UPyD pedirá por cuarta vez la supresión del Consejo Consultivo de Madrid

Es la cuarta vez que el grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia pide esta legislatura la supresión del Consejo Consultivo de Madrid, un organismo regional de carácter informativo llamado a desaparecer. Los consejeros, elegidos a dedo, cobran exactamente lo mismo que un consejero regional, es decir, unos 8.500 euros brutos mensuales, unos 5.500 netos. El puesto lo mantienen durante seis años, renovables otros seis. El salario es todavía más llamativo si se tiene en cuenta que estos miembros premium de un órgano dependiente 100% del presupuesto regional se reúnen una vez a la semana (normalmente los miércoles, si no es festivo) para aprobar los dictámenes que no son de obligado cumplimiento.

En el marco de la reducción de entes y organismos de las Administraciones, este jueves UPyD volverá a pedir formalmente en el Pleno de la Asamblea de Madrid eliminar este organismo “con escasa actividad y un elevado coste” y que el PP defiende hasta la saciedad. No existe un patrón común sobre el número de consejeros que deben formar este gobierno que tienen todas las autonomías. En Madrid, el Ejecutivo regional destina 4,3 millones de euros de su presupuesto anual a mantener este organismo: el 85% del dinero se destina a cubrir gastos de personal.

El artículo 11 de la ley 6/2007 que regula el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid recoge que el presidente de esta institución cobrará exactamente lo mismo que el vicepresidente de la región. Sin embargo, en el caso actual, Ignacio Astarloa gana 91.242 euros brutos anuales, más incluso que el propio presidente de la Comunidad, Ignacio González, que se embolsa al año 89.643,72 euros brutos.

El último fichaje para engordar la plantilla de este consejo premium ha sido Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro de Justicia, que tiene derecho a formar parte de este selecto organismo por ser expresidente de la Comunidad de Madrid. El exalcalde de Madrid ya tiene un despacho con vistas a la Gran Vía junto al de otro expresidente, Joaquín Leguina, con quien conserva una estrecha amistad. La otra expresidenta, Esperanza Aguirre, renunció a este privilegio cuando abandonó la Real Casa de Correos en septiembre de 2012. Ella prefirió reincorporarse a su puesto de funcionaria en el Ministerio de Industria, desde donde después dio el salto a la empresa privada: la compañía de cazatalentos catalana Seelinger y Conde la mantiene en nómina. El consejo cuenta, además, con otros nueve consejeros electivos y un secretario general.

Más de 4 millones de euros anuales de las arcas públicas

Según la memoria diseñada por el propio Consejo Consultivo, durante 2013 el consejo celebró 67 reuniones: 21 en Pleno y 46 en Comisión Permanente. Entre los dictámenes de consejerías, ayuntamientos y otros organismos, se emitieron 657 durante todo el año, que se reparten entre las ocho secciones que dirige cada consejero: a menos de cien por cabeza en todo el ejercicio. En sus reiteradas denuncias para eliminar este órgano, se destaca que “se trata de un claro caso de duplicidad de órganos, ya que estas funciones las puede llevar a cabo perfectamente el Consejo de Estado, con mayores garantías de control de la legalidad de los actos de la Administración, y para ello bastaría con derogar una ley”.

Además, los consejeros pueden compatibilizar sus cargos con otro puesto de trabajo, siempre y cuando no sea de servicio activo en la Administración o un cargo de representación popular.