La Junta de Fiscales concluye que Mas sabía que desobedecía al Constitucional el 9-N

La Junta de Fiscales celebrada ayer, compuesta por los 25 fiscales de más alto nivel, concluyeron que sí hay suficiente material para actuar contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por celebrar la consulta del 9-N. Después de un debate de cuatro horas, la inmensa mayoría entendió que había una clara desobediencia al Tribunal Constitucional, que había acordado la suspensión de la consulta.

No sirven los distintos argumentos que se han dado en contra de la querella: el TC no tenía por qué advertir de las consecuencias penales en las que podría incurrir si no acataba la orden. Mas sabía que existía un mandamiento en contra de sus intereses y utilizó todas las argucias y subterfugios posibles para saltarse esa suspensión. Por todo ello, la gran mayoría de los fiscales entendió que el dolo del president es evidente y, por tanto, se dan las exigencias para acusarle por desobediencia, según fuentes presentes en la reunión.

Estas conclusiones ponen en entredicho la postura de los fiscales de Cataluña, que anunciaron este lunes al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que no iban a presentar ninguna querella contra Mas ni ningún otro miembro de la Generalitat al no quedar acreditado que de sus actuaciones se desprenda ningún hecho delictivo. Sin embargo, varios componentes de la Junta de Fiscales aclaran que su decisión entra dentro del funcionamiento normal de la Fiscalía: hay criterios encontrados y se busca una solución, pero no hay ninguna confabulación de unos contra otros.

El estatuto orgánico contempla que se produzca una diferencia de criterios y por eso existe la figura de la Junta de Fiscales, sin que ello signifique que deba haber consecuencias disciplinarias ni personales contra los representantes del Ministerio Público que no tengan la misma postura que el fiscal general del Estado, recuerdan algunas fuentes.

Vídeo: Torres-Dulce tiene respaldo para interponer la querella

La mayoría defiende la desobediencia y la prevaricación de Mas

Dentro de la Junta se formaron varios bloques sobre contra quién o quiénes actuar y por qué delitos. La mayoría apoyó la existencia de indicios contra Mas por desobediencia y prevaricación. Sin embargo, la propuesta presentada ante todos ellos por Torres-Dulce incluía dos delitos más, el de malversación y usurpación de sus funciones, contra el presidente, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por su papel en la organización del llamado “proceso participativo” del 9-N.

Algunos de los presentes mostraron sus reservas a que la querella fuera dirigida contra estos dos cargos porque no hay constancia de su labor en la organización de la consulta. En el caso de la vicepresidenta, salió el mismo 9-N a dar los resultados, pero no hay pruebas de que tuviera un papel decisivo para su celebración, al contrario que Mas, que está en toda la escena, convoca, organiza, prepara, entre otras acciones.

A la querella que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se le incorporarán algunas de las discusiones planteadas en la Junta, por lo que todavía no hay una concreción oficial sobre si Torres-Dulce mantendrá su borrador o hará alguna modificación en cuanto a los delitos o al número de querellados.

Activar la maquinaria fiscal

De todos los asistentes a la reunión, el que ha mostrado más claramente una posición en contra ha sido el fiscal jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien entendía que no era necesario presentar una querella cuando ya existen doce denuncias presentadas contra Mas, y que la Fiscalía ya debe posicionarse respecto de ellas y formar parte en los procesos. Sin embargo, sus compañeros presentes rebatieron que una vez que se ha puesto en funcionamiento toda la maquinaria fiscal y la Junta ha sido convocada, debe haber una respuesta activa por parte del Ministerio Público.

Otro de los puntos que se debatieron, tras las dudas planteadas por el fiscal de lo Contencioso-Administrativo, Pedro Crespo, es si se puede encuadrar dentro de la desobediencia a una resolución judicial una providencia del Tribunal Constitucional, cuando este no forma parte del poder judicial. Sin embargo, esta objeción también fue rechazada, porque la resolución del tribunal presidido por Francisco Pérez de los Cobos es un mandado constitucional recogido por la Carta Magna y debe ser cumplido.

Las conclusiones técnico-jurídicas alcanzadas en la Junta han supuesto un claro respaldo a Torres-Dulce, quien en estos últimos días ha sido puesto en entredicho por no poder controlar a los fiscales de Cataluña y ante el malestar del Gobierno, que esperaba una reacción del Ministerio Público más rápida y contundente. El fiscal general ya dijo públicamente después del 9-N, ante las presiones de algunos miembros del Ejecutivo central y del PP para que actuara contra Mas, que los tiempos de la Justicia y de la política son distintos y había que analizar todos los datos respecto del día de la consulta.

El máximo responsable de la Fiscalía quiso llegar a un consenso con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, quien inicialmente estaba dispuesto a presentar la querella pretendida por Torres-Dulce. Sin embargo, tras someterlo a debate con el resto de fiscales catalanes, la mayoría optó por no actuar contra ningún miembro de la Generalitat, razón por la cual se convocó la Junta de Fiscales para buscar un criterio cualificado.

Vídeo: Torres-Dulce logra el apoyo casi unánime de los fiscales

Una vez que se presente la querella, algo que se espera suceda esta semana, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que en última instancia decida si hay indicios de delito para abrir una investigación a Mas por abrir el pasado 9 de noviembre varias instalaciones públicas y colocar urnas para que los catalanes votasen a favor o en contra de la independencia.

Según el borrador de querella redactado desde la Fiscalía general, las decisiones y actos –jurídicos y materiales– del Gobierno de la Generalitat para celebrar la consulta “han producido como efecto material la completa ineficacia de los mandatos de suspensión cautelar” acordada por el Tribunal Constitucional. “En ejecución del plan trazado para llevar a cabo la consulta proyectada, con incumplimiento de forma consciente de la suspensión taxativa y rotunda del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre, las personas contra las que se dirige la acción penal, como miembros del Gobierno de la Generalitat, ordenaron actos que generaron gastos al erario público”, recoge el texto.

“Uso de fondos públicos en cuantía indeterminada”

Para la Fiscalía, Mas, Ortega y Rigau “han dispuesto de fondos públicos en cuantía aún indeterminada para consumar la desobediencia a la suspensión, facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta, por lo que ha destinado a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”. Asimismo, entiende que las actuaciones analizadas lesionan claramente el “bien jurídico” protegido por el delito de prevaricación, que no es sino el “recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución”.

Todos los actos llevados a cabo después de la suspensión del TC “confirman la persistencia de una voluntad de sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a Derecho”. Y añade: “Hallándose jurídicamente suspendido el proceso de participación, los querellados adoptan decisiones, escritas o no, y perseveran en vías de hecho, que les sitúan extramuros del ordenamiento jurídico, y que sólo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional”.