Aranjuez debe gastar un millón en tirar un edificio que costó 1,7 millones con el Plan E

Otro fiasco del Plan E al descubierto. El Ayuntamiento de Aranjuez tiene un plazo de 90 días para demoler unas instalaciones públicas que se levantaron sobre una parcela que es de un propietario particular. El Juzgado de Instrucción número 1 de Aranjuez dictó ayer un auto con sentencia firme en el que obliga a demoler este inmueble municipal que se levantó durante la última legislatura del PSOE, con cargos a los fondos estructurales del denominado Plan E. Los nuevos gestores del consistorio estiman que el gasto de estas obras supondrá un millón de euros, sumado a los 1,7 millones que costó ponerlo en marcha. Además, el auto advierte de que, si concluye el plazo y no se ha derribado, el demandante podría hacerlo cargando las costas al consistorio.

Las obras en dichas instalaciones municipales, que “hoy aglutinan el 90% de los servicios municipales”, según Fernando Gutiérrez, consejero de urbanismo del Ayuntamiento de Aranjuez, se iniciaron en el año 2011, cuando el socialista Jesús Dionisio era alcalde. La Sociedad Local del Suelo y Vivienda cedió el uso de los terrenos al ayuntamiento a pesar de que una parcela correspondía a un propietario particular.

A la inauguración de este moderno recinto municipal fue invitado el entonces ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, que luego volvió al municipio madrileño para visitar las obras de otra infraestructura, la del aparcamiento de la calle del Rey, que costó casi 4 millones de euros a cargo también del Plan E. La actual corporación va a intentar llegar a un acuerdo con el demandante, pero el propio Gobierno local lo considera “improbable”.

Una de las condiciones para recibir la subvención del Plan E era la de ejecutar las obras en parcelas públicas, un requisito que no se cumplía en este caso, por lo que el dueño del suelo presentó un recurso el 22 de noviembre de 2010. Sobre esta demanda, hubo una primera resolución en febrero de 2012 que obligaba a la demolición de las instalaciones construidas, que ratificó en segunda instancia la Audiencia Provincial de Madrid en noviembre de 2013.

Intentar llegar a un acuerdo

Con la resolución irrevocable que ayer presentó el juez, el concejal de urbanismo asegura a El Confidencial que “el anterior ejecutivo engañó a todos los ciudadanos porque construyó un edificio sobre un terreno que no era municipal”. Mientras el actual Gobierno municipal se echa las manos a la cabeza, no tienen tiempo que perder: alrededor de unos cien empleados municipales están trabajando en esas instalaciones, llamadas a desaparecer.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo local está estudiando posibles reubicaciones de los servicios por el cierre del edificio sobre el que pesa la sentencia de demolición. “El problema mayor lo tienen los vecinos, ya que la mayoría de los trámites interurbanos se ejecutan desde ese inmueble. Aún no sabemos dónde los vamos a recibir”, añade.