La Junta ‘regala’ a Alaya la victoria en la primera batalla por los cursos de formación

El giro de la Junta de Andalucía y la decisión de dar la batalla a la juez Mercedes Alaya en la macrocausa de los cursos de formación ha sido un paso muy meditado. El Gobierno de Susana Díaz insiste oficialmente en que “deciden los servicios jurídicos”, pero en un asunto de este cariz hay una estrategia de fondo fundamental y donde se miden al milímetro los riesgos políticos. La dirigente socialista ha oído muchas opiniones y finalmente ha autorizado que se presentara un incidente de nulidad sobre las competencias de Alaya en este caso. La voz del consejero de Justicia y fiscal en excedencia, Emilio de Llera, según aseguran, habría sido clave para abrir la batalla. Sin embargo, varios abogados cercanos al proceso todavía no salen de su asombro.

No porque consideren que es descabellado la teoría de que Mercedes Alaya maniobró para quedarse con este caso y montar una nueva macrocausa como la de los ERE. Varias fuentes judiciales consultadas por El Confidencial muestran sorpresa porque creen que la Junta ha escogido “el peor camino posible” y dan por hecho que han regalado a la magistrada la primera batalla de una guerra que no se sabe hasta dónde llegará. Existe casi unanimidad en el mundo de la judicatura sevillana sobre el “error” cometido por la Junta.

Tras muchas vueltas, legales y políticas, finalmente el Gobierno andaluz ha presentado un incidente de nulidad con el que pretende apartar a Alaya del caso del fraude de la formación y que puede salirle caro ante la opinión pública. El PP andaluz ya aprovecha este frente para atacar a la presidenta y la acusan de un “ataque brutal” a la juez. La Junta se basa en las declaraciones del principal testigo, el funcionario Teodoro Montes, que admitió claramente en su declaración que había acudido hace un año a las puertas del juzgado de la instructora de los ERE a presentar su denuncia y que fue directamente reconducido a la Guardia Civil, en concreto a la UCO, el brazo armado de Alaya en sus investigaciones. Esta devolvió el caso a su mesa sin pasar por reparto oficial de los juzgados y obviando que otros tribunales ya investigaban este presunto fraude millonario.

¿Y ahora qué? Pues lo asombroso es que todos los abogados consultados y conocedores muy directos del caso muestran su incredulidad con el mecanismo elegido y aseguran que ahora “no pasará nada”. El incidente de nulidad de competencias presentado por la Junta será archivado por Alaya sin más, vaticinan. Puede hacerlo. La Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 241) regula que será la propia juez la que decida, “mediante providencia sucintamente motivada”, la inadmisión a trámite y contra su decisión no cabe recurso. Puede también admitirlo, algo improbable, y pedir a las partes personadas que se pronuncien para después archivarlo sin más. “Han regalado a la juez la guerra en la primera batalla”, advierten los letrados, que insisten en el “patinazo” de la Junta. La Fiscalía Anticorrupción ya se pronunció defendiendo la competencia de Alaya en el caso. Habría que oír a los abogados Alfonso Martínez del Hoyo y Juan Carlos Alférez que defienden a los dos imputados, los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, respectivamente. En cualquier caso, su pronunciamiento, posiblemente a favor de las tesis de la Junta, no serviría de nada.

El Gobierno andaluz puede en último caso dirigirse a la Audiencia de Sevilla, que se pronunciaría sobre la inadmisión a trámite pero en ningún caso sobre el fondo del asunto. Hay precedentes, de hasta cuatro casos recientes y similares, en los que la Audiencia ha desestimado la apelación.

Acaba el plazo para la recusación

Fuentes del caso advierten de que si la Junta se planteara en serio dar la batalla a la juez, la vía más directa sería pedir su recusación. El plazo para dar este paso acaba este viernes. Justo diez días después de que el testigo admitiera “que tras 6 o 7 años esperando que alguien lo oyera, llegó a la puerta de este Juzgado para formular denuncia y se le indicó que lo hiciera ante la Guardia Civil”. Desde el Gobierno andaluz insisten en que la decisión de recusar a la magistrada dependerá en cualquier caso de los servicios jurídicos, que es este gabinete el que marca el camino y sólo añaden que se irá “partido a partido”. No lo descartan, pero el riesgo es alto.

En caso de que la Junta no quisiera, intencionadamente, llegar a pedir la recusación de la magistrada por evitar la erosión que supone ante la opinión pública plantar cara a la juez y no a los presuntos defraudadores, quedaban otros caminos que legalmente, insisten, hubieran sido mucho más ciertos. El funcionario Teodoro Montes, como quedó claro en respuestas a las preguntas del abogado Juan Carlos Alférez, ya había presentado una denuncia por la vía penal contra uno de sus superiores que se archivó provisionalmente y que narraba las mismas “graves irregularidades” que contó a Alaya. “Pedir que el caso volviera a ese juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla donde se puso la primera denuncia habría sido la vía más clara”, coinciden fuentes judiciales.

Se desconoce si el Gobierno de Susana Díaz tiene plan B, pero el asombro por el paso en falso dado desde la Junta crece. Después de tanto tiempo meditando si cambiar la estrategia frente a la juez Alaya y plantarle cara, pese al coste político que puede suponer esta decisión, hay coincidencia en que el Ejecutivo andaluz se ha equivocado de camino. Desde San Telmo apuntan “al gabinete jurídico”.