La rebelión de fiscales catalanes sentencia a Torres-Dulce y alimenta el desafío del 9-N

Finalmente, el fiscal general del Estado ha tenido que convocar a la cúpula de la Fiscalía –la Junta de Fiscales– para intentar sofocar la revuelta de estos funcionarios de Cataluña que, pese a la orden directa de Eduardo Torres-Dulce, decidieron ayer por 6 votos a 3 que no ven indicios para querellarse contra Artur Mas por el 9-N.

Jurídicamente, la insumisión de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) supone un varapalo para Torres-Dulce, que desde la víspera del 9-N lleva intentando contemporizar con la Fiscalía del TSJC para ‘pactar’ una querella que le ha llevado a enfrentarse con el Gobierno. Pese a recibir en Madrid a la cúpula de los fiscales catalanes, finalmente no le ha quedado más remedio que plantear la querella como una orden y, apelando al artículo 27 del Estatuto Fiscal, convocar la Junta de Fiscales.

Sin embargo, y pase lo que pase, el fiscal general ya está ‘sentenciado’. En el Gobierno se critica abiertamente la gestión de esta crisis que, políticamente, supone una victoria para Artur Mas puesto que, aunque el lunes la Junta de Fiscales avale la decisión de Torres-Dulce de querellarse y la haga ejecutiva –la Fiscalía catalana deberá acatarla–, dicha querella nacerá muy debilitada.

Vídeo: La Fiscalía de Cataluña se opone a querellarse contra Artur Mas

Y no digamos si sucede el supuesto menos probable: que la Junta de Fiscales rebata el criterio del fiscal general y apoye a los fiscales catalanes. Torres-Dulce podría igualmente obligar a querellarse, pero con el criterio en contra de todo el cuerpo de fiscales, algo inaudito y que conllevaría obligadamente su dimisión.

Hay que recordar que llueve sobre mojado. Hace un año y medio fue el fiscal superior, Martín Rodríguez Sol, quien forzó la situación con un caos de rebeldía individual: declaró públicamente que consideraba legítima la petición catalana del “derecho a decidir”. A primeros de marzo del 2013, se le obligó a dejar su cargo y Torres-Dulce designó a su sucesor.

Ahora ha sido él, José María Romero de Tejada, quien ha dado otro vaso de hiel a Torres-Dulce: ayer por la tarde reunió a la Junta de Fiscales catalanes para conocer su opinión sobre la interposición de una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega, por desobedecer al Tribunal Constitucional y seguir organizando la jornada del 9-N.

Romero de Tejada comunicó a Torres-Dulce la decisión de la Junta de Fiscales de Cataluña de no interponer la denuncia. Y la respuesta del fiscal general fue convocar para mañana una junta de fiscales de Sala para que respalden su decisión de “formular querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.

La postura de los fiscales catalanes refuerza la posición de Artur Mas, aunque sólo sea formalmente. Entre los motivos por los que rechazan presentar ahora una querella están los de que ya se siguen varios procedimientos en los juzgados, donde hay acusación particular y donde, por tanto, también está presente la Fiscalía. Una postura que contrasta con otros procedimientos en los que el Ministerio Público sí presenta acusación formal a pesar de que existen acusaciones particulares.

Pero hay otro motivo que aducen los fiscales: dudan de que haya base jurídica suficiente para acusar de desobediencia a Mas y a su Gobierno porque el fallo del TC no prohibía expresamente tomar parte en la preparación del 9-N alternativo. Curiosamente, este es también uno de los argumentos del que echan mano los representantes de la Generalitat a la hora de justificar su actuación en esa jornada. La decisión de los representantes del Ministerio Público, pues, representa un espaldarazo a la estrategia del Gobierno catalán.

Fuentes políticas consultadas por El Confidencial eluden valorar esta postura de los fiscales. Pero desde la oposición se deja caer el hecho de que, a pesar de ser un Cuerpo bastante jerarquizado, hay un fuerte componente político nacionalista en la profesión. Recuerdan, por ejemplo, el caso de Rodríguez Sol. Y, además, añaden “el poco interés” que se pone en casos que tocan directamente al Gobierno o a Convergència, el principal partido catalán.