CEOE incumple su código ético y mantiene a Arturo Fernández como vicepresidente

Lo dice con toda claridad el Código Ético y de Buen Gobierno de la patronal CEOE: “Todos los afectados por este Código deben evitar cualquier conducta que, aun sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de forma negativa a sus intereses”.

¿Este es el caso de Arturo Fernández, el presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de CEOE? Parece que sí, como sostiene un miembro de la Junta Directiva de la organización, pero por el momento la cúpula empresarial no ha tomado ninguna decisión al respecto. Y eso que el citado Código deja bien claro que “ninguno de los afectados participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al ordenamiento jurídico vigente”. Tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía Anticorrupción han anunciado ya la apertura de una investigación formal.

Como se sabe, el presidente de CEIM disfrutó de una tarjeta ‘gratis total’ –opaca fiscalmente y escondida en el balance de la entidad– durante tres años (entre 2010 y 2012), a la que cargó gastos por valor de 37.300 euros, cantidad que asegura haber devuelto.

El Código ético de CEOE –aprobado hace poco más de un año– no acaba ahí. En uno de sus apartados establece que “todos los afectados” (entre ellos sus vicepresidentes) asumen el “compromiso” de comunicar al presidente de la Comisión de Régimen Interno de la patronal la apertura de “cualquier procedimiento judicial penal con transcendencia empresarial”. Incluso, establece que el afectado está obligado a “poner a disposición de los órganos de gobierno de la CEOE su cargo hasta que se resuelve el asunto". El presidente de la Comisión es el responsable de la patronal catalana, Joaquín Gay de Montellà, de la máxima confianza de Rosell.

Arturo Fernández, sin embargo, ha señalado en los últimos días que no tiene intención de dimitir y que no ha hecho "nada ilícito". Tan sólo se ha limitado a dar explicaciones a la Mesa y del Comité Ejecutivo de CEIM para comunicarles "todos los razonamientos y que sepan, de modo transparente, cuál ha sido la utilización de esa tarjeta". Sus razonamientos debieron ser sumamente persuasivos porque en la reunión del pasado lunes Fernández salió con el apoyo mayoritario de la cúpula empresarial madrileña.

El protegido de Esperanza Aguirre

De la misma manera, nada indica que se vaya a producir algún movimiento en CEOE para relevar a Arturo Fernández como vicepresidente de la patronal. Entre otras cosas, como aseguro un empresario con años de experiencia en los órganos directos de los empresarios, porque Fernández “es el protegido de Esperanza Aguirre”, y cualquier movimiento en su contra pondría a los empresarios madrileños contra el presidente de CEOE, Juan Rosell, con quien tan sólo comparte el reparto del poder dentro de la patronal. Sobre todo, cuando faltan apenas dos meses para las elecciones a la presidencia de la gran patronal.

El grado de cumplimiento del código ético ya suscitó alguna discusión en una de las últimas juntas directivas de la organización. Algunos empresarios consideraron entonces que CEOE no era suficientemente diligente. Y aunque no había saltado con toda la intensidad el asunto de las tarjetas opacas al fisco, los empresarios allí reunidos ya manejaron alguna información.

Este asunto, en todo caso, se debatirá la semana que viene, el día 15, en la reunión de la junta directiva, a la que, por cierto, tiene previsto acudir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien precisamente ha anunciado que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación en profundidad.

En la misma línea, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigar a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid que cargaron en sus tarjetas de empresa gastos privados, como estancias en hoteles, compras en el sector de la alimentación, almuerzos en restaurantes, o retiraron efectivo por valor de 15,2 millones de euros en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, anunció la apertura de diligencias por posibles delito societario y de apropiación indebida sobre estos hechos y designó para su instrucción a los fiscales Luis Rodríguez Sol y Alejandro Luzón, después de que Bankia hubiera comunicado este posible uso irregular de las tarjetas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y este órgano trasladara la información al Ministerio Público.