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UPyD logra que el TC revise el pago por decreto de los programas de armamento
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PRESENTA UN RECURSO junto a psoe e iu

UPyD logra que el TC revise el pago por decreto de los programas de armamento

El TC deberá dirimir si el Gobierno cumple con la legalidad al aprobar cada año, vía decreto-ley, créditos extraordinarios para el pago de armamento.

Foto: El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en una imagen de archivo (EFE).
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en una imagen de archivo (EFE).

UPyD ha conseguido que sea el Tribunal Constitucional el que, finalmente, establezca si el Gobierno cumple con la legalidad al aprobar, cada año, vía decreto-ley y en verano, un crédito extraordinario para financiar los programas de armamento acordados por el Ministerio de Defensa con la industria del sector. Una iniciativa que ha encabezado desde hace meses la diputada Irene Lozano y que, finalmente, llega este viernes al Alto Tribunal gracias a que se han sumado al recurso el PSOE y La Izquierda Plural para sumar los 50 diputados necesarios.

Como ya publicó este diario en julio, el Gobierno tiene cerrado con las industrias de la defensa un estricto calendario de pagos hasta el año 2030 para hacer frente a los llamados Programas Especiales de Armamento (PEAS): compras masivas de material militar que se iniciaron a finales de los 90. Las cifras y la magnitud del problema hablan por sí solas. El precio final de estos programas ronda los 30.000 millones de euros, una cantidad que equivale al 3% del PIB. Es casi la misma magnitud de lo que supuso un rescate y medio de Bankia y la cifra roza, por ejemplo, el importe total de las nóminas de los funcionarios de todo el Estado (33.290 millones de euros).

Lo que está en cuestión ahora y sobre lo que tendrá que decidir el Tribunal Constitucional es si la fórmula elegida cada año por el Gobierno del PP para el pago de estos programas vulnera la legalidad. La estrategia seguida durante estos últimos años ha sido siempre la misma: utilizar la figura de un ‘decretazo’ en mitad de verano para aprobar créditos presupuestarios adicionales para el Ministerio de Defensa con los que hacer frente al pago de estos programas de armamento. Compromisos de pago ya suscritos de antemano, tal y como avanzó este diario, y que, sin embargo, no se incluyen en los presupuestos iniciales que presenta anualmente Defensa ante las Cortes Generales.

La clave de la supuesta ilegalidad radica en un acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de agosto de 2013 (PDF) que la diputada de UPyD Irene Lozano desveló en un informe de UPyD sobre los PEAS elaborado con el asesoramiento de Bernardo Navazo, analista de Defensa de la Fundación Alternativas. Dicho acuerdo detalla, negro sobre blanco, el refinanciamiento de la deuda para los próximos 15 años y desvela cómo el gasto en armamento se disparará partir de 2016. En este sentido, el recurso de inconstitucionalidad presentado por PSOE, UPyD y La Izquierda Plural cuestiona que haya, por tanto, “razones de extraordinaria y urgente necesidad” para que se convalidara, el pasado 1 de agosto, otro nuevo decretazo por valor de 883.655.368 euros.

El recurso, al que ha tenido acceso este diario, destaca que el Gobierno “se encuentra ante la necesidad de satisfacer unas obligaciones de pago que no surgen espontáneamente, ni de manera inesperada como consecuencia de nuevos contratos, tratados o acuerdos”. Por ello, las obligaciones en cuestión, “su existencia, cuantía y vencimiento eran absolutamente conocidas por el Gobierno en el momento de dotar de medios al Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado”. Por ello, el Gobierno podría “haber satisfecho la necesaria cobertura de las mismas con su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado o, en su defecto, tramitando un proyecto de ley mediante el procedimiento legislativo ordinario o, en su caso, por el de urgencia”. Lo que decida el TC en este sentido es de especial importancia pues condicionará el modo de dotar presupuestariamente a Defensa de los fondos necesarios para los PEAS en los próximos 15 años.

Los Programas Especiales de Armamento es el término con el que se define a los 19 programas de adquisición de sistemas de armas iniciados, principalmente entre 1997 y 2004. Los principales programas consisten en aviones de combate, fragatas, carros de combate (Leopard), aviones de transporte, carros blindados (Pizarro), buques, helicópteros, submarinos, artillería remolcada, misiles contra carro… Los PEA, mantenidos con diferentes Gobiernos y con diferentes ministros, desde Eduardo Serra a Carme Chacón, merecieron una categoría especial y un programa presupuestario ad hoc por la enorme cantidad de recursos movilizados para su realización (lo que llevó a contar con el apoyo, vía prefinanciación, del Ministerio de Industria) y por sus largos periodos de definición, diseño, ejecución y puesta en funcionamiento.

UPyD ha conseguido que sea el Tribunal Constitucional el que, finalmente, establezca si el Gobierno cumple con la legalidad al aprobar, cada año, vía decreto-ley y en verano, un crédito extraordinario para financiar los programas de armamento acordados por el Ministerio de Defensa con la industria del sector. Una iniciativa que ha encabezado desde hace meses la diputada Irene Lozano y que, finalmente, llega este viernes al Alto Tribunal gracias a que se han sumado al recurso el PSOE y La Izquierda Plural para sumar los 50 diputados necesarios.

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