La Infanta se equivoca de cuenta y no llegan los 600.000 euros al juzgado de Castro

El juez de Palma, José Castro, ha informado a la defensa de la infanta Cristina de Borbón que la cantidad consignada de casi 600.000 euros que pagó como partícipe a título lucrativo no ha podido ser consignada porque se han equivocado de cuenta. Al ordenar el ingreso, la hermana del rey Felipe VI se equivocó en un número y el dinero ha ido a parar a un Juzgado de Barcelona.

De esta manera, Castro no da por válido el dinero que había aportado para evitar su presencia en el juicio como partícipe a título lucrativo, una cantidad que fijó el fiscal anticorrupción tras realizar la cuenta de lo que pudo gastar del dinero que su marido obtuvo de varios delitos, como el de malversación de caudales público o cohecho.

En la providencia, el magistrado no indica si este error se puede subsanar y de qué manera. Mientras que la defensa no lo solucione, el dinero se lo quedará el Juzgado número 15 de Barcelona.

Cristina de Borbón pagó ayer 587.413 euros, cantidad fijada por el Ministerio Fiscal, que requería a la hija de Juan Carlos I que devolviera la cantidad porque, aunque ella no supiera que provenía de actos delincuenciales, es un dinero que consiguió Iñaki Urdangarin a partir de una comisión de varios delitos, como la malversación o el cohecho.

En su escrito de acusación, Pedro Horrach requería que devolviera la cantidad porque, aunque ella no supiera que provenía de actos delincuenciales, es un dinero que consiguió Iñaki Urdangarin a partir de una comisión de varios delitos, como la malversación o el cohecho. El representante del Ministerio Fiscal considera que al ser la Infanta dueña del 50% de la sociedad Aizoon, a través de la cual Urdangarin desvía fondos del Instituto Nóos, ella debe hacerse cargo de la mitad del dinero gastado por la mercantil.

Según fuentes jurídicas, el pago de este dinero no significa que reconozca los delitos cometidos por su marido. Es una cantidad fijada de manera cautelar para evitar ir a juicio aunque podrían darse varias posibilidades. Si su marido fuera absuelto, la Infanta recuperaría el dinero. También puede ocurrir, que los perjudicados de esos delitos, la Comunidad de las Islas Baleares, fijara otra cantidad de la estimada por el fiscal y ese dinero lo tendría que regular el tribunal enjuiciador.

El pago de la cantidad le exime inicialmente y, si el tribunal no dice lo contrario, de su presencia en el juicio en calidad de partícipe a título lucrativo. Sin embargo, todavía está pendiente de que el juez Castro decida si le sienta en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales, tal y como fijó la Audiencia Provincial de Palma. El instructor debe resolver en los próximos días si aplica la 'doctrina Botín', tal y como solicita tanto el fiscal como la defensa, que impide que se puede llevar a una persona a juicio por delito fiscal si la Abogacía del Estado y la Fiscalía no la acusa, como ocurre en este caso.