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Los otros incendios de Campofrío
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Al trabajador más antiguo le faltaban días para prejubilarse

Los otros incendios de Campofrío

Empleados que se jubilaban el día después del suceso, que firmaron hace unos días su hipoteca... Tremendos dramas humanos tras el incendio de la fábrica burgalesa

El pasado domingo ardía como la yesca la fábrica de Campofrío en Burgos. Las instalaciones de Bureba quedaban devastadas por un pavoroso fuego que colocaba al borde del abismo a sus cerca de 900 trabajadores y que amenazaba el futuro a no pocos de sus empleados de forma indirecta, que algunas fuentes cifran en torno a las 500 o 600 personas.

Todos ellos, de la noche a la mañana, veían desaparecer su medio de vida, al menos hasta que las instalaciones se reconstruyan en 2016 como anunció sin esperar un minuto la compañía. Son muchos los dramas humanos que estos días claman su pesar por lo ocurrido. Y eso que ya conocen los planes urgentes de la Junta de Castilla y León para amortiguar el golpe entre la plantilla, consistentes en un paquete de medidas extraordinarias orientadas a tratar de garantizar las percepciones económicas de los afectados, aminorar los efectos de sus cargas financieras (hipotecas...) y ayudar a la empresa a volver a reconstruir su fábrica.

Pero, pese al cierre de filas entre Gobierno regional, Gobierno de España, Ayuntamiento de Burgos, partidos políticos y empresa, la sombra del miedo sobrevuela muchos hogares burgaleses. Estos son sólo tres ejemplos.

Marcelino Arribas. El viernes debía haber firmado su prejubilación

“Soy el más antiguo de la plantilla. Llevo 43 años y siete meses. Tenía que firmar hoy (por el viernes) mi prejubilación y no he podido. Todo esto me pilla en una situación muy mala. Necesito ayuda”.

La conversación con Marcelino revela su drama familiar tras el incendio de la fábrica de la empresa agroalimentaria burgalesa. “Tengo dos hijos en el paro, de 44 y de 33 años, y una hija de 20 que estudia carrera universitaria. Los ahorros de 43 años de trabajo nos los hemos ido comiendo por nuestra situación. Yo necesito ayuda. No sé cuánto me va a quedar para vivir. Pero si me quitan algo, me hunden”, dice Marcelino.

“Entré en Campofrío el 4 de mayo de 1971. Todo sería diferente si ahora la vida estuviese un poco mejor, pero he tenido que ayudar a mis hijos, hemos tenido que cambiar el ascensor entre los vecinos… Yo no quiero que me den más de lo que me correspondía. Lo que quiero es que no me quiten nada, que se me mantengan las mismas condiciones que iba a tener cuando me prejubilara. Repito que, con 61 años, necesito ayuda. No digo que otros compañeros no tengan problemas. Pero yo necesito ayuda”, sentencia Marcelino.

Como buena parte de los trabajadores que probablemente se verán afectados en sus empleos por el incendio, Marcelino alberga esperanzas. “Pero quiero verlo”, dice.

Natalia Tejero. Dará a luz en 15 días. Su esposo trabajaba en la fábrica

Natalia entra dentro del grupo de los empleados de Campofrío que tienen familiares en la compañía burgalesa. Hasta que le fue concedida la baja de riesgo por su embarazo (sale de cuentas el 11 de diciembre y tiene otra pequeña de tres años y medio) trabajaba en el área de loncheados, controlando la maquinaria que corta y envasa el producto.

Tras 11 años como eventual en la compañía, hace cinco años y medio consiguió su contrato fijo. La casualidad hizo que fuese a trabajar en la misma empresa que su marido. “Nosotros nos conocimos fuera del trabajo. Pero es cierto que en Campofrío hay muchos matrimonios, muchas parejas que se han conocido allí, gente cuyos hijos, padres o sobrinos también están empleados…”.

Natalia tiene su 'alarma personal'. Además de que los empleos de ella y de su marido se vean en la cuerda floja, la pareja paga una hipoteca en un piso de una zona nueva de Burgos. “La espera de dos años, cuando dicen que se abrirá la nueva fábrica, va a ser dura. Yo he seguido bajando a la fábrica y, al verla quemada, se te cae el alma”.

