La Fiscalía se opone a archivar la causa a Lapuerta al tener prueba de desvío de fondos

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al sobreseimiento solicitado por el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, en el caso Gürtel al haber diversa documentación que le implica. Su abogado había alegado dos razones. La primera, su delicado estado de salud, a lo que el Ministerio Público le recuerda que no es el momento procesal para solicitarlo, lo podrá hacer cuando llegue el momento del juicio. En ese momento, será el tribunal el que estime si ante su débil salud queda excluido de ser enjuiciado y condenado.

Por otro lado, su defensa, que representa el abogado Cristóbal Martell, pidió el archivo al entender queno hay indicios que acrediten que Lapuerta se apropió indebidamente de fondos del PP para comprar acciones de Libertad Digital, hecho por el que está imputado y la Fiscalía ha pedido que se siente en el banquillo de los acusados.

Este extremo se investiga tanto en el caso Gürtel como en la pieza separada conocida como papeles de Bárcenas. La Fiscalía sospecha que tanto Lapuerta como su sucesor en la tesorería, Luis Bárcenas -actualmente en prisión- utilizaron fondos de la caja B del PP para comprar acciones de un medio de comunicación, que posteriormente vendieron y no reingresaron la cantidad a la caja oculta del partido.

Lapuerta ha sostenido en todo momento que esas acciones las compró con su dinero y que no se le puede imputar un delito de apropiación indebida porque es necesario que haya un perjudicado. En este caso, sería el PP pero como el dinero se sacó de la caja B tendría que reconocer que se sacó dinero de una caja ajena al conocimiento del Tribunal de Cuentas. Para demostrar que el partido que preside Mariano Rajoy no se siente perjudicado y, por tanto, no se da la premisa para acusar de apropiación indebida, la defensa de Lapuerta solicitó que se le preguntara a la formación si de sus cuentas habían sido desviados fondos y si los reclamaba. Sin embargo, la Fiscalía ya se opuso a esta diligencia al considerarla innecesaria por existir suficientes pruebas al respecto.

En el escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y al que ha tenido acceso El Confidencial, la Fiscalía explica que no es cierto, como pretende alegar la defensa, que el único fundamento contra Lapuerta para señalar este desvió de fondos sea la declaración judicial de Bárcenas. En esa declaración, Bárcenas aseguró que Lapuerta le había comentado que había que comprar acciones de Libertad Digital por orden del partido para ayudar a este medio de comunicación. Ademásde este fundamento, existe “numerosa documentación que sobre esa operación obra en la causa”.

Una documentación que para Anticorrupción “acredita indiciariamente la participación de Lapuerta en esta operación, en la entrega de fondos y en el seguimiento de las transmisiones de las acciones, llegando incluso a suscribir acciones en su propio nombre”. Por estos mismos hechos, el instructor imputó al que fuera secretario general del partido, Ángel Acebes, por apropiación indebida por omisión, es decir, por no controlar que se sacara dinero de la caja y no se devolviera. Sin embargo, después de tomarle declaración decidió sobreseer la causa respecto del exdirigente popular al no existir indicios de que supiera de esta operación y de que tuviera que controlar la gestión de los fondos por parte de los tesoreros.

La Fiscalía tampoco apoya al testaferro de Bárcenas

Entre otras, las fiscales rechazan también la petición de archivo del testaferro de Bárcenas, Iván Yález, quien alegaba que no había indicios acreditados contra él.El Ministerio Público sostiene que los hechos que se le imputan consisten, en esencia, en la ocultación, a partir de 2009, de fondos de procedencia indiciariamente ilícita de Bárcenas.

“El origen presuntamente ilícito de tales fondos ha sido reiteradamente confirmado en distintas resoluciones (…). Así, se ha señalado cómo esos fondos no se relacionan con la actividad lícita de Bárcenas concurriendo indicios de que los mismos proceden de: 1) Comisiones cobradas tanto con motivo de su presunta irregular intervención en adjudicaciones públicas como en consideración al cargo de senador que ocupaba. 2) De presuntas apropiaciones de fondos de entidades en cuya gestión participaba -tanto del Partido Popular como de fundaciones vinculadas a este-”, recoge el informe de la Fiscalía.