El juez cita a Aguirre el día 22 y acelera los pasos para saber si puede ser candidata

La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha sido citada a declarar como imputada el próximo 22 de septimbre en calidad de imputada por darse a la fuga de unos agentes de movilidad el pasado mes de abril. El juez Carlos del Valle la cita por un presunto delito de desobediencia después de que la Audiencia Provincial de Madrid le obligara a seguir el caso por delito y no por una mera falta. Esta rapidez en el proceso le permitirá a la presidenta madrileña del PP despejar su futuro político. De ser condenada su candidatura a la alcaldía de Madrid quedaría comprometida. Sin embargo, si resultase exculpada, Rajoy podría contar con su experiencia para este puesto.

La acusación popular representada por Justicia y Transparencia había recurrido la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 14 de seguir el proceso de Aguirre como falta, recurso que fue estimado por un tribunal al considerar que había indicios de un posible delito de desobediencia al darse a la fuga de una manera "contumaz" y "consciente".

Según recoge el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características, según la Sala, de la posible existencia de una infracción delictiva". En consecuencia, "es procedente instruir diligencias previas" a los afectos determinados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juez también cita en calidad de testigos para el día 30 de septiembre a los agentes de Movilidad que le multaron y a los policías municipales que le siguieron hasta su domicilio intentando que parara el coche sin ningún éxito.

Según recuerda el auto, de fecha de 12 de septiembre, la investigación a Aguirre se inició tras un atestado policial que ponía de manifiesto cómo Aguirre en el momento de que unos agentes de Movilidad estaban procediendo a anunciarle una multa por aparcar en un lugar prohibido y otra por no entregarle la documentación requerida, la expresidenta optó por irse del lugar sin esperar a recibir os boletines de denuncia. En ese momento, los agentes la ordenaron que se detuviera, haciendo ésta caso omiso y tirando la moto de uno de los agentes. La escena estaba siendo vista por una patrulla de Policía Municipal que procedió a darle el alto, y al hacer ésta caso omiso, fue perseguida hasta su domicilio.

Después de que Del Valle recabara toda la documentación, como los vídeos de los hechos, los atestados policiales y demás, resolvió que el asunto debía seguirse como falta. Sin embargo, la Sección Sexta concluyó que los hechos que se investigan deben ser calificados como un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad al considerar que se debe proteger la "garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas, es decir, la necesidad que toda la sociedad organizada tiene que proteger la actuación de los agentes públicos para que estos puedan desarrollar sus funciones de garantes del orden y seguridad pública".

Para el tribunal, los hechos denunciados "vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia a un agente de Movilidad y a los policías municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los agentes".