La etarra Idioa Martínez, condenada a 30 años de cárcel por un asesinato en 1994

La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de cárcel a la etarra Idioa Martínez García, alias 'Alba', al considerar que participó en el atentado con bomba lapaorganizado por la banda terrorista ETA en el que murió el teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera, que se produjo el 23 de mayo de 1994 en Madrid.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que atribuye a la acusada un delito de atentado terrorista y dos de lesiones, considera probado que la acusada formaba parte del 'comando Madrid' de ETA que, tras someter a vigilancia al teniente, adosó en su vehículo un artefacto cargado con dos kilos de amosal y pentrita. También acuerda que la terrorista indemnice a los hijos de Peralta con medio millón de euros.

El militar, que tenía cuatro hijos cuando ocurrieron los hechos,trabajaba en el cuartel de Ingenieros. La mañana del atentado llevó a una de sus hijas al colegió y viajó en el vehículo desde su domicilio, situado en la calle Lineo, hasta el kilómetro 6 de la carretera de Extremadura (N-V), donde la bomba explotó sobre las 8.40 horas.

A consecuencia de la explosión el teniente Peralta murió en el acto y dos conductores que circulaban junto a su vehículo sufrieron heridas de diversa consideración. Para materializar su huida, una vez colocado el explosivo, los miembros del 'comando' utilizaron un Volkswagen Polo que habían sustraído unas horas antes en la calle Provencio de la capital.

Un magistrado pide la absolución

Como principales pruebas los magistrados de la mayoría Ángel Hurtado y Julio de Diego valoran la declaración ante la policía que realizó el miembro del 'comando Madrid' Mikel Azurmendi Peñagaricano, el hallazgo de huellas de la procesada en una vivienda que fue ocupada por los etarras y la descripción que realizaron varios testigos, que se ajusta a la de la acusada.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que defiende que "no existe prueba de cargo suficiente" contra Idoia Martínez, ya que la declaración de Azurmendi no fue "ratificada judicialmente".

La etarra, que se enfrentaba a una petición de pena de 55 años de cárcel, se negó en el juicio a contestar las preguntas del fiscal Vicente González Mota; de la acusación particular, ejercida por la esposa y la hija de la víctima; y de la popular, que correspondía a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). "Por motivos de seguridad nunca sabía ni lo que se iba a hacer ni quién lo hacía", aseguró a preguntas de su abogado.