El Gobierno, más sorprendido por la parsimonia de la Fiscalía que por Artur Mas

Al Gobierno le ha sorprendido más la parsimonia de la Fiscalía y los jueces ante el acto de “pura propaganda política” independentista en Cataluña que la 'chulería' de Artur Mas (“el responsable soy yo”); pero insiste en dejar margen para la negociación con la Generalitat. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, hizo anoche de portavoz del Ejecutivo para dar una primera respuesta a la escalada en el desafío del jefe del Ejecutivo catalán: “La Fiscalía sigue recabando datos en las investigaciones abiertas” por si hay responsabilidades penales y tiene que ejercer acciones legales.

El Gobierno contaba con que los nacionalistas celebrarían una gran manifestación con sus urnas, sus listas de fieles y desfile de sus figuras políticas, sociales y deportivas en las colas de los mismos ciudadanos que llevan a sus actos de la Diada. Pero esperaba más diligencia en la Fiscalía y en que se cumplieran sus órdenes de identificar a los funcionarios (básicamente directores de institutos), además de algo menos de protagonismo personal de Mas en todas las fases del simulacro de consulta.

La teoría manejada en medios gubernamentales es que tocaba dejar a Mas cierto margen para que vendiera el acto ante sus aliados más ultras como un éxito relativo para ver si a partir del día 10, en frase pronunciada por Mariano Rajoy en Cáceres, “recuperaba la cordura”. Los aspavientos del presidente de la Generalitat a la hora de votar, el reto directo a la Fiscalía al declararse responsable de todo y su presencia en el aparentemente oficial “recuento de datos” deshacen todas las teorías vigentes sobre un pacto o sobreentendido con el dirigente nacionalista. Vuelve a exigir un referéndum para la secesión de Cataluña.

Algunos políticos pueden tener problemas

En medios gubernamentales apuntan que Mas juega con la ventaja de que todo su protagonismo en el “proceso participativo” es de boquilla. “Saca pecho pero no ha firmado nada”, recuerdan. Otra cosa son sus consejeros. El de Interior, Ramon Espadaler, sí ha dado órdenes a los Mossos, igual que Irene Rigau (Educación) en el ámbito de los institutos o Joana Ortega como vicepresidenta de la Generalitat.

La participación de la Generalitat en el simulacro de consulta es clara. Educación ha puesto los locales, Interior no ha colaborado con diligencia a la hora de identificar a los funcionarios (los jueces lo han admitido) y Presidencia ha dado toda la cobertura de aparente legalidad en el recuento: lo ha hecho Ortega como si se tratara de unas elecciones autonómicas.

Desde la Moncloa no quieren dar más relieve al simulacro con una respuesta inmediata a cargo del jefe del Ejecutivo o la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. De momento, se limitan a un comunicado leído por el titular de Justicia como ministro que se ocupa directamente de la réplica jurídica al reto separatista. Catalá destaca que se trata (hoy sigue el recuento y la votación) de “un acto de propaganda” independentista sin validez democrática ni jurídica con el fin de disimular el fracaso de Mas.

El ministro insistió en el principio de que, por muy satisfechos que estén los representantes del frente independentista con sus urnas de cartón, lo prometido por Mas era un consulta en toda regla y la de ayer carece de cualquier requisito legal o formal: ni censo, ni interventores, ni recuento neutral. “Se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril, en el que Artur Mas quiere ocultar su fracaso personal al no poder convocar su consulta ilegal, que anunció el pasado 12 de diciembre", remachó Catalá.

El titular de Justicia recordó que en España hay "un régimen democrático consolidado en el que existe libertad de expresión y libertad de manifestación", y en el que las consultas populares se rigen por "estrictas normas" que han de garantizar la imparcialidad y la neutralidad.

En nombre del Gobierno, lamentó que este "acto de pura propaganda" solo haya servido para "exacerbar la división entre los catalanes", además de "tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña".