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Canarias suspende la consulta sobre las prospecciones hasta que decida el TC
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EL GOBIERNO HA ANUNCIADO QUE LA RECURRIRÁ

Canarias suspende la consulta sobre las prospecciones hasta que decida el TC

El Consejo de Ministros, tras recibir el informe del Consejo de Estado, ha decidido autorizar al presidente del Gobierno a presentar recurso ante el Constitucional

Foto: Protesta contra las prospecciones en Las Palmas (Efe)
Protesta contra las prospecciones en Las Palmas (Efe)

El Gobierno deCanariasha decidido suspender la consulta convocada para el 23 de noviembre sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago hasta que el Tribunal Constitucional (TC) decida sobre la impugnación que hoy ha anunciado el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros, tras recibir el informe del Consejo de Estado en el que apoya su pretensión de recurrir la consulta, ha decidido autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a presentar ese recurso ante el Constitucional, según ha informado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sin esperar a que la Abogacía del Estado formalice dicha impugnación, que hubiera supuesto la suspensión inmediata de la consulta, el Ejecutivo canario se ha adelantado y ha decidido posponer todos los procedimientos relacionados con la misma hasta que el tribunal se pronuncie, para lo que tiene un plazo máximo de cinco meses.Y lo ha hecho a pesar de que está convencido de que el proceso "es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución española".

El Consejo de Ministros ha decidido recurrir la consulta al considerar que se trata de un referéndum, cuando la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde exclusivamente al Estado.Asimismo, el Ejecutivo central sostiene que el asunto sobre el que se pretendía consultar a los canarios -la política energética- también es una competencia exclusiva del Estado.


"Estamos hablando de un referéndum sobre el ejercicio de una competencia que la Constitución atribuye al Estado", ha declarado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha añadido: "sobre esas competencias, no hay capacidad de negociación"Sin embargo, el Gobierno canario considera que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía "son plenamente constitucionales".



Para el Ejecutivo regional, la consulta prevista para el 23 de noviembre no suponía un "referéndum encubierto", porque no se llamaba al cuerpo electoral ni al censo ni se gestionaba por la administración electoral ni estaba asegurado con garantías jurisdiccionales específicas.

El Gobierno de Paulino Rivero opina que la pregunta que pretendía formular a los canarios -"¿Cree usted queCanariasdebe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?"-, tampoco tiene visos de inconstitucionalidad porque alude directamente a las prospecciones autorizadas por el Estado."La decisión del Gobierno de España sólo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada", ha lamentado.

Tras conocer la decisión, la Coordinadora Canaria contra la Prospecciones ha opinado que "constituye una prueba más del espíritu antidemocrático, el despotismo y el maltrato que el Gobierno del PP practica contraCanarias, al intentar ponernos un bozal y prohibirnos siquiera el derecho mínimo a opinar sobre el futuro de nuestra propia tierra".

Este colectivo ya ha anunciado que promoverá una consulta alternativa sobre las prospecciones si la impulsada por el Gobierno canario al final no se realiza.

El Gobierno deCanariasha decidido suspender la consulta convocada para el 23 de noviembre sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago hasta que el Tribunal Constitucional (TC) decida sobre la impugnación que hoy ha anunciado el Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros, tras recibir el informe del Consejo de Estado en el que apoya su pretensión de recurrir la consulta, ha decidido autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a presentar ese recurso ante el Constitucional, según ha informado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sin esperar a que la Abogacía del Estado formalice dicha impugnación, que hubiera supuesto la suspensión inmediata de la consulta, el Ejecutivo canario se ha adelantado y ha decidido posponer todos los procedimientos relacionados con la misma hasta que el tribunal se pronuncie, para lo que tiene un plazo máximo de cinco meses.Y lo ha hecho a pesar de que está convencido de que el proceso "es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución española".

El Consejo de Ministros ha decidido recurrir la consulta al considerar que se trata de un referéndum, cuando la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde exclusivamente al Estado.Asimismo, el Ejecutivo central sostiene que el asunto sobre el que se pretendía consultar a los canarios -la política energética- también es una competencia exclusiva del Estado.

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