La Junta exoneró al primo del consejero de Educación de justificar 48 subvenciones

La Junta de Andalucía exoneró a la empresa de un primo del actual consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso Alonso, de justificar el destino de 48 subvenciones para la formación y contratación de trabajadores. La decisión fue adoptada por la Consejería de Empleo en diciembre de 2012 mediante una resolución extraordinaria cuando Alonso ya formaba parte del Ejecutivo autonómico. Se da la circunstancia de que la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha encargado precisamente a este miembro de su gabinete la investigación interna que ha puesto en marcha para depurar las numerosas irregularidades que habría cometido la Junta en la gestión de estos fondos.

Las exoneraciones al familiar de Alonso aparecen curiosamente en el documento que difundió este lunes la propia Consejería de Educación para informar de las empresas, asociaciones y fundaciones que fueron eximidas en 2012 de la obligación de justificar el uso de las ayudas para cursos. Díaz pretendía con esta medida acabar con las noticias que acusaban a la Administración andaluza de no fiscalizar la gestión de esas partidas multimillonarias, pero la aparición de este documento sólo ha servido para apuntalar las sospechas que ya se cernían sobre la Junta.

Del millar aproximado de sociedades que fueron eximidas de explicar el manejo de esas subvenciones, la empresa con el mayor número de expedientes beneficiados por esta medida fue Servicios Integrales de Fincas en Andalucía SL, la filial en Andalucía del Grupo SIFU (Servicios Integrales de Fincas Urbanas), una compañía con sede en Barcelona especializada en la prestación de servicios auxiliares de jardinería, limpieza, mantenimiento y seguridad, entre otros.

Más de 2 millones de euros

En concreto, Servicios Integrales de Fincas en Andalucía logró que la Junta le librara de detallar el destino de 48 ayudas, todas ellas otorgadas entre 2009 y 2012. Este diario sólo ha podido localizar 20 de esas subvenciones, que suman 734.049 euros. El resto no figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Fuentes cercanas al caso aseguran que, añadiendo los expedientes que faltan por incluir, la cantidad total sin justificar por esta compañía podría rebasar los 2 millones de euros.

Con todo, lo más relevante no es que una sola firma lograra de una tacada la exención de 48 expedientes, sino el hilo directo que tiene esa empresa con el organismo de la Junta que está tomando todas las decisiones relacionadas con este escándalo. Según ha podido saber este diario, la persona que desde 2006 desempeña la función de gerente y apoderado del Grupo SIFU en Málaga es Luciano Javier Alonso Alonso, primo hermano del consejero de Educación, Luciano Alonso Alonso.

Primos por partida doble

Así lo han confirmado fuentes cercanas al empresario y al político. Luciano Javier es hijo de Luciano Alonso y Justa Alonso. Su padre es hermano de la madre del consejero y su madre es a su vez hermana del padre del consejero. Es decir, que Luciano Javier y Luciano son primos hermanos por partida doble y por ello tienen los mismos apellidos. Tanto el dirigente de la Junta como el gerente de Servicios Integrales de Fincas de Andalucía S.L. son naturales de Palomero, una minúscula localidad situada al norte de la provincia de Cáceres de apenas 400 habitantes.

Ambos abandonaron el pueblo rumbo a la provincia de Málaga hace varias décadas y se establecieron a escasos kilómetros de distancia. El consejero fijó su domicilio en Churriana, cerca del aeropuerto de la capital malagueña, y su primo se instaló a sólo seis kilómetros, en la vecina Torremolinos. Su contacto sigue siendo muy fluido, como demuestran sus recientes comunicaciones por Facebook.

Luciano Alonso entró en el Gobierno de la Junta de Andalucía de la mano de Manuel Chaves como consejero de Turismo, Comercio y Deporte. En mayo de 2012 asumió la cartera de Cultura y Deporte ya con José Antonio Griñán al frente del Ejecutivo autonómico. Y cuando Susana Díaz aterrizó en el Palacio de San Telmo en septiembre de 2013, fue uno de los pocos consejeros que siguió en el gabinete, asumiendo además las competencias de la extinguida Consejería de Educación.

Responsable de la investigación

Paradójicamente, el departamento de Luciano Alonso también es el responsable en estos momentos de gestionar las ayudas a la formación para trabajadores. La competencia le fue retirada a Empleo y asignada a Educación tras el estallido del caso de los ERE. Además, Luciano Alonso es el encargado de la investigación interna que decidió abrir Díaz el pasado mes de enero para revisar uno por uno los 8.505 expedientes de ayudas para cursos tramitados por la Junta entre 2007 y 2011.

Por esos encargos, ha sido uno de los miembros del equipo de Díaz que más ha combatido las acusaciones de fraude en los cursos para el empleo. Desde que El Confidencial publicó las primeras informaciones sobre la operación Edu, la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre la presunta malversación masiva de las ayudas para formación, Luciano Alonso ha comparecido en más de una decena de ocasiones para defender la actuación de la Junta en este caso.

La empresa niega trato de favor

SIFU ha confirmado a este diario el vínculo familiar de su gerente en Málaga con el consejero de Educación, pero ha negado que las exoneraciones de las que se benefició sean fruto de ninguna irregularidad. “De las 48 ayudas de las que fuimos eximidos, sólo tres o cuatro eran de formación. El resto eran ayudas directas por la contratación de personas con discapacidad, que son la mayor parte de nuestra plantilla. Y además, todas esas ayudas fueron justificadas antes o después de la exoneración”, asegura el vicepresidente de la compañía, Cristian Rovira, en conversación telefónica. “Nunca hemos trabajado para la Consejería de Educación ni hemos tenido ningún trato de favor de la Junta. Contratamos a nuestros gerentes sin preguntarles de quién son familia”, zanja. Por su parte, un portavoz del consejero ha rechazado realizar comentarios y se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por la compañía.

Como informó El Confidencial este martes, entre las empresas eximidas por la Junta de justificar las subvenciones se encuentran los principales sindicatos y el entramado que tejió otro dirigente socialista, el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés (1987-1990) para captar el mayor número posible de fondos. En total, la resolución de diciembre de 2012 permitió que UGT y CCOO dejaran de detallar la gestión de 114 millones de euros en ayudas. En el caso de Ojeda, sus empresas se libraron de aclarar qué había ocurrido con más de 16,2 millones de euros para formación.