Colapso judicial: diez fiscales del Supremo para cientos de miles de causas civiles

El fiscal jefe de la Sala Primera del Tribunal Supremo, José María Paz Rubio, no se ha mordido la lengua a la hora de criticar la falta de medios humanos y materiales del sistema judicial para hacer frente a los "abusos del poder", y ha denunciado con especial vehemencia el colapso de la jurisdicción civil, que el pasado año resolvió 1,8 millones de causas en toda España y tiene cientos de miles aún pendientes. "Somos 10 fiscales [en la Sala de lo Civil del Supremo] y nos falta plantilla", se lamenta De Paz, que destaca la gran carga de trabajo sobrevenida en materia de defensa de los consumidores a raíz de la avalancha de denuncias por las participaciones preferentes o las cláusulas suelo.

No es nada habitual que un fiscal jefe del Tribunal Supremo saque a relucir, públicamente, las miserias de la justicia. Paz Rubio, un fiscal de talante progresista, lo hizo el pasado jueves en un foro sobre defensa judicial colectiva de consumidores y usuarios celebrado en el Consejo General de la Abogacía y organizado por Adicae, una de las asociaciones pioneras en la lucha contra los abusos bancarios y la denuncia de productos 'tóxicos' de ahorro e inversión.

'Basta que diga que llama el fiscal del Supremo para que cualquier director de banco se ponga al teléfono. Tenemos fuerza y vamos a continuar, porque el más poderoso no puede abusar del más débil', ha dicho el fiscal jefe de la Sala Primera del TS

"Nos faltan herramientas", aseguró Paz Rubio. "Es cierto que ahora, tras las últimas reformas legislativas, podemos actuar en materia de defensa de los consumidores, lo que ha supuesto un avance en esa lucha titánica que llevamos a cabo los fiscales y las asociaciones de consumidores y usuarios. Pero, por desgracia, no se ha aumentado la plantilla de fiscales, y eso significa que debemos hacer frente al trabajo ordinario anterior en materia civil y a estos grandes asuntos", en alusión a las denuncias por los servicios financieros fraudulentos que han atrapado a cientos de miles de pequeños ahorradores.

"Nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo y voluntad en las acciones colectivas", añadió Paz Rubio, "pero el consumidor está todavía totalmente desprotegido. Se habla de cláusulas suelo, se habla de preferentes... y puede haber indicios de estafa estructural. Si yo veo, como consejero de una entidad bancaria, que mi balance está falsificado y que no va a haber rendimiento con las preferentes, podemos estar ante una estafa estructural. Pero debemos ser prudentes y ver la naturaleza de los casos que nos llegan, porque pueden ser civiles o derivar en acciones penales".

Además de resolver las causas civiles de su competencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es también responsable de coordinar la labor de las fiscalías territoriales, provinciales y de área en defensa de los intereses de consumidores y usuarios, según estableció en 2010 una circular de la Fiscalía General del Estado. Esa labor de coordinación recae en Paz Rubio y su reducido equipo de fiscales, a los que corresponde estudiar las diligencias informativas incoadas, las demandas presentadas, las sentencias dictadas y los procesos judiciales abiertos en todas las comunidades autónomas.

Freno a los abusos

"Ha habido que sanear la banca con dinero de los contribuyentes y se han cometido muchos abusos, pero somos garantes del derecho y tenemos la voluntad de frenar esos abusos. Las empresas fuertes, sea cual sea el sector, tienden a abusar", afirmó Paz Rubio. "Eso sí, basta que diga que llama el fiscal del Supremo para que cualquier director de un banco se ponga al teléfono de inmediato. Tenemos fuerza, y vamos a continuar, porque el más poderoso no puede abusar del más débil".

La denuncia de Paz Rubio sobre la precariedad de medios de la administración de justicia se produce apenas una semana después de que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) diera a conocer un informe demoledor al respecto. Según ese informe, casi la mitad de los juzgados de España soportan una sobrecarga de trabajo superior al 150%, es decir, tienen un 50% más del trabajo que pueden asumir. A la luz de esos datos, la asociación progresista Jueces para la Democracia manifestó que la administración de justicia está "absolutamente desbordada".