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La juez reconoce que aún hay pocas pruebas sobre las comisiones que cobraron los Pujol
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suiza y andorra no colaboran para otros delitos

La juez reconoce que aún hay pocas pruebas sobre las comisiones que cobraron los Pujol

La juez número 31 de Barcelona reconoce que las pruebas a día de hoy dobre las comisiones ilegales de los Pujol son escasas y eso limita la investigación

Foto: El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament. (EFE)
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament. (EFE)

La juez número 31 de Barcelona quiere llegar a las comisiones ilegales que pudo cobrar la familia Pujol por la adjudicación de obras por parte de la Generalitat a empresas ante la sospecha de que la herencia de la que habla el expresidente catalán para justificar el dinero guardado en el extranjero sin conocimiento de la Hacienda española resulta "sospechosa" cuando no hay ningún tipo de documentación ni de rastro para justificarla. Ahora bien, la magistrada reconoce que las pruebas a día de hoy son escasas y por eso, hasta que no haya ninguna evidencia más, la investigación se tiene que limitar a los delitos fiscales y al de blanqueo de capitales.

La investigación por delito fiscal es obvia para la juez desde el momento en que Marta Ferrusola y varios de sus hijos trajeron en julio de 2014 dinero de Andorra a través del Banco de Madrid para regularizarlo, ante las incesantes noticias sobre la posibilidad de que varios de sus miembros tuvieran dinero en el extranjero sin declarar.

Vídeo: Pujol declarará como imputado el 27 de enero

En un auto en el que la juez limita la personación de varias acusaciones populares, al que ha tenido acceso El Confidencial, la instructora aprovecha para explicar que, al traspasar el dinero desde Andorra, su único objetivo era regularizar la situación en cantidades superiores a los 120.000 euros que fija el Código Penal para que exista delito fiscal. "Estos hechos por sí mismos resultan sospechosos de infracción penal por cuanto la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer el importe, la titularidad, origen o gestión del mismo. Todo esto lleva a pensar en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, lo que obliga a comprobar si la mentada regularización se realizó correctamente, e incluso un delito de blanqueo de capitales si no puede esclarecerse el origen de dichos fondos", recoge en su resolución.

Evitar una investigación prospectiva

La instructora explica que sólo puede admitir aquellas querellas que vayan orientadas a los delitos fiscales y de blanqueo de capitales hasta que no aparezcan otras pruebas que permitan acreditar los delitos de prevaricación, cohecho, malversación o falsedad documental. "Hallándonos en los inicios de la investigación sobre dicho patrimonio, no es posible por el momento realizar ninguna otra imputación, por lo que sostener, como se hace en las diversas querellas que se han ido formulando, que ese dinero tiene un origen delictivo, y más concretamente, que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios por parte de la Generalitat de Cataluña, supone, a falta de otros indicios inequívocos o informaciones objetivas, una presunción o un salto cualitativo que no se puede hacer por el momento", puntualiza.

Sin embargo, deja la puerta abierta a poder investigar los otros delitos y admitir la totalidad de las querellas si aparecen más pruebas porque la investigación está en la fase inicial y podría ocurrir cualquier cosa. A la magistrada le resulta "sospechoso" el hecho de que los fondos provengan de una herencia de más de treinta años atrás, tal y como aseguró el propio Jordi Pujol en un comunicado el pasado 25 de julio, "sobre la que no se aporta ninguna documentación". Ahora bien, para poder afirmar hechos delictivos como los que se relatan por los diferentes querellantes, "habrá que aguardar al avance de la instrucción, sin olvidar que no cabe utilizar el proceso penal para llevar a cabo la constatación de unos hechos narrados de forma genérica e imprecisa sin apoyo probatorio alguno, al no estar permitida una investigación prospectiva".

Busca el origen real del dinero

El primer paso claro que ha dado la instructora para avanzar en su propósito es citar al matrimonio Pujol-Ferrusola y a tres de sus hijos para el próximo 27 de enero con el fin de escuchar su versión de los hechos e intentar averiguar la procedencia del dinero. Según se desprende de las distintas resoluciones de la magistrada, la clave es averiguar el origen de los fondos que tienen en el extranjero. De ahí que sea esencial que tanto Andorra como Suiza o Liechtenstein remitan información sobre las posibles cuentas y movimientos de dinero que pudieran tener como titulares o apoderados los miembros del clan. El problema radica en que tanto Andorra como Suiza se han negado a entregar esa información hasta que no haya indicios de otros delitos que no sean los fiscales, al no estar contemplado en sus códigos penales y, por tanto, no existir el requisito de doble incriminación.

En este auto, la juez insiste en que por ahora no tiene más opción que centrarse en el delito fiscal, lo que limita mucho la investigación. El proceso podría derivar en la existencia de otros fondos "de los que pudieran haberse dispuesto el resto de los miembros de la familia Pujol-Ferrusola, e incluso terceros implicados, que no estén siendo ya objeto de investigación en otros órganos judiciales y que se advierta que tienen un origen no justificado, lo cual llevará lógicamente a extender la imputación y con ello, en su caso, a admitir con mayor amplitud las querellas presentadas", concluye.

La juez número 31 de Barcelona quiere llegar a las comisiones ilegales que pudo cobrar la familia Pujol por la adjudicación de obras por parte de la Generalitat a empresas ante la sospecha de que la herencia de la que habla el expresidente catalán para justificar el dinero guardado en el extranjero sin conocimiento de la Hacienda española resulta "sospechosa" cuando no hay ningún tipo de documentación ni de rastro para justificarla. Ahora bien, la magistrada reconoce que las pruebas a día de hoy son escasas y por eso, hasta que no haya ninguna evidencia más, la investigación se tiene que limitar a los delitos fiscales y al de blanqueo de capitales.

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