Torres-Dulce pone de los nervios al PP

Cuantos más datos aparecen sobre el control efectivo del 9-N por los responsables políticos de la Generalitat, más tiempo se toma la Fiscalía para concretar si procederá contra Artur Mas y los consejeros que se destacaron en el simulacro de consulta. Ante esos hechos, aumenta el desconcierto en el Gobierno y en el Partido Popular con la tardanza del Ministerio Público que dirige Eduardo Torres-Dulce. Y llueve sobre mojado en el caso de la dirección del PP, quejosa siempre con la gestión de quien llegó al cargo a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón.

Torres-Dulce va a ser el primer fiscal general del Estado que se considera de verdad independiente del Gobierno que lo nombra, ajeno a los tiempos del Ejecutivo y que, además, se empeña en demostrarlo hasta en los asuntos más delicados como es el desafío independentista en Cataluña, según comentan fuentes populares, muy dolidos de antiguo con el papel de la Fiscalía en todos los casos que les han tocado de cerca como partido. Las quejas transmitidas a Ruiz-Gallardón en los tres últimos años nunca sirvieron de nada.

En Génova contaban con que el ministerio fiscal dijera ayer, antes de que Rajoy viajara hacia Australia, contra qué cargos de la Generalitat y por qué delitos va a proceder. Es lo que había dado por hecho la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, quien cuenta con hilo directo con la Moncloa en cada episodio del pulso que Mas hecha al Estado.

Torres-Dulce se ha limitado a llamar a Madrid al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para estudiar las diligencias de investigación abiertas por el Ministerio Público el pasado sábado para analizar los acontecimiento ocurridos el 9-N. Consistían en solicitar el nombre de todos los colegios que abrieron para colocar las urnas de cartón y el nombre de los funcionarios encargados de hacerlo.

Después de la reunión celebrada en Madrid, la Fiscalía general emitió un comunicado para explicar que había estudiado la "valoración jurídico-penal de los hechos acaecidos" y que ya dará cuenta a la Fiscalía de Cataluña de lo que decida "en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad que rigen la actuación del Ministerio Público". Es decir, que se pronunciará cuando estime oportuno, al margen de las expectativas creadas por el Gobierno y el PP, y una vez que Rajoy esté camino de Australia o ya en ese país, adonde viaja para asistir a la reunión del G20 convocada para el sábado y el domingo.

Ante la tardanza de la Fiscalía en actuar, el presidente del Gobierno se negó a comentar las decisiones que pueda adoptar en los próximos días. En la conferencia de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa para explicar su opinión y posición política sobre el simulacro de consulta, Rajoy aseguró que desconocía lo que va a hacer el fiscal porque este "actúa con autonomía".

El jefe del Ejecutivo, molesto con las preguntas sobre el asunto, agregó: "Yo no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer y nadie es nadie para decirle lo que no tiene que hacer".

Rajoy intentó zanjar el asunto con la afirmación de que él respeta todas las decisiones de la Justicia y pide a todo el mundo que haga lo mismo y acate "las reglas del juego que nos hemos dado".