El caso de Natalia tiene su complejidad. Al estar de baja por riesgo en el embarazo, a día de hoy cobra de una mutua. Pero no sabe qué pasará en el futuro. “Cuando dé a luz veré si cobro de la mutua, del paro… No sé qué es lo que va a pasar. Pero hoy me he levantado con optimismo. Quiero tener esperanzas en que lo que están diciendo en la empresa y los políticos será así. Dicen que habrá nueva planta… Cuando pongan la primera piedra me lo creeré, pero las expectativas parecen buenas”.

Natalia está haciendo la compra cuando El Confidencial habla con ella. Eso le ayuda a ver más de cerca los gastos que habrá de acometer con la llegada de su segunda hija. “Ya ves, de tener una estabilidad a no tenerla. El domingo (el día del incendio) me pusieron un WhatsApp. Pensaba que era un vacile. Ya ves”, dice.

A oídos de Natalia han llegado noticias sobre la recolocación de una parte de la plantilla en otras fábricas. “Hasta ahora, en Campofrío estaba sustituyéndose cada jubilación con la entrada como fijo del primer eventual de la lista por antigüedad. Y ahora… Si alguno se tiene que mover a otro sitio para seguir trabajando lo tendrá que hacer”.

Es de los que menos tiempo lleva como empleado fijo en la compañía. “Me hicieron fijo en mayo después de tres años como eventual”. Operario de loncheados, narra a El Confidencial su particular odisea tras el incendio de Bureba. “Esperanzas tengo, pero hasta que no pase el tiempo y se vea…”.

“Firmé el 31 de octubre la compra de mi casa, un piso en Burgos. No he pagado ni la primera letra, que me llegará a finales de mes. Por suerte, el banco (La Caixa) ya se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que no me preocupe, que estudiará mi caso. Me asombró la llamada, pero he de reconocer que han dado la cara. El factor humano sí que se está notando”.

Luis Alberto habla bien de la familia Ballvé, que sigue en la primera fila de la compañía aunque el capital ya ha cambiado en su mayoría de manos. “Siempre nos han dado confianza. Quiero creer que todo irá bien, pero hay que esperar. Hay que verlo”. Su posición 'preventiva' es casi una constante entre los empleados de Campofrío afectados por el devastador incendio de la fábrica burgalesa, tal y como indican a este periódico fuentes sindicales.

Juan Manuel Ramos, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Castilla y León, asegura que "hay todo un mundo por despejar por delante a pesar de los anuncios de la empresa". Campofrío, para hacer frente al problema sobrevenido con el incendio, pondrá en marcha un ERE suspensivo: "Se tiene que abrir una negociación y nosotros nos vamos a volcar en ello".

En CCOO preocupa sobremanera el que pueda haber pérdida de percepciones salariales entre los trabajadores. Según Ramos, "transcurridos seis meses, las prestaciones de sus bases reguladoras se reducirán del 70 al 50%. Hay que ver cómo se comprometerán la Junta de Castilla y León, la empresa y el Ayuntamiento para que los empeados no pierdan parte de sus percepciones. Tenemos que intentar conseguir que se les respete el cien por cien".

"En Campofrío, además de los 891 empleados afectados hay cientos de trabajos indirectos, transportistas, camioneros... La repercusión en la provincia va a ser tremenda. Para la capital, el impacto será muy grande. Todo dependerá de cómo quede la negociación. Si se suplen económicamente las pérdidas a los trabajadores, la dinámica será favorable", dice Ramos.

El sindicalista, pese a sus dudas y críticas, no obvia el buen talante que reina entre políticos-empresa-trabajadores. "Ha habido compromisos inmediatos -además de la promesa de reconstruir la fábrica- con los bancos para atender de forma especial hipotecas y otros pagos de los empleados afectados. También nos consta que se han hecho gestiones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La voluntad política está ahí", sentencia Ramos en referencia a las gestiones realizadas por el equipo de Gobierno del Presidente regional, Juan Vicente Herrera.

