Varapalo a Aguirre: la Audiencia considera que su fuga fue un delito de desobediencia

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de dar un duro varapalo a la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, al entender que debe ser investigada por un delito al darse a la fuga de unos agentes de Movilidad mientras procedían a denunciarle por aparcar en una zona prohibida para ello en pleno centro de la capital. El tribunal ha estimado el recurso interpuesto contra la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 14 de seguir la investigación a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por una mera falta.

Así, la Audiencia Provincial de Madrid había recibido el recurso de la acusación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 14 de ir contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid por un juicio de faltas y no por un delito de desobediencia grave. La Fiscalía también entiende que el incidente no implica un delito, sino una falta de desobediencia leve, que está castigada con una multa de diez a sesenta días.

A Aguirre se le acusa por darse a la fuga de unos agentes de Movilidad -que controlan el tráfico de la capital madrileña- que le estaban multando por aparcar en un carril bus en una céntrica calle de la capital el pasado mes de abril. Al salir con su coche, tiró la moto de uno de los agentes, quien incluso ha aportado a la causa un parte de lesiones. Tanto los agentes como una patrulla de la Policía Municipal, que fue alertada del suceso, siguieron a Aguirre hasta su domicilio, quien hizo caso omiso, según la versión de todos los agentes, a la orden de detener el vehículo.

En la causa se personó la asociación Transparencia y Justicia, que había solicitado ante la Audiencia Provincial de Madrid que el asunto siguiera por un delito de desobediencia grave, que lleva aparejada una condena de entre seis meses y un año de cárcel. Según consta en la instrucción, los agentes de Movilidad no pudieron notificarla los dos boletines de denuncia que le habían interpuesto porque decidió abandonar el lugar de los hechos con anterioridad. Una de las multas fue por aparcar en un lugar prohibido y la otra por no querer entregar la documentación obligatoria requerida por los agentes.

Tras la persecución hasta su domicilio, los agentes de la Guardia Civil que la escoltan en su casa, por su condición de exministra del Gobierno, intervinieron por ella arreglando el parte por el golpe que Aguirre había propinado a una de las motos de los agentes reconociendo la existencia de una víctima en el incidente.

Para la Sección Sexta, los hechos que se investigan deben ser calificados como un delito de desobediendia a los agentes de la autoridad al considerar que se debe proteger la “garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas, es decir, la necesidad que toda la sociedad organizada tiene que proteger la actuación de los agentes públicos para que estos puedan desarrollar sus funciones de garantes del orden y seguridad pública”.

Para la Sala, los hechos denunciados “vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia a un agente de Movilidad y a los policías municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los agentes”.

Así, entiende que los hechos relatados no pueden descartar un posible delito de desobediencia y exceda la mera falta. Así, aunque el tribunal no entra en el fondo de la cuestión ordena al juzgado a seguir la instrucción como procedimiento abreviado por un posible delito. “Debe incluso señalarse, a mayor abundamiento, que los actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que incrementaría la gravedad de los actos de desobediencia al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por los agentes de la autoridad.