un juzgado de barcelona ya ha abierto diligencias

La Fiscalía investiga si las bodegas catalanas Torres desviaron fondos a paraísos fiscales

La firma de Vilafranca del Penedès cobraba una sobrefacturación de casi el 20% a su distribuidor mexicano y lo enviaba a Bahamas para burlar al fisco
Foto: (foto: Bodegas Torres)
(foto: Bodegas Torres)

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha remitido a la Fiscalía la denuncia por presunto fraude y estafa contra Bodegas Torres presentada por uno de sus principales distribuidores en Latinoamérica para que investigue si, además, el grupo bodeguero catalán desvió fondos a paraísos fiscales. La denuncia se interpuso el pasado 23 de julio por Adma Inchausti, presidenta del Grupo San Jorge, el mayor holding importador de alimentos gourmet de Bolivia y distribuidor en exclusiva de los productos de Torres durante 25 años en el país andino, relación rota en 2013 por desacuerdos comerciales.

Las acusaciones que investiga el juzgado, ahora trasladadas a la Fiscalía, se centran en una presunta trama urdida por Torres y el distribuirdor mexicano La Negrita DF, del que las bodegas catalanas poseen una participación accionarial del 10%, para desviar fondos a la sociedad fantasma Promotora de Mercadotecnia, con sede en Bahamas. La firma de Vilafranca del Penedès, según las pruebas en poder de Inchausti, cobraba una sobrefacturación cercana al 20% a La Negrita por los vinos y brandies que le suministraba, cantidad que era ingresada en Bahamas para burlar al fisco español y al mexicano.

Bodegas Torres es el grupo líder del sector vinícola catalán y uno de los mayores de España. La compañía comercializa medio centenar de marcas de vino y brandy y exporta más del 70% de su producción a unos 150 países. En el primer semestre de este año, el incremento de la facturación rozó el 7%, por lo que el grupo espera alcanzar a final de 2014 una cifra de ventas cercana a los 240 millones de euros. La cúpula de la saga familiar la ocupa ahora Miguel Torres Maczassek -hijo del todavía presidente Miguel A. Torres, de 73 años-, que en 2012 fue nombrado director general de la compañía.

(Facebook Bodegas Torres)
(Facebook Bodegas Torres)

Un portavoz de Miguel Torres S.A. aseguró ayer a El Confidencial que el grupo bodeguero "actúa y ha actuado siempre en cumplimiento con las leyes y normativas vigentes en cada país. El grupo tiene su sede social en España y, por lo tanto, paga sus impuestos en este país. La contabilidad de la compañía está auditada por PWC (PriceWaterhouseCoopers). Miguel Torres S.A. no ha ocultado nunca fondos en paraísos fiscales como Bahamas, Andorra y Suiza. Promotora de Mercadotecnia no pertenece al grupo, y el 10% de participación en la empresa mexicana La Negrita S.A. responde a la estrategia de internacionalización de la compañía".

Según la presidenta del grupo boliviano San Jorge, Bodegas Torres también habría desviado presuntamente a otra empresa fantasma radicada en Irlanda, Provintra, una parte de los fondos europeos que recibe para la promoción de productos vinícolas en terceros países. Esas ayudas las promueve la UE a través de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM), y su objetivo es financiar campañas publicitarias y acciones de marketing para dar a conocer fuera de la UE las marcas vinícolas comunitarias. Documentos en poder de Inchausti probarían que Provintra facturó a Miguel Torres Chile S. A. -de capital 100% chileno y propiedad de Miguel A. Torres- unos servicios de asesoramiento presuntamente ficticios con cargo a los fondos OCM.

Bodegas Torres, además, habría facturado a Miguel Torres Chile S. A. vinos y brandies fabricados en España con un sobreprecio de entre el 15% y el 20%. Esa sobrefacturación también se desviaba presuntamente a la firma fantasma Provintra. Según Inchausti, la metodología se aplicaba igualmente a la inversa: Miguel Torres Chile S. A. percibe ayudas y subvenciones del Gobierno chileno por la exportación de sus vinos y derivados a otros mercados. Entre sus compradores figura la propia bodega española, que de nuevo se valdría de la compañía irlandesa para desviar pagos por servicios supuestamente inexistentes. El holding importador boliviano asegura tener pruebas de que Torres también oculta fondos en cuentas opacas de Suiza y Andorra, y solicitará al juez, afirma, nuevas pericias para demostrarlo.

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha abierto las diligencias 3281/14 para averiguar, además, si algunas de las marcas comercializadas por Torres "no tienen la calidad y las propiedades que anuncian en su etiquetado", como asegura el Grupo San Jorge. Entre ellas las de mayor consumo, como los brandies Torres 5 y Torres 10 y los vinos Viña Sol, Mas La Plana y Sauvignon Blanc. Esos productos, añade, son "falsos" porque tanto las denominaciones de origen publicitadas como el proceso de envejecimiento que exhiben en sus etiquetas han sido presuntamente manipulados.

El empresario Miguel Torres en una foto de archivo. (Efe)
El empresario Miguel Torres en una foto de archivo. (Efe)

El origen de la denuncia, como ya reveló El Confidencial, se remonta a marzo de 2012, cuando varios contenedores con productos de Bodegas Torres adquiridos por San Jorge fueron retenidos en el puerto chileno de Arica, la principal vía marítima para el comercio exterior de Bolivia, que carece de litoral. El lote incluía una partida de aceites, elaborados también por la firma vinícola de Vilafranca del Penedès, con la fecha de consumo preferente a punto de vencer, por lo que fue bloqueado en la aduana.

Según Inchausti, que ha viajado a Barcelona para coordinar las acciones legales contra Bodegas Torres, ni la legislación chilena ni la boliviana reconocen la fórmula "consumir preferentemente antes de", que ambos países equiparan a "fecha de caducidad". San Jorge propuso a su proveedor devolver el cargamento a España pero la compañía catalana se negó, argumentando, según Inchausti, que "consumo preferente no significa que el producto esté caducado". Desde entonces, los contenedores siguen retenidos en la aduana de Arica, por lo que San Jorge debe ahora hacer frente a una multa millonaria.

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