un juzgado de barcelona ha abierto diligencias

La Generalitat dio el soplo a Bodegas Torres para alertarla de una denuncia por fraude

Jordi Bort, director general del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), un organismo público dependiente de la Generalitat, alertó a Bodegas Torres, el
Foto: Finca de Santa Margarita de Agulladolç (Bodegas Torres)
Finca de Santa Margarita de Agulladolç (Bodegas Torres)

Jordi Bort, director general del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), un organismo público dependiente de la Generalitat, alertó a Bodegas Torres, el líder vinícola catalán y uno de los mayores grupos bodegueros de España, de que uno de sus principales distribuidores en Latinoamérica, el holding boliviano San Jorge, pretendía analizar sus brandies y vinos en los laboratorios del INCAVI porque albergaba fundadas sospechas de un presunto fraude en la calidad de esos productos.

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, como ya informó El Confidencial, ha abierto diligencias por presunto fraude, estafa y delito fiscal contra Bodegas Torres, a raíz de la denuncia presentada el pasado 23 de julio por la presidenta de San Jorge, Adma Inchausti. Ésta asegura en su denuncia que algunas de las marcas comercializadas por las centenarias bodegas catalanas "no tienen la calidad y las propiedades que anuncian en su etiquetado". Torres lo niega, y afirma que son acusaciones "sin ningún fundamento".

El representante legal de Inchausti viajó a Cataluña en abril de 2013 para entregar en la sede del INCAVI, en Vilafranca del Penedès (Barcelona), dos muestras de brandy Torres 10 y vino Viña Sol, ambos producidos por Bodegas Torres. En el caso del primero, para analizar si, como marca la legislación, había sido envejecido en barricas de roble y durante cuántos años; en cuanto al vino, para determinar el porcentaje de la variedad de uva parellada empleado en su elaboración.

La secretaria de Bort, alto cargo de la Generalitat desde 2011, cuando fue designado responsable del INCAVI a propuesta del conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, informó al abogado de Inchausti, Pedro Pablo García, de que aquél estaba fuera de la oficina, por lo que el letrado abandonó las instalaciones del INCAVI con la intención de regresar al día siguiente. Pero esa misma mañana, Bort se presentó sin previo aviso en el hotel Condes de Barcelona, donde se alojaba García.

Tras explicarle éste a Bort que los análisis realizados en Bolivia a Torres 10 y Viña Sol "determinaron que ninguno de esos dos productos eran en verdad lo que Bodegas Torres decía de ellos", y que San Jorge quería encargar al INCAVI un nuevo peritaje, el sorprendido abogado escuchó la propuesta de Bort: el propio director general del INCAVI se ofrecía para propiciar un "arreglo amistoso" entre las bodegas catalanas y el holding boliviano, cuya relación comercial de 25 años habían roto dos meses antes por una disputa comercial.

Unas horas más tarde, el 23 de abril de 2013, el abogado de San Jorge volvió a presentarse en el INCAVI para entregar las muestras de Torres 10 y Viña Sol y solicitar por escrito dos certificaciones analíticas de ambos productos. Pero Bort, saltándose la cláusula de confidencialidad por la que está obligado, alertó a continuación a Miguel A. Torres, presidente de la firma catalana, de las intenciones del holding boliviano de realizar un peritaje de sus brandies y vinos.

Este diario trató ayer repetidamente de contactar con Bort, sin éxito, para conocer su versión de los hechos. No obstante, un portavoz del INCAVI confirmó que los clientes y usuarios de este organismo de la Generalitat tienen garantizada la confidencialidad cuando solicitan el análisis de un vino, brandy u otra bebida alcohólica en sus laboratorios, y que los resultados de esas pruebas analíticas sólo se entregan, obviamente, a quien las encarga y paga.

'Chivatazo' al descubierto

El chivatazo de Bort quedó al descubierto poco después por un supuesto desliz de la directora jurídica de Torres, Àngels Rosell. En un email remitido el 13 de agosto de 2013 al despacho de abogados Roca Junyent, en ese momento representantes en España de San Jorge, Rosell se lamentaba de las "acciones" emprendidas por el holding boliviano "contra el buen nombre y reputación de Torres". Y citaba como ejemplo que "en abril presentó una solicitud ante el Institut Català de la Vinya i el Vi para la realización de análisis de calidad de los productos Torres". ¿Cómo pudo acceder a esa información salvo por una filtración desde el propio INCAVI?

Los análisis, en cualquier caso, nunca llegaron a realizarse por las trabas del INCAVI. Bort argumentó su negativa en que la muestra de Torres 10 entregada al laboratorio procedía del mercado nacional español, y la de Viña Sol correspondía a la añada 2012. "El caso que usted me planteó en el mencionado encuentro personal", escribió Bort al abogado Pedro Pablo García en un email fechado el 30 de abril de 2013, "deriva de una exportación a Bolivia de ambos productos y durante el ejercicio 2011".

El director general del INCAVI aludía de esta forma a la disputa comercial que ha desembocado en la denuncia contra Torres. En marzo de 2012, varios contenedores con productos de la firma catalana adquiridos por San Jorge fueron retenidos en el puerto chileno de Arica, la principal vía marítima para el comercio exterior de Bolivia, que carece de litoral. El lote incluía una partida de aceites, elaborados también por Torres, con la fecha de consumo preferente a punto de vencer, por lo que fue bloqueado en la aduana. Y allí sigue, casi dos años y medio después.

Tres semanas más tarde, después de que aquel cargamento llegase a la aduana chileno-boliviana, San Jorge recibió tres nuevos contenedores con vinos y aceites de Bodegas Torres. Fue entonces cuando el grupo importador boliviano decidió encargar los primeros peritajes sobre la calidad de los productos de Torres; primero en Bolivia, luego al INCAVI y finalmente a los laboratorios Excell Ibérica de La Rioja.

Los argumentos de Bort para negarse a realizar los análisis no convencieron a San Jorge. El abogado del holding boliviano remitió un escrito al director del INCAVI en el que afirmaba: "El interés en la realización de los estudios solicitados no se circunscribe a una añada en particular; ni siquiera a una marca, línea o muestra específica, sino a las características de un producto dispuesto para comercializarse". Y añadía: "El interés público por la comercialización de productos de calidad que se correspondan con la información que destacan [en sus etiquetas] debería ser suficiente para la institución que dirige".    

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