Dinero público para las 'otras' religiones: dónde, cuánto y por qué

El Islam es la segunda religión en España después del catolicismo. Su comunidad, formada por millón y medio de musulmanes, se agrupa en torno a las más de 1.400 entidades que tiene inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. Pero, más allá de los grandes mecenas, dispone de vías de financiación públicas, al ser notoria su amplia difusión en la población. Y, como toda organización que goza de apoyo estatal, ha sufrido las consecuencias del tijeretazo presupuestario de los últimos años.

Dejando a un lado los fueros de los que goza la Iglesia católica, que una confesión religiosa en España obtenga ayudas y goce de ventajas fiscales depende del estatus oficial que el Estado le haya reconocido. Ricardo García, subdirector de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, explica a El Confidencial que a la hora de hablar de religiones cabe distinguir entre las que tienen acreditado un 'notorio arraigo' o han firmado un acuerdo de cooperación con el Estado y las que no. En ese sentido, el Islam tiene concedido ese 'notorio arraigo' desde 1989, gracias a un dictamen favorable de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

"Hay que decir que la religión islámica está presente en España desde el siglo VIII, con una difusión muy importante [...] que se mantiene ininterrumpidamente hasta nuestros días", reza el dictamen. Por otro lado, dispone de un amplio acuerdo de cooperación con el Estado que data de 1992. No es un caso aislado: España también ha otorgado un reconocimiento oficial tanto a la confesión judía y la evangelista, en un primer momento, como a la ortodoxa y la mormona años después.

Subvenciones públicas y exención de impuestos

"Una confesión religiosa tiene dos vías de financiación –aclara García–. La directa, vía subvenciones, y la indirecta, vía exenciones de impuestos". De la financiación directa el Estado se encarga a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, un ente de capital 100% público dependiente del Ministerio de Justicia. Y según las memorias que publica esta fundación, la comunidad musulmana, representada por la Comisión Islámica de España (CIE), ha visto reducir su financiación directa un 60% entre 2011 y 2014, tal y como se observa en el primer interactivo. El recorte ha sido mayor que en el caso de la comunidad judía y la evangélica.

La Fundación Pluralismo y Convivencia ofrece, además, otra posibilidad de financiación. Se trata de las subvenciones de la llamada "Línea 2", la cual otorga ayudas a proyectos concretos de las comunidades religiosas a nivel local. Los proyectos candidatos deben pasar por un proceso de selección y su ejecución es auditada por la Intervención General del Estado, de forma que si las propuestas premiadas no llegan a buen puerto la comunidad debe devolver hasta el último céntimo. Los importes de las ayudas de la Línea 2 son más bien bajos: de media, unos 3.000 euros anuales por proyecto.

Sumando estas dos líneas de ayudas directas, el conjunto de comunidades islámicas pasó de recibir 1,9 millones de euros de dinero público en 2011 a los 345.000 euros que deberá gestionar este año. Mounir Benjelloun, presidente de la Comisión Islámica de España y de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), considera que su religión recibe un trato discriminatorio con respecto a la católica: "Llevamos reclamando desde hace muchísimos años tener casilla propia en el IRPF [incluye también a la comunidad evangélica, que persigue la misma equiparación], pero no hemos tenido ninguna respuesta por parte de Hacienda". Este tipo de ayudas, señala Benjelloun, no supone un factor diferencial para las distintas comunidades islámicas, que se autofinancian gracias a la aportación de los fieles.

La merma de dotación de ayudas públicas de la fundación ha afectado de forma similar a los evangélicos, que recibirán este año un total de 384.000 euros, una cuarta parte de lo que se les asignó en 2011. La misma situación se repite con las comunidades judías de España.

A las subvenciones más o menos cuantiosas que el Estado reserva para estas religiones hay que añadir la financiación indirecta, que no es otra cosa que el ahorro que supone el no tener que pagar determinados impuestos gracias a que tienen un estatus especial de cara a Hacienda. Así, las religiones de notorio arraigo disponen de una fiscalidad similar a la de la Iglesia Católica, con unas particularidades a la hora de pagar tributos que vienen reguladas en la Ley de Mecenazgo de 2002. Según esta ley, y como norma general, las entidades sin fines lucrativos -como son las religiosas- están exentas del pago del Impuesto de Sociedades (IS), del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI), y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Pero hay excepciones. Una librería de divulgación religiosa propiedad de una comunidad religiosa local, por ejemplo, no tiene que pagar IS. Pero una finca olivarera como esta, propiedad de la Comunidad Islámica en España, sí. Y en el caso de que alguna de estas comunidades recibiera donativos desde otro país –concluye García–, la transferencia es considerada, a efectos fiscales, como una inversión extranjera.