La Fiscalía mantiene la querella contra Mas por cuatro delitos por la consulta catalana

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado esta mañana la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, así como contra la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por su papel en la organización del llamado “proceso participativo” del 9-N. Los delitos por los que se le acusa son prevaricación, desobediencia, malversación y usurpación de sus funciones. (Puede consultar aquí el texto de la querella).

El Ministerio Público ha presentado finalmente un texto muy similar al elaborado desde la Fiscalía General del Estado, con algunos retoques técnicos tras la reunión de la Junta de Fiscales convocada por Eduardo Torres-Dulce tras la negativa de la fiscalía catalana de querellarse contra Mas por celebrar la consulta sobre la independencia de Cataluña el pasado 9 de noviembre, según fuentes fiscales.

En la Junta, varios miembros de la cúpula fiscal presentaron sus dudas si había indicios contra Ortega y Rigau, aunque finalmente el equipo de Torres-Dulce ha decidido mantener la querella contra los tres dirigentes de la Generalitat.

Según el primer texto elaborado por desde la Fiscalía General del Estado, las decisiones y actos –jurídicos y materiales– del Gobierno de la Generalitat para celebrar la consulta “han producido como efecto material la completa ineficacia de los mandatos de suspensión cautelar” acordada por el Tribunal Constitucional. “En ejecución del plan trazado para llevar a cabo la consulta proyectada, con incumplimiento de forma consciente de la suspensión taxativa y rotunda del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre, las personas contra las que se dirige la acción penal, como miembros del Gobierno de la Generalitat, ordenaron actos que generaron gastos al erario público”, recoge el texto.

Para la Fiscalía, Mas, Ortega y Rigau “han dispuesto de fondos públicos en cuantía aún indeterminada para consumar la desobediencia a la suspensión, facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta, por lo que ha destinado a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”. Asimismo, entiende que las actuaciones analizadas lesionan claramente el “bien jurídico” protegido por el delito de prevaricación, que no es sino el “recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución”.

Todos los actos llevados a cabo después de la suspensión del Tribunal Constitucional el pasado 4 de noviembre “confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a Derecho”.

Y concluye: “Hallándose jurídicamente suspendido el proceso de participación, los querellados adoptan decisiones, escritas o no, y perseveran en vías de hecho, que les sitúan extramuros del ordenamiento jurídico, y que sólo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional”.

Fiscalía: “Los actos de Mas han lesionado la integridad del TC”

Después de doce días de intenso debate en la Fiscalía, finalmente el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha presentado la querella preparada por Torres-Dulce. En el escrito, sostiene que las actuaciones preparatorias de la consulta han lesionado otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del Tribunal Constitucional y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional”.

Explica que Mas y los demás dirigentes de la Generalitat eran conocedores de la suspensión fijada por el TC pero, sin embargo, siguieron adelante con la consulta. Así, el Ministerio Público defiende que una vez que se acuerda la suspensión no hacía falta impugnar cada movimiento de los dirigentes del Gobierno catalán. “Habría resultado virtualmente imposible e inútil impugnar uno a uno todos los actos realizados por los querellados que supusieran el hacer prohibido, máxime cuando se trataba de actos administrativos que los propios querellados materializaron deliberadamente por la vía del hecho, de forma verbal, o por actos no documentados, que dificultaban su conocimiento tempestivo a los efectos de su impugnación. Resultaría por lo demás absurdo tener que dirigir una orden o requerimiento a cada una de las diferentes autoridades que materializaban, en contra del mandato de no hacer del TC, la preparación y realización de la consulta”, destaca.

Asimismo, considera que no era necesario que en la suspensión se recogieran expresamente los actos que quedaban prohibidos. “La voluntad de no acatarla puede deducirse tanto de comportamientos activos como omisivos, expresos o tácitos”, subraya la Fiscalía, que apostilla que la suspensión del TC “no deja margen a la duda”.

El “proceso participativo” que se celebró el 9-N con el objeto de que los catalanes votaran a favor o en contra de la independencia fue “planificado, auspiciado, y financiado por Generalitat”. Así, para Torres Dulce el gobierno catalán desplegó una conducta incompatible con la suspensión acordada y no fue sino “la realización del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria”.

Mas ha incurrido en un delito de desobediencia, según la Fiscalía, porque a pesar de la orden del Constitucional siguió con su plan trazado para llevar a cabo la consulta proyectada, “con incumplimiento de forma consciente de la suspensión taxativa y rotunda del TC”, generando, además, gastos al erario público.