La Fiscalía Anticorrupción no se aclara con las tarjetas: apropiación indebida o salario

Los dos peritos del Banco de España designados hace ya más de veinte meses por el juez Fernando Andreu para la investigación del caso Bankia tendrán la última palabra a la hora de discernir si las célebres ‘tarjetas black’ constituyen una apropiación indebida o, si por el contrario, representan una aportación dineraria dentro de la retribución de sus beneficiarios. La cuestión no parece fácil de resolver, sobre todo después de comprobar los matices con que se manejan en sus escritos los responsables de la Fiscalía Anticorrupción a los que ha tenido acceso El Confidencial.

En el texto inicial de las diligencias de investigación rubricado por Antonio Salinas, en su condición de fiscal-jefe contra la corrupción y la criminalidad organizada, se resumen las conclusiones de los informes que Bankia envió al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el pasado 26 de junio sobre el caso de las tarjetas de crédito. Dicho escrito, fechado el 2 de septiembre, señala que “no consta que los tenedores de esas tarjetas hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes (IRPF, ISOC…)”.

Salinas constata también que “la utilización de esas tarjetas no aparece conectada con los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales de los disponentes, como por ejemplo los cargos elevados de compras de alimentación, grandes superficies, ropa o retiradas de efectivo”. A partir de estas valoraciones, el fiscal-jefe anticorrupción considera que “indiciariamente los hechos pudieran ser constitutivos de delito societario y apropiación indebida”, por lo que abre una investigación para la que designa a los fiscales Luis Rodríguez Sol y Alejandro Luzón Cánovas.

La controversia se plantea precisamente a raíz de la intervención de estos dos fiscales instructores, como demuestra la carta que ambos suscriben el pasado 24 de septiembre por la que dan traslado de las nuevas diligencias a los peritos judiciales para que incorporen el caso de las tarjetas al antiguo expediente sobre Bankia. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido integrar todas las actuaciones en un mismo proceso, lo que puede retrasar todavía más el trabajo emprendido en febrero de 2013 por los inspectores designados por el Banco de España a instancias del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Una investigación con mucho recorrido por delante

Los dos fiscales nombrado por Salinas no se atreven en ningún caso a mencionar la apropiación indebida como presunto delito y si acaso en un momento dado se refieren a “un presunto cobro indebido de determinadas cantidades por parte de directivos del grupo Bankia”. Además, y a fin de justificar las nuevas diligencias en el marco de las que ya estaban en marcha, los dos instructores recuerdan que el Ministerio Fiscal ya solicitó de los peritos un informe comprensivo para “comprobar si fueran ajustadas a la normativa aplicable las retribuciones asignadas y en su caso pagadas al personal de alta dirección y consejeros de BFA y Bankia por todos los conceptos (…)”.

Los responsables de la Fiscalía Anticorrupción que llevan el caso se muestran bastante más remisos que su jefe a la hora de calificar los hechos y para no pillarse los dedos se amparan con una referencia textual del procedimiento original. Para más señas, y como anticipo del recorrido que puede deparar la investigación sobre Bankia, los instructores recuerdan que las diligencias previas se extendían también al “cumplimiento de la normativa aplicable en la concesión y cancelación de préstamos a los miembros de los consejos de Bankia y BFA, sus familiares próximos, sociedades en cuyo capital participen o administren, o los partidos políticos o sindicatos a los que representen”.

Parece claro que el informe de los peritos se va a complicar decisivamente con la enorme polvareda que ha levantado el despilfarro de las tarjetas en la entidad nacionalizada. Los 15 millones largos que se han ido por el camino no justifican a priori los más de 20.000 millones que costó el rescate de Bankia, pero bastan y sobran para enardecer los ánimos de una sociedad atufada de corruptelas y harta de asumir sacrificios económicos. La trascendencia inicial del caso, que en un principio era la investigación sobre los estados contables y la salida a bolsa, queda ahora en segundo plano tras el escarnio público del escándalo de marras. Tendría gracia que, después de todo, se demostrara que las malditas tarjetas eran solo una parte de la retribución en dinero de plástico.