La imputada en Gürtel que se quitó la vida denunció ser víctima de un Estado policiaco

María del Mar Rodríguez Alonso apareció muerta en un hotel de Bilbao el pasado martes. Se había quitado la vida. Era la mujer del portavoz adjunto del PP en el Senado, Tomás Burgos Beteta, y estaba imputada en el caso Gürtel por cohecho, blanqueo, falsedad documental, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias. Según el documento en poder de este diario, el último recurso de Rodríguez Alonso denunciaba sentirse víctima de un “Estado policiaco” que le perseguía por unos delitos que ella aseguraba no haber cometido, y le acusaba de hechos falsos.

En su recurso contra el auto de transformación dictado por el juez de la Audiencia Nacional, la defensa de María del Mar Rodríguez Alonso alegaba que no se puede “convertir España en un Estado policiaco, en el que todo el mundo esté bajo sospecha, y en el que los ciudadanos nos encontremos permanentemente en una especie de 'libertad vigilada'”.

Aunque reconoce que hay que luchar contra la corrupción que tanto daña las instituciones públicas considera que las investigaciones abiertas se están excediendo en sus objetivos. “Los poderes públicos han de garantizar, con toda firmeza, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas”, insiste.

La mujer del senador 'popular' estaba imputada porque a la empresa de la que era administradora, MR Asociados, se le concedió un contrato para la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón cuando Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra de Sanidad, Ana Mato, era alcalde. La adjudicación se hizo prescindiendo “absolutamente” de la normativa de contratación y se le concedió a MR Asociados al ser ésta realmente una sociedad pantalla o interpuesta. Quien realmente estaba detrás era el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y se hizo con la “connivencia” de Rodríguez Alonso.

Acusaba a juez y Policía de vulnerar la ley

Su abogado, que pedía el archivo de la causa respecto de su clienta, acusaba a la Policía de tomarla declaración como testigo sin la presencia de abogado para utilizar esas manifestaciones para imputarla. Igualmente, declaró ante el instructor “desconociendo por completo qué se le imputaba, al no haberle sido notificado, previamente, el auto que acordó recibir la declaración en calidad de imputada”.

A juicio del letrado, ambas cosas “vulneran flagrantemente” el derecho de defensa de la mujer del senador. Por otro lado, las imputaciones vertidas en el auto por el que Ruz cerraba la instrucción, “no son ciertas, siendo preciso recordar que 'verita, non auctoritas, facit iudicium (la verdad, no la autoridad, hace el juicio)”.

La explicación que Mari Mar daba de los hechos era que después de recibir la adjudicación del contrato, obtenido con todas las licencias necesarias y acogiéndose al reglamento, sólo tenía 13 días para preparar la organización debido al retraso del Ayuntamiento en notificar esa adjudicación. Por el escaso tiempo que tuvo para la preparación decidió contratar los servicios de Special Event, compañía de Correa que, a su modo de ver, lideraba el sector en esos momentos.

“Esta razón (la tardanza en comunicar la adjudicación) y ninguna otra, fue la que obligó a MR Asociados a contratar urgentemente a otras empresas para cumplir con la organización del Congreso en tiempo y forma,pero no hubo connivencia, ni se actuó de pantalla”. Según el abogado defensor, Rodríguez Alonso había sido imputada injustamente porque el contrato que se le adjudicó era público y cualquiera pudo presentarse.

“Lo único verdadero y cierto es que si una empresa no se presenta es porque no le interesa. Bien por ser insuficiente el presupuesto de licitación. O bien por ser grande la dificultad de ejecución. ¿A qué extremo se quiere llegar en esta causa hasta el punto de imputar a mi mandante por el hecho de que fuese la única en presentarse a un concurso público? ¿No constituye esto un alto grado de perjuicio?”, se pregunta en su recurso.

Sin embargo, el recurso de Mar Rodríguez Alonso no prosperó. El fiscal calificó los hechos y Rodríguez Alonso fue imputada junto a otros cuarenta investigados: el Ministerio Público solicitó para ella dos años y seis meses de prisión. Días más tarde aparecía muerta en un hotel de Bilbao.