Dimiten el ministro, un magistrado del TC y el fiscal general, y las leyes siguen paradas

El año 2014 ha sido convulso para la Justicia. Nunca antes se había visto tanta dimisión junta en tan poco tiempo. Un magistrado del Tribunal Constitucional que tuvo que abandonar el cargo al poco de ser nombrado por ser condenado tras una multa de alcoholemia, un ministro de Justicia forzado a salir del Gobierno por sus discrepancias por la ley del aborto y un fiscal general del Estado que abandona, hastiado por las presiones y las malas jugadas. A todo esto se añade que en los tres años de legislatura no se ha sacado adelante prácticamente ninguna ley en materia de Justicia, algo que el nuevo titular, Rafael Catalá, intenta modificar pisando el acelerador.

El pasado 2 de junio, Enrique López, que llevaba apenas un año en el Tribunal Constitucional, se vio forzado a presentar su dimisión como magistrado después de que el día anterior la Policía Municipal le hiciera un control de alcoholemia después de saltarse un semáforo. Fue condenado en juicio rápido a la retirada del carné de conducir y a una multa económica, dejándole sin otra opción que abandonar su cargo y volver a su puesto de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este hecho provocó una crisis en el tribunal que fue rápidamente resuelta con su salida inmediata y se consiguió que pasara algo más inadvertida al coincidir su dimisión con la abdicación de Juan Carlos I.

El Tribunal Constitucional está compuesto por doce magistrados y es el retiro dorado en el cual gran parte de los magistrados y juristas aspiran a acabar por el prestigio y poder que conlleva. Enrique López lo había conseguido, pero su sueño se desvaneció muy rápido. Al igual que el de Alberto Ruiz-Gallardón, cuyos enfrentamientos con la primera línea del Ejecutivo provocaron el fin de su carrera política –por lo menos en las listas del PP– cuando por fin había llegado a primera línea de la política tras ser nombrado ministro de Justicia. Su lucha sin cuartel por sacar adelante la ley del aborto, que no convencía en la presidencia ni vicepresidencia del Gobierno, acabó a la vuelta de verano con su salida del Ministerio y de la política.

Un ministro enfrentando con toda la carrera

Ruiz-Gallardón no pasó indiferente durante sus tres años al frente del Departamento de Justicia. Aunque las leyes más ambiciosas no las llegó a sacar adelante, sí aprobó alguna que provocó la indignación de toda la carrera judicial, abogacía o procuradores. Las tasas judiciales provocaron un duro enfrentamiento con todos los profesionales de la Justicia, que veían esta medida injusta e incluso inconstitucional por impedir en acceso a la Justicia de muchos ciudadanos. El propio Tribunal Constitucional ya tenía encima de la mesa el debate del recurso contra esta norma cuando Ruiz-Gallardón anunció su dimisión. Su sustituto, Rafael Catalá, en su primer discurso ya anunció que la tasas serían revisadas, quedando bloqueada por ahora la resolución del TC, que prefiere esperar a los cambios de la norma antes de tomar una decisión.

Ruiz-Gallardón había anunciado a bombo y platillo la reforma del Código Penal con la incorporación de la prisión permanente revisable y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de la que planteó profundas reformas en la Justicia como la desaparición de los jueces decanos o los juzgados de instancia, centralizándolos en las capitales de provincia. Ante las duras críticas de toda la carrera judicial, el ministro fue matizando el texto, y su dimisión dejó a medias la ley.

Un fiscal general sin fuerzas para continuar

Desde la carrera fiscal tampoco fue bien visto el trabajo del ministro al ver cómo pretendía reducir medios materiales y humanos a la Fiscalía. Esta fue una de las causas que le provocó enfrentamientos con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que se fue alejando del ministro y de su secretario de Estado, Fernando Román, ante sus continuas injerencias. Esa presión, que no disminuyó con Catalá, le llevó a presentar su dimisión el pasado día 18 ante la sorpresa de muchos.

La gestión del Gobierno ante la consulta soberanista catalana del 9-N fue la guinda del pastel y lo que llevó al ya exfiscal general del Estado a presentar su dimisión unas semanas después. El 2015 va a ser un año de mucha tensión, con varios procesos judiciales de corrupción abiertos coincidiendo con una etapa electoral. Fuentes próximas a Torres-Dulce aseguran que no se vio con fuerzas para afrontar el nuevo curso, con el caso Gürtel, los 'papeles de Bárcenas', todas las investigaciones a la familia Pujol, los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el Tribunal Supremo por el caso ERE y todo lo que pueda venir, y temiendo que pueda ser utilizado como material electoral. Será a la nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a la que le toque lidiar con todos estos asuntos.

Mientras tanto, Catalá se ha propuesto sacar en un año todas las leyes que se habían quedado estancadas con su antecesor. Quiere darle un empujón a la reforma del Código Penal y ya ha aprobado en Consejo de Ministros la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Está pendiente de los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado para comenzar su trámite parlamentario.