El caso del imputado Jordi Cañas aleja a UPyD de posibles acuerdos con Ciudadanos

El grupo de trabajo creado entre Ciudadanos y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para explorar posibles acuerdos de cara a las citas electorales del año que viene prosigue sus trabajos discretos tras la primera entrevista que mantuvieron en Madrid los líderes de ambas formaciones, Albert Rivera y Rosa Díez. Las posibilidades de llegar a un pacto electoral, sin embargo, están todavía muy en el aire por las diferencias de ambas formaciones en temas considerados capitales como la regeneración democrática, de la que hacen bandera ambos partidos, o la lucha contra la corrupción.

Es en esta área donde han empezado a ponerse de manifiesto algunas diferencias sensibles entre las dos formaciones, sobre todo a raíz de la situación actual, dentro de la dirección de Ciudadanos, del exdiputado y exportavoz Jordi Cañas, imputado en un caso de fraude fiscal que le obligó a abandonar su escaño en el Parlamento catalán. El caso se remonta una empresa inmobiliaria de la que era administrador único y que, presuntamente, defraudó a Hacienda 429.203 euros en el impuesto de sociedades del 2005. Apartado del Parlamento, Cañas sigue sin embargo como vocal, con voz y voto, en la dirección de Ciudadanos, situación que podría convertirse en una piedra en el camino de los acuerdos futuros entre ambas formaciones.

La Fiscalía sostiene que la empresa inmobiliaria administrada por Cañas emitió una factura a la sociedad de su excuñado, Inma&Marc Habitatges S.L., por unos servicios inexistentes, con lo que, a su parecer, su papel resultó necesario para la evasión fiscal de 429.203 euros en el impuesto de sociedades del 2005. En su declaración ante el juez, Cañas justificó en junio que la factura correspondía a servicios de asesoramiento inmobiliario. No aportó el contrato que acreditase dichos servicios por no conservarlo, dijo, dado el tiempo transcurrido desde entonces.

Los estatutos de Ciudadanos establecenque los cargos públicos y los cargos orgánicos del partido deberán poner su cargo y, en su caso, el acta, a disposición del Comité Ejecutivo si fuesen imputados “aun sin acusación, en el transcurso de una investigación judicial, tratándose de delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el Título XIX del Código Penal”. Esprecisamente ahí donde se aferran desde Ciudadanos para no desligar a Cañas de la dirección del partido pues su caso, de ser confirmado por la justicia, no sería de corrupción política.

“Los casos de corrupción política en el Código Penal se circunscriben a casos de fondos públicos, prevaricación… y esto es un caso previo a su actividad pública, de su esfera privada”, aclara José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. “Nunca se podrá considerar corrupción política y, pese a ello, Cañas fue más allá de los que exigen los estatutos del partido y dejó su acta como diputado. Por eso conserva todavía su cargo en la Ejecutiva”, añade.

El ‘caso Cañas’ todavía no se ha tratado de forma directa en la única reunión del grupo de trabajo formado entre UPyD y Ciudadanos, pero se presenta como un obstáculo para la formación magenta, que ha delegado en el abogado Andrés Herzog y en el diputado madrileño Ramón Marcos la interlocución con Ciudadanos. Su segunda cita de aproximación tendrá lugar a finales de esta semana en Barcelona y, por parte del partido de Albert Rivera, acudirán José María Espejo, responsable de relaciones institucionales, y Antonio Espinosa, de acción política y programas.

Los estatutos de UPyD impiden, por su parte, que una situación como la de Cañas pueda darse entre sus cargos electos. Según estos estatutos, ninguna persona que esté imputada por delitos contra la Administración Pública podrá formar parte de listas electorales o de los órganos de dirección, aunque haya ganado unas elecciones primarias. Sus normas señalan expresamente que: “No podrán formar parte de una lista electoral los imputados por delitos de terrorismo; corrupción, en particular: delitos contra la administración pública, ordenación del territorio, hacienda y seguridad social y otros de similar naturaleza; delitos dolosos castigados con penas graves; o por aquellos que conlleven inhabilitación o suspensión de cargo público, cuando en la causa judicial seguida para su persecución se haya dictado resolución que acuerde la apertura del juicio oral contra aquéllos y ésta haya alcanzado firmeza”. Ciudadanos explica que, en este sentido, ellos marcan la línea límite en la imputación y no en la apertura del juicio oral.

Otras diferencias

Otras diferencias secundarias que se están poniendo de manifiesto entre ambas formaciones y que deberían limarse antes de llegar a posibles acuerdos de tercera vía tienen que ver con medidas concretas de regeneración. UPyD considera que nadie debe vivir exclusivamente de la política y, por eso, exige un mínimo de cuatro años de experiencia profesional previa para poder desempeñar un cargo público con dedicación completa. Hipótesis que no se contempla en el partido contrario.

UPyD impide también que una misma persona pueda cobrar como cargo público y como cargo orgánico, punto sobre el que tampoco se establece nada en los estatutos de Ciudadanos. UPyD es, además, el único partido que cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Penales para sus cargos públicos electos.