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El Gobierno reacciona ahora contra la yihad pero tiene congeladas las leyes para frenarla
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temor al retorno de decenas de islamistas

El Gobierno reacciona ahora contra la yihad pero tiene congeladas las leyes para frenarla

El ministro mostró ayer su colaboración con Francia y el secretario de Estado pidió recientemente contundencia en Europa mientras en España congelan los cambios

La reforma legal que ayudaría a impedir la entrada en territorio español de decenas de compatriotas que se han marchado a Siria e Irak para unirse a las filas del Estado Islámico o Daesh no termina de arrancar. Los expertos en la lucha antiterrorista están preocupados por la pasividad que ha demostrado hasta ahora el Gobierno para poner en práctica estos cambios legislativos cruciales que en países como Alemania abordaron hace tiempo ante el peligro inminente de que esos combatientes regresen a Europa.

El riesgo se concentra en los yihadistas internacionales nacidos en la UE, que disponen del documento de identidad necesario para saltar entre las naciones del Viejo Continente sin ser detectados. Algunos de ellos ya han empezado a regresar a sus casas, pero la gran mayoría continúa luchando en los distintos escenarios bélicos de Oriente Próximo. Los expertos advierten de que el final de estos conflictos armados o un simple paréntesis en su evolución podrían provocar el regreso en masa de muchos de estos fanáticos.

Algunos países ya se han preparado por si se materializa esa amenaza, pero España aún no ha hecho los cambios necesarios para perseguir con mayor efectividad el fenómeno. Fernández Díaz aseguró el pasado verano que el Gobierno está trabajando en “una reforma transversal de la legislación” con el fin de dar respuesta a la amenaza yihadista. Anunció que los cambios afectarían al Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Extranjería y el Código Civil.

Adoctrinamiento pasivo

La prioridad de Interior es definir “mejor” el delito del denominado adiestramiento pasivo, que tiene lugar en las prisiones, en los centros de culto o a través de las redes sociales. Los nuevos artículos también penalizarán la autorradicalización islamista, la incitación a la comisión de actos terroristas y la apología en internet, y prohibirán, por último, tanto la entrada de combatientes retornados como la salida de potenciales yihadistas. Asimismo, los condenados por delitos de terrorismo se expondrán a la pérdida de la nacionalidad española.

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Mientras que se tramita la reforma, el Ministerio del Interior ha decido poner en marcha con carácter de urgencia una batería de medidas para responder al ataque terrorista que golpeó este miércoles el corazón de París. Fernández Díaz anunció que su departamento ha decidido elevar el nivel de alerta antiterrorista del grado 2 alto al grado 3 bajo. La medida supone la dedicación de un mayor número de efectivos policiales a la protección de infraestructuras calificadas como críticas. El catálogo de edificios e instalaciones sometidos a esa seguridad extraordinaria estará listo en las próximas horas. Además, se intensificará la actividad investigadora de los agentes expertos en terrorismo yihadista de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La decisión de elevar un grado el nivel de alerta se comunicó este miércoles después de que todos los responsables de la lucha antiterrorista se reunieran con Fernández Díaz para analizar las consecuencias del ataque contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Interior teme que se produzca en España un "efecto emulación" provocado por la enorme repercusión mediática que ha conseguido el atentado en Francia.

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Por lo pronto, el ataque ya ha salpicado de algún modo a España. Las Fuerzas de Seguridad nacionales han sido advertidas por la Policía francesa de que los tres presuntos autores del atentado podrían haber entrado en suelo español en un Renault Clio de color gris con matrícula gala 157 NBZ 75. La comunicación se cursó a última hora de este miércoles a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera hispanogala situado en la localidad francesa de Melles-Pont du Roy. Los tres sospechosos serían los hermanos Said (nacido el 9 de septiembre de 1980) y Cherif Kouachi (29 de noviembre de 1982), y Hamyd Mourad (8 de julio de 1996). Al menos los dos primeros habrían nacido en el centro de París. El tercero, de 18 años, se habría entregado a la policía en la localidad de Charleville-Mézières, junto a la frontera con Bélgica, tras haber visto su nombre circular en las redes sociales.

Los servicios de información del país vecino recuerdan que van armados y son altamente peligrosos. "Por el modo de actuar parece que se trata de un grupo que posee entrenamiento militar. Aunque hay muy poca información, podemos apreciar algunos detalles como la excelente puntería y el manejo del AK-47 tanto cuando lo usa como cuando está inactivo", señala Alberto Priego, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. "Uno de los dos terroristas, cuando deja de usar el fusil, se lo coloca en el pecho tal y como lo haría un soldado profesional. La forma en la que se despliegan por la calle también hace pensar que pueda tratarse de excombatientes", apunta el académico.

Otros expertos consultados han subrayado el hecho de que portaran cargadores de recambio para sus armas, de que se cubrieran unos a otros y la facilidad con la que dispararon en movimiento, un tipo de técnica que sólo se adquiere y se utiliza en el campo de batalla. Los tiradores expertos de las Fuerzas de Seguridad reciben habitualmente adiestramiento para disparar parados. Si las sospechas se confirman, la vuelta de combatientes terminará de consagrarse como la mayor preocupación de los Ejecutivos occidentales.

Aviso de la CIA

Como adelantó El Confidencial el pasado 31 de diciembre, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos avisó antes de Navidad a sus aliados europeos de que el terrorismo internacional estaba tratando de perpetrar atentados en el Viejo Continente. La advertencia ya llevó a la Guardia Civil a pedir hace tres semanas a toda su plantilla que extremara la atención ante la posibilidad de que se pudiera ejecutar un ataque islamista en suelo español.

Según fuentes policiales, más de un centenar de radicales con nacionalidad española ha cruzado ya la frontera para unirse a la causa yihadista del Estado Islámico, el doble de la última cifra oficial manejada por el Gobierno. Otras fuentes de la lucha antiterrorista elevan aún más la cifra. Por el momento, sólo unos pocos han regresado de ese viaje, según los medios policiales consultados. No obstante, los expertos admiten que algunos yihadistas podrían haber vuelto a España sin ser detectados.

Una inquietud de todo el continente

Los peligros del yihadismo y su amenaza sobre los intereses europeos han sido asuntos recurrentes durante los últimos meses en la Unión Europea. El pasado 5 de diciembre, por ejemplo, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, habló durante un Consejo de Ministros de Justicia e Interior celebrado en Bruselas de la necesidad de implementar medidas urgentes para luchar contra este terror y anunció que España se disponía a emprender una profunda revisión de su legislación.

En octubre pasado, por otro lado, en una reunión similar, los ministros (encabezados por los representantes de Francia, España y Alemania) propusieron abiertamente establecer un registro de nombres y datos de los pasajeros, tal y como ya existe en Estados Unidos, con el fin de controlar los movimientos de esos combatientes fanáticos que abandonan Europa para unirse al Estado Islámico. Asimismo, la Comisión Europea, ya se reunió con los representantes de las compañías que gestionan las redes sociales más utilizadas para tratar de poner freno a la propaganda yihadista en internet.

La reforma legal que ayudaría a impedir la entrada en territorio español de decenas de compatriotas que se han marchado a Siria e Irak para unirse a las filas del Estado Islámico o Daesh no termina de arrancar. Los expertos en la lucha antiterrorista están preocupados por la pasividad que ha demostrado hasta ahora el Gobierno para poner en práctica estos cambios legislativos cruciales que en países como Alemania abordaron hace tiempo ante el peligro inminente de que esos combatientes regresen a Europa.

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