e informaciones facilitadas entre ambos”. La Policía también quería indagar qué relación mantenía el chico con el letrado Juan Untoria, abogado del empresario Javier Martínez de Lahidalga, el único perjudicado al que el juez ha llamado a declarar por una supuesta estafa que el pequeño Nicolás ha desactivado in extremis este mismo mes devolviéndo los 25.000 euros que le sacó a cambio de unas falsas gestiones ante la Vicepresidencia del Gobierno.

La Policía también quiso que la jefa de gabinete de Félix Sanz Roldán, director del CNI, ofreciera las explicaciones pertinentes. En concreto, “qué tipo de relación, duración, condiciones y tipo de actividad de dicha relación, así como si en alguna ocasión el imputado pudiera haber dispuesto de documentación o información del Centro Nacional de Inteligencia”. Asimismo, además de citar al número dos de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande, y a sus escoltas, el fiscal pedía llamar a otros dos concejales de la capital que también se han visto salpicados por los pruebas que han acumulado los investigadores desde que estalló el escándalo hace tres meses. Se trata de Álvaro Ballarín y Luis Miguel Boto, concejales de Moncloa-Aravaca y Chamartín, respectivamente, las personas que a juicio de los agentes pudieron autorizar el uso de medios públicos para disfrute personal del chico (“escoltas, chóferes y vehículos oficiales”).

De los empresarios que el joven presumía de conocer, Asuntos Internos sólo solicitó la declaración de unos pocos. Entre ellos, el director del gabinete del antiguo presidente de Renfe, Enrique Peña, con quien supuestamente mantuvo el joven una estrecha amistad; y Ángel Martín, propietario de la constructora ACO, la compañía que pagó durante un año el chalet de lujo que el joven utilizaba como centro de operaciones en el barrio de El Viso. La Policía quería que Martín prestara declaración para averiguar si existe algún tipo de dependencia entre su empresa y Edhinor, dedicada a realizar obras públicas, “y de la que en el registro del imputado se intervino numerosa documentación”.

Empresarios implicados

El ‘pequeño Nicolás’ también declaró en sede policial que conocía a Javier de la Rosa. La Policía pidió por ello que este contara “cómo y quién les presentó, qué reuniones mantuvieron y quién más estaba presente”, así como que aclarara los documentos que ambos intercambiaron, sobre todo, los que tienen relación con José Luis Núñez Clemente y José Luis Núñez Navarro, cuya declaración también se solicitó.

La Policía incluye en su exhaustiva petición a Arturo Fernández, presidente de la Patronal CEIM; a Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat; a la empresaria Catalina Hoffman, y a los Villar Mir (padre e hijo). Por último, a Jorge Cosmen, presidente del grupo de transportes ALSA, se le quería interrogar por haber sido testigo directo “tanto de la presentación como del contenido de las conversaciones” que Nicolás mantuvo en la ya célebre visita a Ribadeo. Pese al escrito que la Policía envió, de momento no se ha recogido el testimonio de todas las personas arriba citadas y que podrían contribuir a esclarecer el estrambótico caso que envuelve al ‘pequeño Nicolás’. Al menos por ahora, esta larga lista de políticos, empresarios y abogados no han pasado aún por los Juzgados de Plaza de Castilla.