El PSOE acepta negociar la "regeneración democrática" de Rajoy, pero no los alcaldes

El nuevo PSOE de Pedro Sánchez empieza a hacer equilibrios para competir en izquierdismo con IU y Podemos y, al mismo tiempo, presentarse como partido de Estado. Los representantes del grupo parlamentario socialista acordaron en la Moncloa con los del Gobierno y del Grupo Popular abrir negociaciones sobre lo obvio y lógico (los proyectos de ley sobre “regeneración democrática” que están en el Congreso) y escenificar su disidencia sobre la reforma electoral.

El PP convocará ahora todos los partidos para hablar sobre cambios legislativos que garanticen que los alcaldes salgan de la lista más votada y el PSOE irá a las reuniones, pero para decir que no a cualquier cambio en la materia después de los comicios. Ese es el principal acuerdo alcanzado entre ambas partes, Ejecutivo y principal partido de la oposición, que permite a los populares dar por encarrilada su ofensiva para el consenso sobre medidas que mejoren la imagen de las formaciones políticas, sus responsables y los cargos públicos en general. Y a los socialistas exhibir su condición de partido de gobierno en el estreno de su nuevo jefe, Pedro Sánchez.

Para empezar las negociaciones, José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, invitó a almorzar en el Palacio de la Moncloa a los portavoces de los dos grupos parlamentarios: Alfonso Alonso y Antonio Hernando. Ambos acudieron escoltados por sus expertos en ley electoral, financiación de partidos y relaciones institucionales: Antonio Bermúdez de Castro por el PP y José Enrique Serrano, exjefe del gabinete de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, por el PSOE.

Ambas partes salieron muy satisfechas de la reunión. Los socialistas convinieron en negociar sobre lo que de todas formas iban a negociar en el trámite parlamentario, como es el estatuto del alto cargo y la reforma de la financiación de los partidos. Además, aprovecharon para reiterar su oposición a cambiar la ley electoral en este momento.

En julio el PSOE dio por hecho que Mariano Rajoy iba a imponer la reforma sin acuerdo, en agosto hizo campaña en contra en plan preventivo, la semana pasada supusieron que el presidente del Gobierno daba marcha atrás y después de la reunión de ayer sostuvieron que la iniciativa del PP quedaba “aparcada”. Y todo sin que Rajoy haya aclarado sus intenciones ni a los propios.

El Partido Popular ha decidido abrir inmediatamente la negociación sobre la reforma electoral directamente entre formaciones, sin pasar por los grupos parlamentarios. Los socialistas dicen que irán, pero para dejar claro que no pactarán sobre el asunto hasta después de los comicios municipales y autonómicos de mayo próximo.

Además, el PSOE condiciona su apoyo a las leyes que se tramiten este otoño a que el PP renuncie a cualquier fórmula de elección directa de alcaldes con el fin de garantizar que seguirá vigente el actual sistema de la barra libre de pactos en los ayuntamientos cuando no hay mayorías absolutas.

PP y PSOE se han dado de plazo hasta Navidad para impulsar los referidos proyectos de ley y las reformas necesarias con el fin de modificar el régimen de aforamiento o el trámite de los indultos o de las iniciativas populares, asuntos sobre los que ya hay debates abiertos por el Gobierno o los socialistas.