El PSOE compite con IU (y Podemos) por separarse del plan anticorrupción de Rajoy

El curso parlamentario retoma su actividad con el PSOE empeñado en marcar distancias con el Gobierno hasta en aspectos de las medidas anticorrupción medio pactadas el año pasado. En el caso del proyecto de nuevo estatuto del alto cargo, los socialistas incluyen ahora nuevas exigencias para un acuerdo, como la reducción de los aforados que tendría que tramitarse en otras leyes. Izquierda Unida presiona por su lado con planteamientos maximalistas para encabezar un frente contra el Ejecutivo con el fin de presentar al PP como “el partido de la corrupción”.

El Congreso, pese a estar en periodo de vacaciones oficiales, despacha estos días en trámite de ponencia las leyes que el Gobierno llama de “regeneración democrática” y que presenta como ofensiva política para combatir mejor y prevenir los casos de corrupción. Se trata de una reforma del Código Penal en la parte que afecta a la tipificación de los escándalos, de la ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos y del estatuto del cargo público de la Administración General del Estado.

Pedro Sánchez ha descartado cualquier acuerdo global con el PP sobre medidas anticorrupción, pero en el Grupo Popular esperaban que los socialistas mantuvieran su apoyo a muchos aspectos de los textos en trámite (llevan en el Congreso desde marzo pasado) ya hablados con el PSOE en los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Las últimas reuniones de las ponencias previas al debate en comisión y pleno dejan poco margen para cualquier pacto sobre cualquier aspecto.

Izquierda Unida sí esperaba algún entendimiento PP-PSOE para presumir de contundencia en la labor de oposición y ganar en protagonismo a los socialistas. Ambos compiten en el mismo sector del electorado con el movimiento de Podemos.

El ponente socialista, Antonio Pradas, sostiene que su grupo está muy lejos de cualquier acuerdo con los populares. De hecho, puso sobre la mesa nuevas exigencias, como añadir a los textos en trámite “compromisos” para la reducción de aforados (los parlamentarios lo son por la Constitución) y que los cargos públicos (también los electos como diputados y senadores) sean “suspendidos” en el momento que resulten imputados en juicio oral dentro de un caso de corrupción.

El diputado socialista fijó en esos puntos, que tocan la Constitución y otras leyes orgánicas ajenas a las reformas en marcha, las “líneas rojas” que el PSOE ha decido no pasar para pactar con el Gobierno. IU, que ya tiene el discurso preparado ante cualquier posible acuerdo PP-PSOE, propugna una campaña para dejar solo al Grupo Popular (y a su mayoría absoluta) con la teoría de que pactar medidas con ellos sería “dar el visto bueno a la trama Gürtel”, según dice el ponente de Izquierda Plural Joan Josep Nuet.

IU propone en el estatuto del alto cargo algunas de sus medidas de siempre, y que ahora Podemos ha puesto más de moda con el término de las “puertas giratorias”, para prohibir las relaciones entre los políticos y las empresas. Según el grupo de izquierdas, a los cargos públicos que cesen en sus funciones no se les debe permitir volver al ámbito privado que hayan tocado durante su etapa en la política hasta que pasen 15 años.

El único grupo parlamentario que parece dispuesto a apoyar el proyecto del Gobierno es el de CiU, una vez aclarado que (como figura en el título del texto) la nueva normativa sólo afecta a la Administración General del Estado y no a los altos cargos de la Generalitat.