La investigación interna de IU por las ‘tarjetas B’ podría fulminar a varios cargos

Las primeras conclusiones derivadas de la investigación interna emprendida por la federación madrileña de Izquierda Unida (IUCM), para depurar responsabilidades políticas por el caso de las tarjetas black, prometen no dejar títere con cabeza. Sus tres consejeros implicados (José Antonio Moral Santín, Juan Gómez Castañeda Rubén Cruz y José Luis Acero) ya no militan en el partido, por lo que su objetivo pasa por dilucidar la responsabilidad de los coordinadores de IUCM durante los años en los que fraguó el escándalo: Ángel Pérez, actual portavoz municipal, Gregorio Gordo, portavoz en la Asamblea de Madrid y Miguel Reneses. Tres nombres a los que también se apuntó indirectamente durante la reunión de la dirección federal de IU celebrada el pasado fin de semana.

Uno de los participantes en la comisión de investigación ha adelantado que la resolución de la comisión de investigación, la cual se remitirá a los órganos pertinentes a lo largo de esta mañana, tendrá la contundencia necesaria para que el partido tome medidas de inmediato. Y es que el fin último, según señalan estas mismas fuentes, pasa por ir más allá que el resto de partidos implicados en el escándalo: “Mientras ellos están echando de sus filas a los titulares de las tarjetas, nosotros pretendemos buscar responsabilidades en quien pudo haber sido cómplice porque a los consejeros ya los apartamos hace mucho tiempo. No es verdad que nadie supiese lo que estaba pasando”.

Entre los “cómplices” podrían encontrarse otros cargos de la formación conocedores del hecho de que el equipo de Blesa pagase con la tarjeta B la fianza de un recurso judicial de IU contra una decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre, como reveló el pasado lunes el diario InfoLibre. Una información recogida en un correo de Enrique de la Torre, ex secretario general de Caja Madrid y mano derecha de Blesa. “Alguna gente de IU entró de lleno en la lucha interna por el poder en el PP”, reconoció el propio Cayo Lara al ser preguntado por este asunto.

El tono de las acusaciones vertidas en el último encuentro de la dirección federal de IU no deja lugar a dudas sobre la unanimidad interna respecto a la intención de depurar responsabilidades políticas. Desde el diputado Alberto Garzón, que reclamó “que caigan los corruptos y los responsables políticos de aupar a esos corruptos”, hasta el miembro de la ejecutiva y abogado del partido en los casos relacionados con Bárcenas y Bankia, Enrique Santiago, para quien es preciso echar de IU a todos los que fueron coordinadores en Madrid durante la época en la que existieron las tarjetas black.

“Lo de Caja Madrid es sólo la punta del iceberg”

Tanto la ejecutiva federal como la regional son conscientes de que la implicación de IU en este escándalo ha sido muy criticada por la militancia y podría frenar su ascenso electoral, por lo que aseguran que serán “muy expeditivos”. Es más, Cayo Lara anunció que se abrirían más investigaciones internas para dilucidar si estas prácticas podrían ser extensibles a otras cajas de ahorro. Concretamente, el líder de la formación puso en el punto de mira a dos entidades: Caja Castilla-La Mancha y Caja Mediterráneo (CAM), puesto que cree que el caso de las tarjetas black “es sólo la punta del iceberg”.

El empeño de IU por tirar de la manta se vio frustrada ayer en la Cámara Baja, donde el PP impidió que se discutiera la propuesta de Izquierda Unida para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades cometidas en la gestión de Caja Madrid y en otras cajas de ahorro rescatadas y nacionalizadas con dinero público. Su portavoz parlamentario, José Luis Centella, aseguró que seguirán insistiendo para “crear una comisión de investigación que llegue hasta el final de lo ocurrido en las cajas, especialmente en Caja Madrid”.

Por otra parte se espera que los responsables de las fundaciones vinculadas al partido, principalmente la FEC (Fundación Europa de los Ciudadanos) también entren de lleno en la investigación. Según adelantó Lara, estas entidades “también tendrán que dar cuentas” si se descubre que se financiaron mediante las tarjetas opacas.