Más corrupción, Cristina de Borbón, la Gürtel, ETA: el banquillo judicial en 2015

Existe una idea generalizada de que los casos de corrupción nunca llegan a juicio, que se diluyen por el camino. 2014 ha demostrado que las condenas llegan tarde pero llegan. El expresidente balear, Jaume Matas, la cantante Isabel Pantoja, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el expresidente del Barça, José Luis Núñez, o el del Sevilla, José María del Nido, han ingresado en prisión tras ser condenados por los tribunales correspondientes. Y en 2015, la trayectoria va a ser ascendente. Antes de acabar el año se han cerrado varias instrucciones relevantes y sólo queda pendiente que se fije fecha de juicio.

Sin lugar a dudas, el que ocupará todas las portadas de medios tanto nacionales como internacionales será el juicio a la hermana del Rey Felipe VI, Cristina de Borbón. Será un juicio histórico que podría celebrarse a finales del año que viene. Se sentará en el banquillo de los acusados junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y otros acusados, como su exsocio, Diego Torres, o el propio Matas, por varios delitos relacionados con la corrupción. En el caso de la hija de Juan Carlos I, un tribunal deberá decidir si la condena y la envía a la cárcel por ayudar a su esposo a defraudar a Hacienda a través de la sociedad Aizoon, que utilizaba Urdangarín para desviar fondos obtenidos a través de la malversación de caudales públicos, cohecho o tráfico de influencias.

El caso de la infanta es polémico porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado están dispuestos a acusarla. Sin embargo, Urdangarin, que hasta no hace tanto formaba parte de la Familia Real y posaba con los que fueran durante tres décadas los Reyes de España, tiene más complicado salir absuelto. Anticorrupción presentará una batería de pruebas cargadas de culpabilidad contra el exjugador de balonmano, para quien solicitará veinte años de prisión.

En jaque la gestión en las comunidades autónomas

Otro juicio que podría llegar en 2015 es el del 'caso Gürtel'. Un asunto que lleva planeando sobre la sede del PP ya seis años y que podría llegar a su fin el próximo curso. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ya ha concluido la instrucción y está a punto de dictar la apertura de juicio oral contra varios exalcaldes de la Comunidad de Madrid, exaltos cargos de la Comunidad cuando la presidía Esperanza Aguirre, o el extesorero del PP, Luis Bárcenas, junto con el líder de la trama, el empresario Francisco Correa y sus manos derecha Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes.

El primer 'round' va a ser en Valencia, donde ya está a punto de celebrarse una pieza separada del 'caso Gürtel' conocida como pieza Fitur. Ya se verá en el banquillo en los próximos meses a la expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, la diputada autonómica del PP, Angélica Such, y los cabecillas de la trama Correa, Crespo y Pérez, así como Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo, que ya fue condenado por aceptar regalos de la red en el llamado 'caso de los trajes'.

Otro de los juicios que podría arrancar este año que entra es el 'caso Pretoria', de corrupción urbanística en Cataluña. El juez Ruz ya ha cerrado la instrucción y la Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar la apertura de juicio oral contra once implicados, entre ellos dos exdirigentes de CiU y guardia pretoriana de Jordi Pujol cuando presidía la Comunidad, Macià Alavedra y Luis Prenafeta, junto al exparlamentario autonómico del PSC Luis Andrés García Sáez, alias 'Luigi', y al exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartolomé Muñoz., por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en una trama de corrupción urbanística destapada en 2009 en el área metropolitana de Barcelona.

Estos asuntos reflejan cómo la corrupción ha salpicado a varias comunidades autónomas. Andalucía también ha sido puesta en jaque por el caso de los ERE pero la instrucción dirigida por la juez Mercedes Alaya todavía no tiene visos de concluir lo que la llegada del juicio todavía podría alargarse en el tiempo.

Comienza otro macrojuicio de ETA

Un juicio que comienza en enero es contra el entramado etarra de ANV y PCTV. Estas formaciones políticas fueron en su día ilegalizadas al entender que formaban parte de la estrategia de ETA, antes de que la Justicia ya decidiera legalizar Sortu y permitir a la izquierda abertzale presentarse a las elecciones. Han pasado siete años y ahora sus máximos responsables se tienen que sentar en el banquillo de los acusados por pertenencia a banda terrorista. Serán 35 acusados, entre los que se encuentran los históricos dirigentes de la izquierda abertzale Pernando Barrena y Juan José Petrikorena. Se enfrentan a diez años de cárcel aunque la situación política en el País Vasco es muy distinta a cuando se produjeron estas imputaciones.

Aguirre y el Barça, a un paso del banquillo

Este año también es clave tanto para la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, como para el expresidente del Barça, Sandro Rosell. Podrían sentarse en vista pública. En el caso de la dirigente 'popular', el asunto es penalmente menor, porque si finalmente se estima que hay indicios de delitos sería por desobediencia por fugarse de la Policía mientras era multada por unos agentes de Movilidad. Aunque jurídicamente no está dentro de los delitos graves, políticamente podría dejarle tocada en un momento que se ha postulado abiertamente como candidata para la Alcaldía de Madrid.

En el caso de Rosell y del propio Barça, fuentes jurídicas señalan que la instrucción por un delito fiscal en el fichaje del jugador Neymar da Silva está a punto de concluir. El juicio podría dejar en evidencia que el club deportivo no ha cumplido con sus obligaciones fiscales y tributarias en un fichaje y podría acabar con penas privativas de libertad.

Price, Fórum y Carceller

Tampoco van a faltar los juicios de índole económica. Otros casos que ya se han cerrado con indicios de delito y pendientes de fijar fecha de juicio son la estafa de sellos Fórum Filatélico y Afinsa, y los delitos fiscales de 61 socios de la auditora PricewaterhouseCooper (PwC), por los que se enfrentan a penas que oscilan entre 2 y 14 años y diez meses de prisión.

Uno de los principales empresarios del país. Demetrio Carceller, dueño, entre otras, de la cervecera Damm, podría acabar en prisión, después de que el juez Ruz también haya acordado la apertura de juicio oral para él y para su padre por delito fiscal. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado solicitan catorce años para el empresario que ha tenido que abonar una fianza de 236 millones de euros. El escenario de su padre todavía es peor al enfrentarse a una pena de prisión de 48 años.