Alaya exige a la Policía que se aparte de la investigación de los cursos en Andalucía

La jueza Mercedes Alaya ha dado hoy un nuevo paso para asumir en exclusiva la investigación sobre el presunto fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores que se habría cometido en Andalucía durante la última década. La magistrado ha dictado hoy un oficio en el que reclama al Ministerio del Interior que ordene el cese de la investigación que está desarrollando la Policía Nacional sobre este supuesto caso de corrupción para que todas las pesquisas recaigan en la Guardia Civil, que también lleva más de un año investigando ese tipo de subvenciones bajo la dirección de Alaya.

El oficio de la jueza admite poco margen para la interpretación. Según fuentes cercanas al caso, podría tener carácter ejecutivo. Sin embargo,en el plano puramente político,va a obligar al Ministerio del Interior a tomar una decisión.Hasta ahora, el departamento que encabeza Jorge Fernández Díaz había evitadodecantarse por la Policía o la Guardia Civil. Interior había preferido dejar la última palabra en manos de la Fiscalía. De hecho, tras conocerse que ambos cuerpos estaban investigando la gestión de las ayudas para desempleados en Andalucía, se optó por que ambos prosiguieran sus averiguaciones centrándose en partes distintas de la trama.

Así, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía enfocó sus investigaciones hacia el proceso de concesión de las ayudas interrogando a alumnos, tutores y empresarios de la formación de toda Andalucía bajo la supervisión de juzgados de primera instancia de las ocho provincias. Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de laGuardia Civil reclamó directamente a la Junta por orden de Alaya toda lainformación disponiblesobre los expedientes de las subvenciones y apuntó en sus informes a los dirigentes políticos que habríanurdido este presunto caso de corrupción.

Esta frágil convivencia ha durado sólo seis meses. La instructora del caso de los ERE ha decidido este viernes dar un golpe en la mesa reclamando su competencia para investigar todo el fraude de la formación, una medida que de confirmarse provocará que el caso recaiga únicamente en la Guardia Civil. Alaya se ha dirigido al propio Ministerio del Interior para evitar confusiones. Le pide que aparte a la Policía Nacional del caso cuanto antes.