Artur Mas implicó y movilizó a sus cargos de confianza para controlar el 9-N

El Gobierno catalán que encabeza Artur Mas controló en todo momento el proceso participativo del 9 de noviembre, a pesar de que oficialmente dejase en el aire su protagonismo y apuntase a que este correspondía a los voluntarios. Pese a las dos suspensiones de la consulta dictadas por el Tribunal Constitucional, la Generalitat hizo caso omiso y movilizó su estructura hasta el último momento. La responsabilidad recayó en los cargos denominados “de confianza”, como directivos de organismos públicos o directores de servicios territoriales de la Generalitat.

Toda esta estructura mantuvo una participación activa en el recuento de votos. Incluso la entrega de documentación tras las votaciones se hizo a representantes gubernamentales y no a responsables voluntarios pertenecientes a las entidades cívicas que apoyaban la movilización o a los partidos políticos soberanistas. Ya no se trataba de ser miembro de una mesa electoral, que no deja de ser una anécdota, como el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, que presidió una en su pueblo natal, sino de participar en la organización, controlar el proceso y ser responsables de la documentación utilizada en la seudoconsulta.

Y no utilizó sólo a responsables del Gobierno, sino a cargos municipales, como concejales, alcaldes o presidentes de consejos comarcales, todos ellos de CiU. La formación convergente se convirtió, así, en la figura clave de la movilización del pasado domingo.

Buena prueba de la implicación organizativa del Gobierno es un mapa interactivo puesto a disposición de los voluntarios que controlaban las mesas y los colegios electorales. Estos tenían órdenes expresas de entregar toda la documentación, al final de la jornada, a los responsables comarcales del proceso participativo. En la página web, los voluntarios podían consultar el nombre, dirección y teléfonos de los responsables de área, lo que les permitía entregar a los representantes del Gobierno catalán toda la documentación de la jornada. Desde ayer por la tarde, y tras comunicar la Fiscalía que se iba a querellar contra Mas y tres cargos de su Gobierno, la parte de 'voluntarios' de la web "Participa2014.cat" fue desactivada y borrada de la misma. Sin embargo, El Confidencial tiene en su poder las capturas de pantalla –cuando estaba activa–, que demuestran la total implicación de los representantes del 'Govern' de Mas.

Y aquí es donde salta la sorpresa: en la comarca del Barcelonès, por ejemplo, los datos debían entregarse a Salvador Jorba y la dirección no dejaba lugar a dudas: la delegación del Govern en Barcelona. Jorba es también el delegado del Gobierno catalán en Barcelona, una figura de la Administración autonómica que grava aún más la ya de por sí intrincada red administrativa. En los datos facilitados aparece incluso el teléfono móvil que le dio el Gobierno catalán.

En la comarca del Segrià, en la que se encuadra Lérida capital, aparecen dos direcciones: una corresponde a Ramona Ortín, que coincide con la delegación del Govern en esa ciudad. La otra es de un instituto de Seròs, y el responsable de recibir la documentación es Francesc Aran Guiu. Ortín es delegada de la Generalitat en Lérida y Aran es director territorial de Justicia desde el año 2011.

En Gerona, la entrega se hacía en la sede del consejo comarcal (una figura administrativa inventada por Pujol para contrarrestar el poder municipal, que hace años estaba en manos de los socialistas). Y la persona encargada de controlar el proceso era Albert Ballesta, director de los servicios territoriales de Interior en la capital gerundense.

Algo similar ocurrió en Tarragona: el gerente de la región sanitaria de Tarragona (que también acumula el cargo de director de los servicios territoriales de sanidad), Josep Mercadé, fue el responsable de recibir y procesar la información, aunque se estableció como punto de entrega de la misma la sede del consejo comarcal en la ciudad tarraconense.

Una diputada en el meollo

En la comarca del Baix Llobregat, el control se ejerció desde los servicios territoriales de Educación, y la encargada fue la diputada democristiana Mercè Jou. En el Garraf, el recuento se hizo en el propio Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú bajo la supervisión de Carme Canela, directora de los servicios territoriales del Departamento de Bienestar y Familia.

Al norte de Barcelona, la comarca del Maresme corrió a cargo de Xavier Berga, director de los servicios territoriales de la consejería de Territorio en Barcelona. Y en el Vallès Occidental, el centro de control se ubicó en los servicios territoriales de Enseñanza. El responsable del operativo en Sabadell fue Oriol Martín, coordinador territorial de Juventud en Barcelona. En el Vallès Oriental, cuya capital es Granollers, asumió el mando Arnau Queralt, director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible, uno de los órganos creados por Artur Mas para que le asesoren en esta legislatura. En Ripoll, se hizo cargo del recuento y de la documentación Maria Assumpció Rodríguez, que desde el pasado mes de abril es directora de los servicios territoriales de Gobernación en Gerona.

En la comarca del Bages, con capital en Manresa, quien se encargó de recibir la documentación fue Rosa Carné, directora de los servicios territoriales de Gobernación, mientras que en Osona (capital, Vic) la responsable fue Maria Àngels Blasco Rovira, directora de los servicios territoriales de Cultura en la Cataluña Central.

En Igualada, la encargada fue Gemma Cruz, directora de los servicios territoriales de la consejería de Territorio y Sostenibilidad, mientras que en el Alt Penedès fue el director de los servicios territoriales de Agricultura, Marià Morera, el encargado del control en esta comarca. El teniente de alcalde de Hacienda de La Seu d’Urgell, Jesús Fierro (CiU), se encargó del control de la documentación en la comarca de Alt Urgell. Y el alcalde de Alp, Ramon Moliner, también convergente, hizo lo propio en la comarca de La Cerdanya.

Por el sur, otro tanto de lo mismo. Donde la larga mano del Gobierno autonómico no llegaba, sí lo hacían los tentáculos de CiU: el alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martín, fue el encargado de controlar las votaciones en su comarca. Y el presidente del consejo comarcal del Baix Ebre y concejal en Deltebre, Lluís Soler, de las votaciones de la suya. El alcalde de Gandesa, Carles Luz, controló los de la Terra Alta. Jordi Jardí, alcalde de Tivissa y presidente del consejo de Ribera d’Ebre, es otro de los miembros de la Administración local que participaron activamente en el 9-N.

Curiosamente, todos ellos comparten consejo de administración: son vocales del Grup Sagessa, un holding de titularidad pública para dar servicios en los campos de “salud, sociales y educativos”. El director de los servicios territoriales de Agricultura en Tarragona, Anton Ballvé, se encargó, asimismo, de los resultados en la comarca del Priorat. Y Lídia Bargas, alcaldesa de Prades, vicepresidenta del consejo comarcal del Baix Camp y coordinadora territorial del Institut Català de les Dones (organismo del Gobierno autonómico) se encargó de recibir y controlar la documentación de su área.