Los jueces decanos, contra el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal del Gobierno

Más medios. Más jueces. Dedicación exclusiva a casos de corrupción. Supresión de aforamientos y límite a los indultos. Juzgados especializados en delincuencia económica a nivel autonómico y local. Son algunas de las 58 propuestas que los jueces decanos, reunidos este mes en unas Jornadas en Valencia, presentaron para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción. Dos días más tarde, del Consejo de Ministros salía un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como señalaba el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende actualizar una norma de 1882 para "mejorar la agilidad y la eficacia del procedimiento procesal penal, atendiendo a la idea de que una Justicia tardía es una Justicia de peor calidad [...]" y que incluye medidas "en el contexto de las medidas de lucha contra la corrupción".

Las 58 reflexiones lanzadas por los jueces decanos y la ley persiguen los mismos fines, el problema es que coinciden en bastante poco. Iniciativas recogidas en el anteproyecto de ley como la fijación de un plazo para la instrucción (6 meses, 18 para las causas complejas, con prórrogas de un máximo de 36 meses) o la posibilidad de que la policía realice escuchas sin autorización judicial durante 24 horas son las más criticadas por la mayoría de los jueces decanos, que esperan que se atienda más a sus propuestas en la tramitación de la ley. Algunos de estos jueces explican su valoración de la ley -"Estas no son formas de mejorar la administración de Justicia", dice Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza- y algunos de sus puntos, incluidos los "anecdóticos", como el hecho de que el imputado vaya a dejar de llamarse imputado:

Vídeo: Rafael Catalá habla del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza. "La conclusión de que se pongan plazos a la instrucción puede ser que tengamos que archivar o que se dé lugar a sentencias absolutorias. Es decir, la conclusión puede ser de impunidad, que además se podría achacar a los jueces. Por otro lado, esta ley no va con memoria económica. Es a coste cero. Pero si no se nos aumentan los medios materiales ni el número de jueces, estamos abocados a ser inocuos".

'La conclusión de esta ley puede ser la impunidad, que además se podría achacar a los jueces. Por otro lado, no va con memoria económica. Pero si no se aumentan los medios materiales ni el número de jueces, estamos abocados a ser inocuos', señala Ángel Dolado

-Antonio Viejo, juez decano de Madrid. "Los decanos sí hemos pedido reducir la instrucción, pero porque exisitiese una dotación de los medios adecuados. La ley no dice nada sobre nuestras propuestas, como la limitación de los recursos en la instrucción, la creación de 'gabinetes' de jueces y grupos de auditores y economistas que puedan ayudar al juez. Sí hace una reordenación de las medidas de investigación, como las intervenciones telefónicas, e introduce otras, como las escuchas ambientales o la intervención remota de equipos electrónicos, y desde esa perspectiva es un avance. Pero es una reforma parcial, insuficiente, que parchea la ley de enjuiciamiento que tenemos, de 1882. No es lo que pedíamos. Nosotros reclamábamos que se acometiese un proyecto de ley que regulase el procedimiento penal del siglo XXI".

-Mercedes Caso, jueza decana de Barcelona. "Es decepcionante. Pensábamos que el talante del ministro había cambiado radicalmente y era una oportunidad para que pudiera escuchar el sentir de los tribunales, de la gente que está cada día en la sala, y no sólo de sus asesores. Pero leyendo el anteproyecto creo que lo único que pretende es decir que se ha hecho una reforma para mejorar el tema de la corrupción, pero no va a la raíz del problema. La reducción de los tiempos de instrucción es no entender o tomarnos a los ciudadanos por idiotas. Las cosas no se acortan por decir que son más cortas. El fin es elogioso, pero no lo lograremos si omitimos los medios. Echo de menos que se haya recogido nuestra propuesta sobre los recursos en la fase de instrucción. También los mecanismos para que las pruebas que pedimos tengan respuesta inmediata: si le pido a una entidad bancaria las cuentas de una empresa, que no me maree la perdiz, y, si lo hace, que pueda entender que está omitiendo un deber de colaboración con la justicia, y que esto sea delito. O que haya un sistema ágil para que si un juzgado recibe una causa compleja, de corrupción por ejemplo, tenga de forma inmediata un refuerzo, con uno o dos funcionarios. Por otra parte, para estar en igualdad de condiciones con las defensas, si estas puede tener unas periciales contables de muy alto nivel, nosotros también necesitamos las nuestras, con un cuerpo de contables a nuestra disposición, igual que tenemos a los forenses".

-José María Páez, juez decano de Málaga. "Una cosa es que deseemos que los plazos sean cortos y otra que pogamos un plazo corto ignorando la realidad. No tenemos los medios adecuados, y además hay imprevistos, como puede ser que se haga una comisión rogatoria a un paraíso fiscal y este no quiera dar la información. El caso Malaya llevó más de cuatro años; a los que se suma el año y medio de jucio y lo que se llevó dictar sentencia, más de un año. Estamos hablando de procedimientos con más de 300.000 folios. Y carecemos de expedientes digitales, por lo que los documentos hay que fotocopiarlos página a página y trasladarlos a todas las partes, que fueron más de 100 en Malaya".

-María Paz Benito, jueza decana de Pamplona y jueza de instrucción. "Fijar un plazo límite sin dictar medidas que permitan corregir la dilación de los informes en el tiempo, que puede ser de hasta 24 meses a nivel policial, la de las citaciones, la de la tramitación de los recursos, es ilusorio e incluso entorpece la instrucción. Y tampoco queda claro qué puede ocurrir en caso de que el plazo venza y no se haya podido terminar la instrucción. Por otro lado, no acabo de entender que se autorice a la policía a hacer intervenciones telefónicas sin autorización judicial, cuando en todos los partidos judiciales hay siempre un juez de guardia para resolverlo".

-Joaquín González, juez decano de Cáceres. "La ley es insuficiente. Tiene partes positivas que eran imprescindibles, por ejemplo, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos condenara en numerosas ocasiones por no tener legislación en materia de escuchas telefónicas, iba siendo hora de que el legislador lo regulara. Es muy negativa en las limitaciones a la instrucción, algo que no se puede acometer hoy, cuando, por ejemplo, un informe pericial de balística o caligráfico puede tardar un año. Si la instrucción es de seis meses, ¿no se hace el informe y se deja al imputado en libertad? ¿Es eso lo que quiere el legislador? Además, me parece que la ley complica cosas que eran sencillas, como los juicios rápidos: ahora, en más del 90% de los casos, hay conformidad entre el abogado y el fiscal y se celebran en 5 o 10 minutos, pero el anteproyecto establece que este acuerdo se hace al margen del juzgado y el fiscal dicta un decreto por el que lo traslada a este, por lo que podrá retrasarse una, dos semanas... También hay una cosa, anecdótica, que me llama la atención, y es que se determine llamar a los imputados 'sujetos pasivos del proceso penal'. Me parece ridículo".