Granados, "el intermediario de las ovejas negras que querían asegurarse su jubilación"

Francisco Granados fue alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, secretario general del PP de Madrid y senador. Sin embargo, su carrera política siempre estuvo rodeada de sospechas por sus relaciones con empresarios del negocio inmobiliario, y muy especialmente con David Marjaliza.

Ayer, esas sospechas quedaron patentes con la detención de ambos, en una operación que se llevó por delante a medio centenar de personas. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco les imputa, entre otros muchos delitos, formar parte de una organización criminal dedicada a pagar comisiones ilegales a alcaldes y funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones. El papel de Granados, según los investigadores, era el de intermediario entre el empresario y políticos, las “ovejas negras” de los partidos, que aceptaban el dinero ilegal para asegurarse su jubilación.

A cambio, el actual asesor de Société Générale podría cobrar una parte. “Granados seguía ejerciendo sus influencias y eso tenía retorno”, aseguran fuentes de la investigación. Estas sospechas se basan tanto en las intervenciones telefónicas como en la vigilancia a la que han sido sometidos desde junio Granados y varios de los detenidos por parte de la Guardia Civil y por orden del instructor. Los últimos arrestos, efectuados esta mañana, han sido José Martínez Nicolás, Consejero Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, que prestaba servicio a la Comunidad de Madrid; y Manuel Jesús López Sánchez, interventor de la Diputación de León.

El ex ‘número dos’ de Esperanza Aguirre seguía manteniendo reuniones “sospechosas” en estos últimos meses. Los investigadores reconocen que Granados ha sido muy inteligente y ha evitado mencionar el objeto de esos encuentros y las personas con quienes se reunía. Sin embargo, los agentes encargados de seguirle han podido recabar información. Y todo esto a pesar de que dos personas, una de ellas un guardia civil, le informaron en septiembre de que estaba siendo objeto de una investigación y de que tenía el teléfono 'pinchado'. Fuentes de la investigación reconocen que en ese momento estuvo a punto de “reventarse” la operación, aunque finalmente se decidió aguantar porque esta no estaba madura.

A pesar de ser alertado, los agentes sospechan que Granados nunca llegó a imaginar que podía ser detenido porque en su casa ha sido incautada documentación, aunque todavía es pronto para confirmar si es valiosa. Su futuro en prisión preventiva dependerá de si durante el registro de su domicilio ha aparecido dinero en efectivo, y en qué cantidades. De ser así, el magistrado entendería que ha estado manejando dinero negro y su ingreso en la cárcel sería más factible. Por ahora se encuentra en dependencias del Instituto Armado hasta que pase a disposición judicial entre el miércoles y el jueves.

Buscaban un retiro dorado

La operativa de esta organización criminal no tiene nada de sofisticada. Es el clásico pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos, principalmente sobre eficiencia energética, con dos cerebros, los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro, considerados por el juez y la Fiscalía Anticorrupción como los ‘conseguidores’.

Vídeo: Detenido el ex número dos de Aguirre, Francisco Granados

Marjaliza es amigo íntimo de Granados desde hace muchos años. Durante el tiempo en la alcaldía de Valdemoro, Granados regía y Marjaliza recibía las adjudicaciones. Fue en el consistorio donde ambos comenzaron a crear su imperio. Parte del resultado de este tándem son las cuentas en Suiza de las que ambos disponían (con 1,5 millones de euros en caso de Granados), que ha sido el origen de esta investigación.

Fuentes del caso consideran que la relación de ambos no acabó cuando Granados abandonó la Alcaldía, sino que se perpetuó en el tiempo. Granados le introducía en los círculos políticos y Marjaliza conseguía adjudicaciones que han llegado a ascender a 250 millones de euros. A cambio, entregaba comisiones ilegales a los alcaldes y funcionarios.

De las intervenciones telefónicas se desprende que principalmente los alcaldes y políticos implicados, como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, comenzaron en los últimos meses a recibir más comisiones a la vista de que no iban a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas, previstas para el próximo mes de mayo, y se irían a su casa con una mano delante y otra detrás. Como explican fuentes del caso, se trata de personas que no tienen otra profesión y se estaban asegurando su futuro.

“Estaban pillando lo último antes de que les echaran”

Estaban dando por cerrado el “chiringuito” e intentando quedarse con lo que pudieran. Son las “ovejas negras” de los partidos políticos, principalmente del PP. Esta trama no implica una financiación ilegal de las formaciones políticas, pero sí demuestra que la corrupción no es una cosa del pasado, sino que sigue estando al orden del día. Días antes de explotar la Operación Púnica, todavía se habían repartido las últimas comisiones. Dicen los investigadores: “Estaban pillando lo último antes de que les echaran”.

El grado de relaciones de los ‘conseguidores’ con cargos públicos llegó a tal nivel que de las pesquisas se desprende que Marcos Martínez les pidió que mediaran para que le nombraran presidente de la Diputación cuando su antecesora, Isabel Carrasco, fue asesinada. Han llegado a acumular en los últimos años un nivel alto de influencias con cargos del PP.

Tanto Marjaliza como De Pedro Llorca han funcionado conjuntamente a través de favores mutuos y son, para la Guardia Civil, Anticorrupción y juez, quienes han tejido todo el entramado. Marjaliza ha llegado a acumular hasta un centenar de empresas, a su nombre o a nombre de terceros, que están siendo investigadas porque muchas de ellas no tienen ni un solo empleado y se sospecha que esté evadiendo impuestos a través de ellas.

Junto a ellos se ha visto salpicada la empresa francesa Cofely por haber ofrecido comisiones a cambio de adjudicaciones. Ayer la Guardia Civil detuvo a varios de sus trabajadores y registró su sede. Ofrecían contratos de eficiencia energética y varios ayuntamientos los ficharon incluso sin ser necesarios.

Sensación de impunidad

La cantidad de datos que se han obtenido durante cinco meses de intervenciones telefónicas demuestran que a pesar de todos los casos de corrupción que están aflorando, alcaldes y políticos siguen teniendo una sensación de impunidad. Se han detectado conversaciones con funcionarios, técnicos o arquitectos. Elaboraban pliegos a la carta para que las empresas de los ‘conseguidores’ fueran las más idóneas para los contratos y fraccionaban las adjudicaciones para que no tuvieran que salir a concurso.

Este tipo de comportamientos ya se repiten en otras tramas de corrupción como el caso Gürtel o el caso Nóos, entre otras, aunque no parece que los continuos golpes a la corrupción sirvan para frenar en algunos este tipo de conductas.