La Audiencia de Palma decidirá el próximo 23 si sienta a la Infanta en el banquillo

La Audiencia Provincial de Palma ha fijado para el próximo día 23 de octubre para resolver los recursos planteados contra la imputación de la infanta Cristina de Borbón y del resto de inculpados en el 'caso Nóos', entre ellos su marido, Iñaki Urdangarin. Según fuentes jurídicas, la Sala ha fijado esa jornada para deliberar y anunciar el fallo, aunque si llegan a un consenso antes no se descarta que se pueda adelantar la decisión.

El tribunal está presidido por Diego Gómez-Reino, que también actúa como ponente, por Juan Jiménez y Mónica de la Serna. El primero de ellos es el mismo que ya ordenó al juez de Palma José Castro que retirara la imputación a la hermana del Rey Felipe VI la primera vez que lo hizo como colaboradora necesaria de todos los delitos cometidos por su marido.

Castro la volvió a imputar meses más tarde por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales y finalmente cerró la investigación manteniendo esta acusación, a pesar de la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. Según fuentes jurídicas, Gómez- Reino es detractor de aplicar el blanqueo de capitales cuando el delito precedente es el fiscal.

Entre otros múltiples recursos, la Sala tiene que estudiar el presentado por el fiscal contra la imputación de Cristina de Borbón y en el que recrimina al magistrado haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del Rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos".

Tras la decisión de Castro de seguir hasta el final contra la Infanta, el fiscal le acusó de construir "un andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez" para imputarla, que se desmoronaría con "una leve brisa" porque se basa en tres circunstancias de "nulo valor incriminatorio": que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa que poseen al 50%.

Con una línea argumental similar, la Abogacía del Estado también se opuso a sentar en el banquillo de los acusados a la hija de Juan Carlos I al considerar que ser la cónyuge de un defraudador no le hace ser una defraudadora. "En el derecho penal no cabe admitir ningún tipo de presunción de participación por la mera convivencia conyugal", como tampoco se puede "inferir de forma automática un propósito criminal" de los actos propios de una entidad mercantil como que la infanta Cristina firmara las actas de las juntas generales y el alquiler de la oficina situada en su propio domicilio, según alegó la Abogacía del Estado que representa en este caso a la Agencia Tributaria.