Piden que el Gobierno detenga al exministro Martín Villa por los sucesos de Vitoria

La asociación 3 de Marzo de Vitoria, que representa a los cinco muertos y a las más de cien personas heridas en 1976 durante una carga policial en la capital vasca, ha pedido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que se detenga a Rodolfo Martín Villa y se le ponga a disposición de la justicia argentina.

El portavoz de esa asociación, Andoni Txasko, en declaraciones a Efe, ha valorado la decisión de la magistrada argentina María Servini de encomendar a la Interpol el arresto de 20 imputados por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco y los primeros años de la Transición española, entre ellos Martín Villa, para que puedan ser extraditados a Argentina y ser interrogados.

A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, la jueza le pide responsabilidades por la muerte en Vitoria de cinco trabajadores por una carga policial.El 3 de marzo de 1976, una asamblea de trabajadores que se celebraba en la iglesia San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero de Zaramaga de la capital alavesa, fue disuelta por la policía de forma violenta y como consecuencia de ello murieron cinco obreros y más de un centenar de personas resultaron heridas.

El portavoz de la asociación 3 de Marzo ha calificado de "muy positiva" la actuación de la jueza argentina porque tantos años después de lo sucedido "se va rompiendo la impunidad que ampara a los responsables de hechos criminales".Pese a la resolución judicial de la magistrada, Txasko se ha mostrado "escéptico" con la posibilidad de que el Gobierno español ordene la detención de los imputados por Servini para que puedan ser extraditados, dado que se ha negado "sistemáticamente" durante años a que puedan ser juzgados en España "quienes fueron responsables de esos crímenes".

Ha reclamado al Gobierno que cumpla "la legislación internacional en materia de derechos humanos y que aplique el principio de justicia universal"."Que el Gobierno detenga a esas personas, las lleve a declarar, las ponga a disposición de la Justicia argentina o que enjuicie los hechos con garantías en España", ha reclamado el portavoz de la asociación.

Si el Gobierno no atiende la petición de la Justicia argentina, ha opinado Txasko, quedará "marcado a nivel internacional el talante antidemocrático del ejecutivo de Mariano Rajoy por amparar la impunidad".

Orden argentina

La juez argentina María Servini ordenaba este viernes la detención preventiva de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, además de a otros 18 acusados en la causa en la que investiga crímenes y desapariciones ocurridas durante el franquismo.La magistrada, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, encomendó a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para ser interrogados.

A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores por una carga policial. Martín Villa fue posteriormente presidente de Endesa y Sogecable.

A Utrera Molina,ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), por su responsabilidad en la pena de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado a garrote vil en España (1974). Utrera Molina es suegro del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).

Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, están imputados el excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, quien fuera miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

La jueza federal argentina lleva adelante la causa abierta en Buenos Aires por crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española y el franquismo, en virtud del principio de Justicia universal, a la que se han sumado víctimas tanto en España como en Argentina.