También Ramos se defiende de quienes piensan que con Campofrío se están trazando planes y estrategias con los que no han contado otros colectivos: "CCOO está haciendo lo mismo con los compañeros de Campofrío que con los de cualquier empresa", aunque reconoce que el impacto que está teniendo a nivel mediático no es el mismo.

Medidas urgentes y extraordinarias en Castilla y León

El Gobierno de Castilla y León aprobó el pasado jueves un conjunto de medidas específicas para responder a las consecuencias inmediatas del incendio de la fábrica burgalesa. Según declaraciones a El Confidencial de Silvia Clemente, consejera de Agricultura de la Junta, "Nuestra mayor preocupación, desde el primer momento, han sido los empleos actuales; pero también los futuros, apostando por el hecho de que haya un mantenimiento de los puestos de trabajo".

"Pedro Ballvé adquirió un compromiso público cuando todavía se estaba quemando la fábrica, diciendo que se reconstruiría. Si esta decisión la hubiese tenido que tomar una compañía con sus responsables fuera de España puede que la reacción no hubiese sido igual. La actitud de Ballvé vale un imperio por haber dado tranquilidad a todos desde el primer instante", dice Clemente.

La consejera asegura que desde que saltó la noticia, el Gobierno regional "está trabajando para que los trabajadores que se vean afectados puedan mantener prestaciones superiores a las que por ley les correspondería", complementándolas con otras ayudas.

"También hemos trabajado para impulsar la reconstruccion de las instalaciones. Las quemadas supusieron una inversión de unos 170 millones de euros; como se trata de hacer una fábrica mejor y con una mejora tecnológica, ahora la inversión podría subir hasta los 220 millones", dice Clemente, apostando por que se den las condiciones para el apoyo financiero a la empresa para este cometido. "Las medidas que hemos adoptado son excepcionales porque es excepcional que se dé un caso con tantos empleados", precisa.

A la posible compensación en las percepciones de los empleados, Clemente describe también las negociaciones con la banca para que los trabajadores "puedan establecer refinanciación o periodos de carencia en sus compromisos bancarios. También con el Ministerio de Empleo estamos estudiando la posibilidad de completar las rentas", algunas de las cuales podrían venir por la exención de cuotas de la Seguridad Social a la empresa.

Para la Junta también es objetivo prioritario "facilitar los trámites y autorizaciones ambientales, de sanidad y cualesquiera otros para proporcionar la mayor urgencia a todos los procedimientos y tareas de reconstrucción de la fábrica", indica Clemente a este periódico.

La pérdida de la fábrica de Bureba ha puesto en alerta a los empleados de Campofrío. "No tienen ningún motivo para la desconfianza. es difícil una respuesta más rápida y contundente". Además, la compañía ha abierto, según la consejería, una oficina en sus instalaciones industriales para informar de todas estas cuestiones a los empleados.

placeholder Trabajadores, durante una de las últimas reuniones. (Efe)

Los empleados afectados por el incendio, según ha podido saber este diario, no pasarán a engrosar las listas del paro, al tratarse de un ERE suspensivo (no extintivo) y haber respaldo y compromiso de la empresa para su recolocación total en el futuro, como dijo Ballvé.

La provincia de Burgos, según los datos de la última EPA, cuenta con 149.000 ocupados, lo que representa el 15,9% de los ocupados en la región. Si el parámetro a analizar es el sector industrial, el porcentaje se eleva al 25,5%.

Por su parte, el paro registrado en Burgos, con datos de octubre, se eleva a 29.643 desempleados (el 13,6% de los parados de la comunidad autónoma, que ascienden a 218.065 personas). Según la última EPA, el número de parados es de 32.900 (el 14,6% de los de Castilla y León, que sumaría ya 226.000 desempleados).

Según datos facilitados a El Confidencial, los empleados afectados podrían ascender a 891, de los que 113 habrían sido ya recolocados.

El pasado domingo ardía como la yesca la fábrica de Campofrío en Burgos. Las instalaciones de Bureba quedaban devastadas por un pavoroso fuego que colocaba al borde del abismo a sus cerca de 900 trabajadores y que amenazaba el futuro a no pocos de sus empleados de forma indirecta, que algunas fuentes cifran en torno a las 500 o 600 personas.

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