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Insectos, urinarios clausurados... Exigen a Interior el cierre urgente de tres comisarías
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Insectos, urinarios clausurados... Exigen a Interior el cierre urgente de tres comisarías

La reducción de los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos cinco años ha afectado directamente a los edificios públicos de España

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La reducción de los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos cinco años ha afectado directamente a los edificios públicos de España. La falta de recursos para construir nuevos inmuebles o para reparar los ya existentes ha provocado que estos se vayan deteriorandopoco a poco y, en muchos casos, ni siquiera cumplan con las condiciones básicas demandadas por la leyde riesgos laborales, que el Gobierno sí exige, sin embargo, a cualquier empresa privada.

Entre las construcciones más afectadas por la disminución del gasto se encuentran fincas que acogen dependencias policiales. De hecho, todos los sindicatos del cuerpo se han unido para solicitar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el cierre inmediato de tres importantes comisarías de Madrid, visiblemente descuidadas durante los años de crisis. Se trata, en concreto, de la de Centro, situada en la calle Leganitos y considerada la más activa de España –recibe el mayor número de denuncias del país–; la de Sol y la de la calle Rey Francisco, que alberga el departamento de seguridad privada de la Policía.

A través de un escrito presentado ante la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado miércoles, el Sindicato Unificado de Policía, el Sindicato Profesional de Policía, la Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía explican detalladamente las malas condiciones en las que se encuentran los tres inmuebles y solicitan que los funcionarios dejen de prestar servicio inmediatamente en esas instalaciones, ya que sus vidas pueden correr peligro.

Riesgo

Hace un año, de hecho, la lluvia provocó que se desprendiera el techo de una comisaría en el barrio de Salamanca, también en Madrid, lo que pudo tener consecuencias más serias.No hubo víctimas, pues el incidente se produjo de noche y había muy pocos funcionarios dentro del edificio. Por otro lado, a finales del pasado septiembre, la Dirección General de Policía acordonó un inmueble que acoge a la Policía Científica a la Brigada de Seguridad Ciudadana de Sevilla porque existía riesgo de desprendimiento. Un mes después, de hecho, según ha podido confirmar El Confidencial hoy mismo, sigue habiendo un perímetro de seguridad en torno al edificio y no se ha reparado todavía la grieta que causaba el peligro.

Los cuatro sindicatos consideran que ninguna de las tres instalaciones denunciadas ante la Secretaría de Estado cumple la normativa de riesgos laborales. De hecho, aseguran, algunas no cuentan más que con unavía de evacuación, se desprenden las baldosas, no tienen luces de emergencia, las escaleras están resbaladizas o no cuentan con un plan contra incendios ni accesos para personas con discapacidad, entre otras insuficiencias.

En concreto, sobre la comisaría de Centro, destacan la falta de seguridad estructural del edificio a causa de las humedades en los sótanos. “Los ladrillos se están haciendo polvo literalmente”, señalan los cuatro sindicatos. El suelo y el mármol de las paredes están en continuo riesgo de desprenderse y ocasionar accidentes, el suelo patina, falta luz,las ventanas no se pueden abrir porque obstaculizan las escaleras, el material de primeros auxilios está caducado, hay botiquines vacíos y “la totalidad de los aseos se encuentran deteriorados”.

Además, añaden, “no existe detector de incendios ni sistema automático de extinción”. La deficiencia de losprocedimientos de apagado de fuego, de hecho, fueloque fallóen 2010 en las llamas que se propagaron en el cuartel de Valdemoro, que costaron la vida a un teniente. En definitiva, los sindicatos califican la situación en la comisaría de Centro como de “incumplimiento sistemático y grave” de la normativa de riesgos laborales.

Traslado a otro edificio

El mal estado de esta comisaría, además, no ha sido denunciado sólo por las organizaciones sindicales. La oficina del defensor del pueblo, por ejemplo, ya recomendó al Ministerio del Interior en 2013 que los funcionarios se trasladaran a otro edificio, dado que el actual no cumplía los requisitos básicos. El informe elaborado por el departamento dirigido por Soledad Becerril denunciaba la incorrecta ventilación, los malos olores, las humedades, el frío, la falta de higiene y de espacio para almacenar documentos o la escasez de espacio en los calabozos, entre otros aspectos.

El director de la Policía, Ignacio Cosidó, se comprometió después de ese informe a buscar otro sitio para reubicar a los agentes que actualmente trabajan en Centro, pero hasta hoy los funcionarios continúan en el mismo inmueble y no hay noticia de que el Gobierno les haya encontrado un nuevo destino.

En la instalación policial de Sol, según denuncia el mismo escrito presentado ante la Secretaría de Estado, los funcionarios sufren altas temperaturas, baja humedad y niveles de CO2 muy por encima de lo permitido. En la de Rey Francisco, alertan sobre la falta de espacio, la inexistencia de sistema de detección de incendios o que es frecuente ver cables sueltos por el suelo.

Además de pedir el cierre de tres comisarías, los sindicatos también han solicitado que el Ministerio arregle urgentemente el Complejo Policial Casa de Campo, también en Madrid. En concreto, las cuatro organizaciones denuncian la existencia de techos hundidos o desprendidos, suelos deteriorados, escaleras desprotegidas, sumideros sin tapas, mala aireación, escasa climatización que impide regular adecuadamente las temperaturas, falta de iluminación, aseos en “condiciones higiénico-sanitarias deplorables” e incluso “insectos en las duchas”.

La reducción de los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos cinco años ha afectado directamente a los edificios públicos de España. La falta de recursos para construir nuevos inmuebles o para reparar los ya existentes ha provocado que estos se vayan deteriorandopoco a poco y, en muchos casos, ni siquiera cumplan con las condiciones básicas demandadas por la leyde riesgos laborales, que el Gobierno sí exige, sin embargo, a cualquier empresa privada.

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