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Tras las dudas sobre Wagner, UPyD pide auditar los gastos de los eurodiputados
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los 4.299 euros al mes para gastos de oficina

Tras las dudas sobre Wagner, UPyD pide auditar los gastos de los eurodiputados

UPyD quiere que se someta a una auditoria los llamados “gastos generales” de los eurodiputados, los 4.299 euros mensuales que reciben.

Foto: Maite Pagazaurtundua y Francisco Sosa Wagner, en una imagen de archivo (EFE)
Maite Pagazaurtundua y Francisco Sosa Wagner, en una imagen de archivo (EFE)

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que la ONG Transparencia Internacional someta a una auditoria y a un mayor control y justificación los llamados “gastos generales” de los eurodiputados, los 4.299 euros mensuales que la Cámara pone a disposición de cada parlamentario para gastos de oficina y de los que no se exige ninguna rendición de cuentas por parte de la institución. La idea, que ayer formuló la eurodiputada magenta Beatriz Becerra, llega después de la abrupta marcha del exportavoz Francisco Sosa Wagner, a quien UPyD había sometido en las últimas semanas a un mayor control interno tras surgir serias dudas sobre el uso que habría dado a estos fondos durante sus primeros cinco años como eurodiputado.

La dirección de UPyD sólo reconoce, extraoficialmente, las dudas generadas en torno a la gestión económica efectuada por Sosa Wagner durante los años en los que fue el único representante de la formación en Bruselas y en los que no se le pidió que rindiera cuentas sobre el uso que daba a esos 4.000 euros mensuales. Ni por parte del Parlamento ni por parte del partido, que tenía confianza plena en él y que ahora, en ningún momento, quieren mentar este asunto en público.

En declaraciones a El Confidencial, el propio Sosa Wagner reconocía el pasado sábado no tener miedo a ese control interno que le habían empezado a exigir. “Pues nada, pues que hagan todas las rendiciones de cuentas que quieran y que pongan bajo sospecha todo –explicaba–. Acabarán imputándome los delitos de Dutroux, un belga que asesinaba a chicas jóvenes y las enterraba en el jardín de su casa”.

La partida de 'gastos generales', que asciende a 4.299 euros mensuales para cada uno de los 751 eurodiputados, está prevista para gastos de oficina, teléfono, etc. y en principio no requiere justificación ante el Parlamento Europeo. Sin embargo, UPyD defiende –y de ahí la propuesta formulada a Transparencia Internacional– que los eurodiputados estén obligados a concretar más la información sobre el uso de estas expensas, así como a devolver a la institución el sobrante no gastado. La elegida es Transparencia Internacional porque ha sido precisamente esta ONG la que acaba de publicar un informe detallado sobre las actividades complementarias que declaran los eurodiputados en sus declaraciones de bienes y su nivel de retribuciones.

Según ha informado el partido en un comunicado, de acuerdo con el Código de Conducta recientemente aprobado por UPyD, los cargos públicos electos, los que tengan funciones de gobierno y los cargos de designación política del partido deben hacer públicas sus nóminas y retribuciones que perciban por asistencia a plenos, comisiones, consejos de administración, entre otros, y las percepciones en especie que obtengan de las instituciones públicas. En este sentido, los cuatro eurodiputados de la formación han hecho públicas en la web del partido sus nóminas del Parlamento europeo. Reciben mensualmente 8.020 euros de la cámara que, tras pagar el impuesto comunitario debido (1.761 euros), se quedan en 6.249 euros netos.

Becerra recordó también que en la formación magenta está prohibido todo tipo de remuneración oculta u opaca, tanto percibida directamente como a través de cualquier otro sistema, tales como tarjetas de crédito no declaradas o a través de los llamados sistemas de previsión (pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas), que tampoco sean oportunamente declarados, que no sean transparentes o que no estén justificadas por el desarrollo del cargo o responsabilidades encomendadas, encuadrándose en las denominadas “remuneraciones encubiertas” o “sigilosas”.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que la ONG Transparencia Internacional someta a una auditoria y a un mayor control y justificación los llamados “gastos generales” de los eurodiputados, los 4.299 euros mensuales que la Cámara pone a disposición de cada parlamentario para gastos de oficina y de los que no se exige ninguna rendición de cuentas por parte de la institución. La idea, que ayer formuló la eurodiputada magenta Beatriz Becerra, llega después de la abrupta marcha del exportavoz Francisco Sosa Wagner, a quien UPyD había sometido en las últimas semanas a un mayor control interno tras surgir serias dudas sobre el uso que habría dado a estos fondos durante sus primeros cinco años como eurodiputado.

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